¿Las universidades públicas se rajan en finanzas? Nuevo informe de la Contraloría muestra los desbalances del país
El más reciente informe del ente de control advierte que solo una de más de 30 instituciones es autosostenible.
Este lunes la Contraloría General de la República reveló el informe Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024), realizado por la Delegatura de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte que revela que solo una de 34 universidades públicas en todo el país es autosostenible financieramente.
El documento advierte que hay “una alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de instituciones con mayor cobertura académica y de matrícula. En particular, las universidades Nacional de Colombia (UNAL), Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la del Valle (Univalle), que concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos del orden territorial”.
En ese sentido, la Contraloría delegada también destaca que “las universidades de mayor tamaño concentran una proporción sustancial del gasto total del sistema. En el orden nacional, la UNAL y la UNAD representaron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos, mientras que, en el nivel territorial, la UdeA y la Univalle concentraron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % de los costos. Este patrón confirma el elevado peso financiero que recae sobre las instituciones con mayor cobertura y responsabilidades misionales”.
Problemas financieros
Sin embargo, no todas las instituciones públicas son viables financieramente sin los aportes del Estado. El estudio de la Contraloría deja en evidencia que el 24,2 % de las instituciones públicas de educación superior tienen un indicador de solvencia bajo, lo que limita su capacidad para responder a las obligaciones propias de su misión.
Además, son pocas las universidades públicas con capacidad para generar sus propios ingresos que ayuden a pagar por todos sus gastos y aunque en promedio el endeudamiento es bajo, algunas de las instituciones públicas sí tienen un nivel de deuda alto que añade presión financiera.
Una de las mayores cargas para las instituciones es la deuda pensional, que suma más de $ 10 billones, y se une al incremento constante en el gasto por ampliación de planta de personal y otras obligaciones.
De la ley a la realidad
Por otro lado, la Contraloría destacó que si bien la ley que el Congreso aprobó en 2024 y que sigue esperando la firma presidencial para empezar su aplicación va en la dirección correcta, subestimó los costos del sistema.
Así las cosas, en la próxima década el gasto adicional que necesitan las instituciones de educación superior no sería de $ 21 billones sino de $ 27 billones si se aplicara la ley que busca avanzar en la gratuidad de la educación superior y acercar a Colombia al promedio de la OCDE de un gasto público en este ámbito equivalente al 1 % del producto económico nacional.
Finalmente, la Contraloría concluyó que “resulta pertinente que la sostenibilidad financiera del sistema universitario público colombiano requiera la diversificación de las fuentes de ingreso, el ajuste anual de los recursos conforme a los costos reales del sector y la protección de los recursos misionales frente a la carga pensional y el endeudamiento, mediante una reforma efectiva de los mecanismos de concurrencia”.
