Aumento del salario mínimo reabre debate: expertos se oponen al control de precios
Desde la teoría económica, un salario mínimo elevado puede estimular el consumo pero también genera presiones inflacionarias.
El Gobierno Nacional avanza en la elaboración de un decreto con el que busca contener posibles incrementos de precios en bienes y servicios, tras la decisión de aumentar el salario mínimo para 2026 en 23 %, uno de los ajustes más altos registrados en las últimas décadas.
El presidente de la República Gustavo Petro, ha señalado que el incremento del salario mínimo no debería trasladarse al consumidor final, argumento que ha reavivado el debate sobre la conveniencia y los riesgos de implementar controles de precios en la economía.
En diálogo con Minuto60, Camilo Herrera, fundador de la firma Raddar, explicó que la idea de un control de precios generalizado es, desde el punto de vista teórico, una mala política. No obstante, aclaró que Colombia ya cuenta con múltiples esquemas de precios regulados.
“El país tiene controles de precios en muchas categorías. Existen límites mínimos y máximos de aumento anual en distintos sectores, por lo que hablar de control de precios no es algo nuevo ni inédito”, afirmó Herrera.
Según el analista, algunos de los ejemplos más claros de regulación de precios se encuentran en los arriendos, las pensiones, la leche, el arroz, otros productos agrícolas y los servicios públicos.
Herrera advirtió que un nuevo control de precios no solo podría afectar la capacidad productiva de las empresas, sino también reducir sus márgenes de utilidad, lo que eventualmente podría traducirse en pérdidas.
“Esto impacta directamente el recaudo tributario, especialmente el impuesto de renta y el ICA, y además puede afectar la entrada de productos importados”, explicó.
En ese sentido, señaló que controlar precios implica perder el control de otras variables clave de la economía, como la inversión y la sostenibilidad fiscal.
Minuto60 también consultó a Juan David Ballén, director de Estrategia de Aval Casa de Bolsa, quien coincidió en que no es una buena idea implementar controles de precios, al advertir que estos suelen fijarse por debajo de los costos de producción.
“Esto provoca pérdidas en las compañías y, como se ha visto en otros países, termina reflejándose en escasez de bienes y servicios”, indicó el experto en macroeconomía.
Por su parte, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, expresó una postura crítica frente a la posibilidad de avanzar en esta medida y alertó sobre precedentes regionales.
“Así empezó en Cuba, Venezuela y otros países: primero vigilancia, luego sanciones, después controles y finalmente desabastecimiento. El problema no son los precios, sino las causas estructurales: baja productividad, informalidad, rigideces regulatorias y una oferta debilitada”, señaló.
Restrepo agregó que acudir a un control de precios en el actual contexto económico “es el peor de los mundos”, ya que podría derivar en escasez de productos y desabastecimiento, y enfatizó que el camino debe ser la adopción de decisiones responsables en materia de precios y productividad.
Desde la teoría económica, un salario mínimo elevado puede estimular el consumo y la demanda interna en el corto plazo, pero también genera presiones inflacionarias y aumenta los costos empresariales, lo que podría afectar el empleo formal, impulsar la informalidad y comprometer la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas, especialmente si el crecimiento económico no acompaña el ajuste salarial. El debate, entonces, se sitúa entre el bienestar social y la sostenibilidad económica.
