Salario mínimo: lo perfecto es enemigo de lo bueno
El Consejo Privado de Competitividad publicó su informe nacional 2025 que muestra los limitados beneficios del salario mínimo.
En las próximas semanas, empezará inicialmente el debate sobre el salario mínimo en Colombia, pero ¿qué pensaría si esa y las demás discusiones laborales solo tuvieran un significado únicamente para una cuarta parte de los adultos del país?
La población en edad de trabajar (PET) está definida internacionalmente como aquellas personas que cumplieron 15 o más años. En Colombia, de esa población, apenas el 26 % se mueve en la formalidad, mientras que el 74 % es informal. Es decir, los debates sobre las reformas laborales, las horas de la jornada laboral y hasta el salario mínimo dejan por fuera a tres cuartas partes de la población adulta del país.
Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), le dijo a Minuto60 que “alguien debería estar preocupado por cómo llevamos a esta población a mejores condiciones de productividad, olvidémonos de la idea de si formal o informal. El punto es que esas condiciones de producción hoy son precarias, hay gente que no tiene acceso a protección social”.
Y agrega que “nadie es igual de productivo si sabe que no tiene ciertos amparos, así todo el día está en la incertidumbre. Y, sin embargo, todos los debates que nos llevan horas de debate en Colombia los estamos dando para un cuarto de la población en edad de trabajar y no estamos pensando cómo logramos que, en lugar de que sea un cuarto, sea al revés”.
Por eso, la invitación del CPC es clara: “tengamos una discusión para que entren los otros y ahí sí ese marco normativo nos entusiasme, pero primero tenemos que pensar cómo lo llevamos a la gran mayoría de la población colombiana que hoy tiene unos retos de productividad enormes porque no tiene las mismas condiciones que ese empleo formal genera, pero que hoy en día está metido en un tejido normativo que hace que precisamente exista esta exclusión”, dice Maiguashca.
Dicho de otro modo, las normas laborales del país no tienen en cuenta a los inactivos, los desempleados, los jóvenes, las mujeres y los informales, que son la mayoría de la población en edad de trabajar de Colombia.
Excluidos y con bajos ingresos
Entre quienes sí tienen un empleo y reportan ingresos también hay una inequidad marcada. De acuerdo con el Índice Nacional de Competitividad 2025-2026 de CPC, el año pasado solo el 48,4 % de los trabajadores eran asalariados, lo que significa que los otros 51,6 % eran independientes. Es decir, apenas cuatro de cada 10 trabajadores en Colombia tienen un contrato laboral escrito, ya sea temporal o permanente.
Y entre quienes son independientes, solo el 16 % aporta al sistema de seguridad social, que le garantiza un acceso de mayor calidad al sistema de salud y un ahorro pensional para la vejez. De hecho, sea asalariado o independiente, el 55,4 % de los trabajadores del país son informales pues no aportan al sistema de seguridad social.
Comparación de formalidad e informalidad laboral. Consejo Privado de Competitividad.
Así las cosas, la discusión sobre el salario mínimo afecta o beneficia a una pequeña proporción de los trabajadores, pues la mayoría son informales y, de ellos, el 86 % recibe menos de un salario mínimo cada mes.
De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2024 apenas el 24 % de los trabajadores del país tenía un ingreso de entre $ 1,3 millones y $ 1,6 millones, el rango en el que entraban quienes recibían el salario mínimo, fijado para ese año en $ 1.300.000 más un auxilio de transporte de $ 162.000. En contraste, 45,4 % estaban por debajo de ese nivel de ingreso. Como promedio, el ingreso de los trabajadores del país era de $ 1,8 millones mensuales, pero los promedios esconden diferentes realidades.
De acuerdo con los cálculos del CPC, apenas cuatro departamentos del país tenían el año pasado un ingreso promedio superior al salario mínimo. En departamentos como Cauca o La Guajira los ingresos laborales alcanzaban apenas medio millón de pesos, mientras que en Cesar, Chocó y Bolívar, aunque más alto, estaba por debajo de un millón de pesos.
Maiguashca explica que esto se debe a que “no tenemos la productividad suficiente. Si en el mundo solo se produjeran naranjas, podemos remunerar a cada persona según la cantidad de frutas que produce: si dos personas entregan 20 naranjas, solo pueden ganarse el equivalente a 20 frutas. Lo que esto nos muestra es que la producción no nos da para decir artificialmente que subimos el pago para un pedacito chiquito de la población porque para que nos alcance para esos, los demás tienen que estar muy por debajo”.
El truco, entonces, está en “pensar en cómo elevamos la productividad, pero sobre todo cómo hacemos a más gente participe de estas mejores condiciones de vida”.
Inclusión laboral y tributaria
Pero la cosa no es tan simple como distribuir diferente los ingresos de los trabajadores. El informe de competitividad muestra también que para mejorar las condiciones de todos los colombianos es necesario que todos estén dentro del registro universal de ingresos en el que el país lleva, por lo menos, siete años trabajando.
Y, por supuesto, que aporten quienes tienen la capacidad de hacerlo pues mientras en Colombia el impuesto de renta representa apenas el 9 % de los ingresos tributarios, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) este promedio está en 61 %. Eso pasa por conversaciones difíciles como la del IVA, un impuesto con diferentes tarifas supuestamente para beneficiar a los más pobres, pero por el que los ricos del país terminan pagando siete veces menos impuesto que los hogares de menores ingresos.
En otra orilla están los jóvenes. Colombia tiene un alto porcentaje de población joven excluida: 23,5 % de la población entre los 15 años y los 28 años ni trabaja ni estudia. Para solucionarlo, Maiguashca propone “salirnos de la caja y pensar que quizás la formación universitaria, que fue con lo que crecimos, no es el camino. Muchas veces esos jóvenes obtienen el título, pero luego cuando van a buscar sus canales productivos no los encuentran o acaban haciendo algo que no tiene que ver con lo que estudiaron y se sienten, con toda razón, defraudados”.
La propuesta del CPC es fortalecer la educación técnica, tecnológica y de oficios, algo en lo que deben involucrarse tanto el Estado como las instituciones de educación y las empresas. “Tenemos que salirnos de la comodidad de pensar que en la norma lo dejamos todo bien y preocuparnos por la realidad y que tanto empresas como las instituciones educativas nos arremangamos y abrir las puertas a los jóvenes con oficios pertinentes para que más adelante se empleen o emprendan en las que puedan escalar sus negocios”.
