Esto se sabe del traslado de urgencia de Olmedo López, testigo del caso Ungrd, a una clínica
El exfuncionario, que aceptó cargos por corrupción, espera la lectura de su sentencia el 14 de diciembre.
Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y testigo de la Fiscalía General de la Nación en el escándalo de corrupción de esa entidad, fue trasladado de urgencia este viernes desde la guarnición militar donde está detenido hasta una clínica de Bogotá por un fuerte dolor en el pecho.
Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) indicaron que el personal de salud que lo atiende decidió llevarlo a un centro especializado para descartar un problema cardíaco. El traslado ocurrió 80 días antes de la lectura de su sentencia, que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá fijó para el 14 de diciembre.
López está preso en el Batallón Caldas en Bogotá y no en una cárcel común desde septiembre de 2024. Así lo ordenó el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá por las amenazas que recibió después de empezar a declarar contra congresistas y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. El lugar asignado fue el Batallón Caldas.
Olmedo López aceptó cargos por corrupción en la Ungrd y espera sentencia en diciembre. Foto: Colprensa.
¿Qué dijo su defensa sobre la seguridad de Olmedo López?
Su abogado, José Luis Moreno Caballero, pidió el 7 de septiembre que López pague la condena en una guarnición militar y no en una cárcel.
"Hay un riesgo de francotiradores y por eso el señor Olmedo López solamente puede cursar por ciertas partes del establecimiento", dijo Moreno ante el juzgado. Según el abogado, esa advertencia salió del mismo batallón.
"Las últimas amenazas que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía y que no fueron públicas por peticiones del señor Olmedo López, fueron las amenazas de grupos al margen de la ley", agregó en la misma audiencia. La defensa también radicó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que Moreno llamó ataques públicos del expresidente Petro contra su cliente.
Así va el proceso contra Olmedo López
El exdirector aceptó en mayo los cargos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, es decir, haberse quedado con plata pública. Lo hizo después de que la justicia le tumbara dos veces el acuerdo de rebaja de pena que había firmado con la Fiscalía.
El primer rechazo lo dio el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá en mayo de 2025. El Tribunal Superior de Bogotá lo confirmó el 14 de abril de 2026. López devolvió $724 millones, pero el Tribunal consideró que debía responder por más de $26.000 millones de dos contratos de compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira.
Por otros delitos, un juez le aprobó en agosto de 2025 un principio de oportunidad, un beneficio que la Fiscalía concede a quien colabora. En el frente fiscal, la Contraloría General de la República lo declaró responsable el 26 de agosto, junto con Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, de un daño al Estado por más de $24.000 millones en la compra y el alquiler de 80 carrotanques.
¿A quiénes señaló Olmedo López en sus declaraciones?
Las declaraciones de López sostienen varios de los procesos que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra exfuncionarios y congresistas por el presunto desvío de contratos a cambio de apoyos en el Congreso a las reformas del Gobierno. Estos son algunos de los procesados:
Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, en juicio ante la Corte Suprema.
Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, en juicio y detenido en la cárcel de Villahermosa, en Cali (Valle del Cauca).
Iván Name, expresidente del Congreso, en juicio por cohecho impropio y peculado por apropiación.
Andrés Calle, expresidente del Congreso, en juicio por los mismos delitos. Habría recibido $1.000 millones.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones. La Fiscalía sostiene que entregó $3.000 millones a Name, y ella lo niega.
El magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, suspendió el lunes 21 de septiembre la audiencia del juicio contra Bonilla y Velasco. Les dio tres semanas a la Fiscalía y a las defensas para revisar juntas las pruebas del caso.
