La Contraloría encontró pagos injustificados en otra EPS intervenida por el gobierno
En un informe de advertencia por hallazgos fiscales, el ente de control encontró giros superiores a los cobros en ASMET Salud.
En la mañana de este jueves la Contraloría General de la Nación reveló hallazgos fiscales que ascienden a $24.849 millones en la gestión administrativa, contractual y financiera en la EPS ASMET Salud, que está bajo intervención forzosa de la Superintendencia de Salud.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, la mayoría de los hallazgos fiscales se deben a giros injustificados a instituciones prestadoras de salud (IPS), que son las operadoras del sistema de salud, por $23.426 millones durante 2024.
La entidad de control explicó que los giros fueron “autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., actuando como interventora designada por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicha firma modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores”.
Y es que aunque la EPS “certificó en su momento la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, se identificó que a 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores. A la fecha, solo se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, quedando pendientes $23.426 millones por recuperar”, dijo la Contraloría en un comunicado.
Además, explicó que aunque ASMET Salud aseguró que los giros se realizaron sin su autorización y fue una decisión exclusiva de la interventora, nunca interpuso ninguna acción legal ni administrativa para recuperar el dinero que se le giró a las IPS sin justificación.
Aunque en 2024 ASMET Salud pidió autorización para adelantar conciliaciones extrajudiciales con 74 prestadores de servicios, solo 64 recibieron una citación y de los 27 rechazaron la conciliación, otros 29 nunca asistieron y otros ocho tienen los procesos suspendidos.
Dos años después, advierte la Contraloría, los recursos “permanecen en manos de terceros, sin que se hayan ejercido los mecanismos legales disponibles para su reintegro” y le recuerda a la EPS que es su obligación recuperar esos recursos para proteger el patrimonio de los colombianos.
