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Reficar enfrenta una crisis que amenaza con paralizar su funcionamiento
La Refinería de Cartagena S.A.S. (Reficar) presentó una acción de tutela ante el Juzgado Administrativo de Cartagena, con solicitud de medida provisional urgente, con el propósito de frenar el embargo de sus cuentas bancarias ordenado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La entidad fiscal reclama el pago de 1.5 billones de pesos por concepto de IVA no consignado desde 2022.
La información fue revelada a través de un documento conocido por Blu Radio y Valora Analitik.
La tutela, presentada por el apoderado de la refinería, Alejandro Linares Cantillo, argumenta una presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y el acceso efectivo a la justicia. El recurso cita los artículos 2, 13, 29 y 83 de la Constitución Política, y se apoya en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, que permite adoptar medidas provisionales en situaciones de urgencia.
Uno de los puntos centrales del documento advierte el riesgo inminente de que Reficar se vea obligada a suspender completamente sus operaciones en un plazo de entre siete (7) y once (11) días calendario, lo que —según la empresa— pondría en grave peligro el abastecimiento de combustibles y la soberanía energética nacional.
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“Este riesgo está plenamente evidenciado en el análisis financiero contenido en el Anexo 3”, señala el escrito, presentado como documento confidencial junto con otros soportes legales y administrativos.
En la tutela, Reficar solicita al juez constitucional suspender de manera inmediata cualquier medida de embargo, mientras se resuelve el fondo del litigio tributario.
“Sin una intervención judicial urgente, la ejecución del embargo podría paralizar operaciones esenciales de la refinería y comprometer su estabilidad financiera”, advierte el documento.
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Entre los anexos del recurso figuran el poder otorgado al apoderado, el certificado de existencia y representación legal de la refinería, la resolución 12812 de 2025 emitida por la DIAN, y el soporte de radicación de una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
Este nuevo episodio en la disputa entre Reficar y la DIAN evidencia la creciente tensión entre las obligaciones fiscales y la continuidad operativa de una infraestructura crítica para el país. La decisión judicial sobre la medida provisional será determinante para el futuro inmediato de la refinería.
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