Comercio electrónico rechaza encarecimiento de pagos digitales: “es una medida inconveniente”

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) encendió las alarmas frente a las nuevas cargas tributarias que podrían aplicarse a los pagos digitales en Colombia. El gremio considera que estas medidas son “inconvenientes” y podrían frenar el avance de la inclusión financiera y la adopción tecnológica en el país.

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Durante más de dos décadas, los pagos digitales han estado sometidos a retenciones tributarias que han limitado su masificación y elevado sus costos. Según la CCCE, este tratamiento “anti-técnico” ha tenido un impacto negativo y sostenido sobre el desarrollo del ecosistema digital, al aplicar las mismas cargas fiscales a todos los pagos hechos con tarjetas de crédito y débito, bajo la lógica de que constituyen una alternativa de fácil recaudo.

El panorama se complica aún más con la aparición de nuevas formas de pago, como las billeteras digitales y las transferencias inmediatas, que gozan de esquemas regulatorios distintos. Esta asimetría normativa, advierte el gremio, distorsiona la competencia y profundiza las brechas entre los actores del sistema financiero.

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Para la CCCE, igualar las cargas tributarias a todos los medios de pago no solo es contraproducente, sino que va en contravía de los objetivos nacionales de inclusión y digitalización. “Se perpetúa una visión de corto plazo, enfocada únicamente en el recaudo fiscal, sin considerar el impacto que esto tiene sobre la economía digital y el desarrollo a largo plazo”, señaló el gremio.

La entidad insistió en que este tipo de medidas desincentiva la adopción tecnológica y la formalización, además de encarecer los costos operativos de miles de micro y pequeñas empresas que aún no aceptan pagos digitales debido a su carga fiscal. Por ello, la CCCE reiteró la urgencia de una revisión técnica y estratégica que permita diferenciar las transacciones personales de las comerciales, evitando que nuevos gravámenes terminen afectando a los consumidores, emprendedores y negocios digitales.

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Finalmente, la Cámara reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional, las autoridades económicas y los actores del ecosistema digital, con el fin de avanzar hacia una regulación moderna, equitativa y promotora de la competitividad, que impulse la inclusión y el desarrollo sostenible del comercio electrónico en Colombia.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se pronunció frente a la propuesta de gravar las transacciones digitales. La hoy precandidata presidencial cuestionó duramente la iniciativa y advirtió sobre sus posibles efectos:
“Qué capacidad de dañar todo. El chiste de Bre-B es que es una plataforma pública para hacer transferencias de dinero desde el celular totalmente gratuitas, a cualquier otra cuenta o persona. Si le clavan un impuesto, se tiran Bre-B de entrada”, concluyó López.

De otro lado Luis Fernando Mejía director de Fedesarrollo, señaló que "Gravar las transacciones digitales con una retención del 15 por mil va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía. Este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para hogares y pequeños negocios, justo cuando el país necesita avanzar hacia una economía más digital y eficiente. Muy mala idea, de la cual el ministerio debe desistir"

Gravar las transacciones digitales con una retención del 15 por mil va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía. Este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al efectivo y encarece las operaciones para… https://t.co/0WBZb1BBOJ

— Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) October 23, 2025

Finalmente, en horas de la tarde el Ministerio de Hacienda explicó en su cuenta de X, los principales puntos del proyecto, con el fin de brindar claridad a la ciudadanía:

1. El Proyecto de Decreto está abierto a comentarios del público hasta el 25 de octubre de 2025.
   

2. Se elimina la diferencia entre pagos con tarjetas y otros medios electrónicos.
   

3. La retención del 1,5 % se aplicará por igual a todas las operaciones electrónicas que representen un ingreso gravado.

4. No habrá retención cuando el pago no constituya ingreso tributario o no sea una compra de bienes o servicios.

5. Las transferencias entre personas naturales o por plataformas como Nequi, Daviplata o Bre-B que no representen ingresos no estarán sujetas a retención.

6. Tampoco se practicará retención a las personas naturales no responsables del IVA, conforme al artículo 401-4 del Estatuto Tributario.

7. La propuesta no crea un nuevo impuesto, sino que ajusta una retención ya existente para garantizar equidad.