Air-e y Afinia podrán comprar energía con la plata de las inversiones

El Ministerio de Minas y Energía expidió esta semana un nuevo decreto que busca garantizar a las empresas distribuidoras del Caribe colombiano la compra de energía eléctrica para cubrir la demanda de la región. 

En esta ocasión, el ministerio emitió un decreto que le permite a Afinia y A-ire utilizar los recursos del plan de inversiones y de recuperación de pérdidas para comprar energía eléctrica durante dos años, pero según las condiciones que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establezca cuando reglamente el decreto. 

Según el MinEnergía, la medida busca que las dos distribuidoras de energía del Caribe puedan viabilizar inversiones y “aliviar su situación financiera”, afectada por las deudas de la opción tarifaria en los departamentos de la región y el costo de la energía, entre otras razones. 

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Al respecto, el ministro del ramo, Edwin Palma, aseguró que la “prioridad es garantizar que los hogares caribeños, especialmente los de los estratos más vulnerables, no se vean afectados por las condiciones actuales de las empresas operadoras. Estas decisiones son responsables, transitorias y buscan asegurar la continuidad del servicio mientras que, de manera conjunta la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Hacienda y el MinEnergía, avanzamos hacia una solución estructural y sostenible, con programas como Colombia Solar y Comunidades Energéticas”. 

Las cuentas del Caribe

Las dos empresas que asumieron la operación en el Caribe colombiano tras la liquidación y venta de activos de la quebrada e intervenida Electricaribe están en deuda y, a su vez, tienen cuentas por cobrar. 

De acuerdo con los cálculos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), las deudas por la opción tarifaria, que solo ha pagado en su totalidad el 30 % del país, alcanzan los $ 3,2 billones de los cuales se estima que la región Caribe debe $ 2,5 billones. 

Esto, pese a que el gobierno se había comprometido a asumir las deudas para los estratos 1, 2 y 3, que suman $ 2,7 billones, una promesa que no pudo cumplir ante la estrechez fiscal que atraviesa el país, entre otras razones, por el aumento de gasto público en los últimos tres años. 

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A eso se suma que, al cierre de 2024, Asocodis alertó que las entidades públicas del país le debían $ 1,2 billones en facturas vencidas a las empresas distribuidoras del país.

En medio de ese panorama, Afinia estima en $ 3 billones las deudas que tienen los usuarios con la distribuidora, mientras que en Air-e, que atiende a los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, solo en el tiempo que lleva intervenida, las deudas alcanzan los $ 2,7 billones. 

A su vez, esas dos empresas le deben a las generadoras de energía cerca de $ 1,6 billones. Esas deudas habían llevado al mismo MinEnergía a decretar una medida de protección a Air-e para que, mientras esté intervenida, las generadoras no le pudieran negar el suministro de electricidad pese a sus deudas. 

La medida fue suspendida recientemente por un tribunal de justicia en Antioquia, un fallo que está actualmente apelado por la Superservicios y el Ministerio de Minas y Energía.

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