La expansión de los grupos armados en Colombia, una de las alertas del informe Human Rights Watch
El reporte advierte violencia, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados, en medio de fallas estatales para proteger a la población civil.
Colombia atraviesa su peor crisis humanitaria de la última década, marcada por la expansión de los grupos armados, el aumento del desplazamiento forzado y graves violaciones a los derechos humanos, según el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch (HRW). Y mientras se daba a conocer el estudio el Clan del Golgfo anunciaba el retiro provisional de la mesa de diálogos con el Gobierno.
Aunque la decisión del grupo armado es una consecuencia de la reciente reunión del presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, el informe y este nuevo bache en el intento de negociación visibilizan la fragilidad de la política de paz.
Cuando el Estado firmó en 2016 el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, regiones históricamente vulnerables como Cauca, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Chocó y Antioquia vieron abrirse una expectativa de estabilidad y reducción de la violencia. Sin embargo, ese escenario no se consolidó.
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De acuerdo con HRW, el fin del conflicto con las Farc dio paso a nuevas dinámicas de violencia, impulsadas por la reconfiguración y expansión de actores armados que hoy disputan el control territorial y de economías ilegales.
El informe advierte que los abusos cometidos por estos grupos, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes continúan siendo problemas estructurales de derechos humanos. Aunque el acuerdo redujo inicialmente los niveles de violencia, esta mutó y se intensificó en amplias zonas del país.
Dos años y medio después de la llegada de Gustavo Petro al poder, la estrategia de “paz total” no ha logrado frenar de manera efectiva los abusos contra la población civil. Para Human Rights Watch, la expansión sostenida de los grupos armados y la débil respuesta institucional para proteger a las comunidades explican buena parte del deterioro humanitario.
Human Rights Watch cuestionó el impacto real de la política de “paz total” en Colombia. HRW
Presencia armada en expansión
El documento señala que en Colombia operan múltiples grupos armados financiados por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Entre ellos figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), varias disidencias surgidas tras la desmovilización de las Farc y el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Para junio de 2024, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios, el ELN en 232 y las disidencias de las Farc en 299, lo que representa incrementos del 55 %, 23 % y 30 %, respectivamente, frente a 2022. Según HRW, esta expansión ocurrió en medio de ceses al fuego poco supervisados y una capacidad limitada del Estado para desmantelar estas estructuras.
Niños reclutados y comunidades confinadas
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. La Defensoría del Pueblo registró 159 casos solo en el primer semestre de 2024, una cifra cercana al total reportado durante todo 2023. Muchos de los menores pertenecen a comunidades indígenas.
A esto se suma el confinamiento forzado. Más de 71.000 personas no pudieron salir de sus comunidades entre enero y julio, un incremento del 39 % frente al mismo periodo del año anterior. HRW señala que estas restricciones obedecen al temor por minas antipersona, amenazas de grupos armados y enfrentamientos armados.
En departamentos como Chocó, Cauca y Nariño, los choques entre la fuerza pública y actores armados provocaron el desplazamiento de más de 34.000 personas, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).
El desplazamiento forzado sigue golpeando a miles de comunidades en Colombia. FIP
Fuerza pública y deudas pendientes
Human Rights Watch reconoce que desde agosto de 2022 se ha registrado una disminución en las denuncias contra la fuerza pública. No obstante, advierte que la rendición de cuentas por abusos del pasado sigue siendo insuficiente.
En julio, la Fiscalía imputó a 24 integrantes del Ejército por el homicidio de once personas durante un operativo en Alto Remanso, Putumayo, ocurrido en marzo de 2022. La Corte Constitucional rechazó trasladar el caso a la justicia penal militar, al considerar que esta no ofrece garantías históricas de justicia.
Aunque el Ministerio de Defensa reformó los protocolos sobre el uso de la fuerza, el informe señala que no se han implementado reformas estructurales, como limitar la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos.
Líderes sociales en riesgo
La violencia contra defensores de derechos humanos continúa siendo persistente. Entre enero y agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió 138 denuncias de homicidios de líderes sociales, en su mayoría defensores comunitarios. Para septiembre, la Fiscalía reportaba un promedio de tres líderes asesinados por semana.
En diciembre de 2023, la Corte Constitucional declaró un “estado de cosas inconstitucional” al considerar insuficientes las acciones del Estado para proteger a estas personas y garantizar justicia por los crímenes cometidos.
El Catatumbo es una de las regiones más golpeadas por el desplazamiento. Redes sociales
Paz total bajo presión
Este deterioro humanitario se da en medio de las negociaciones adelantadas por el Gobierno como parte de la política de “paz total”, que incluyeron diálogos con el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Sin embargo, muchos de los ceses al fuego anunciados no fueron respetados por los grupos armados.
La fragilidad del proceso quedó en evidencia esta semana, cuando el Clan del Golfo anunció su retiro provisional de la mesa de diálogos en Catar. El grupo aseguró que la decisión se tomó luego de que el presidente Petro acordara con el expresidente estadounidense Donald Trump priorizar acciones militares y de inteligencia contra sus principales líderes, entre ellos alias Chiquito Malo.
“Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha”, señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X, en el que afirmó que el Gobierno “antepuso intereses políticos sobre la paz en los territorios”.
Un proceso en entredicho
Miembros del Gobierno confirmaron que la cuenta que difundió el mensaje pertenece a la organización, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia. Las conversaciones habían iniciado en septiembre con miras a un desarme a cambio de beneficios legales y habían permitido acuerdos parciales para reducir la violencia en algunas zonas del noroeste del país.
El retiro del Clan del Golfo ocurre además en un contexto de mayor presión internacional. Estados Unidos mantiene a esta organización en la Lista Clinton y ha reiterado su intención de intensificar la persecución contra los carteles del narcotráfico.
Para Human Rights Watch, el panorama es claro: mientras el Estado apuesta por negociaciones frágiles y ceses al fuego incompletos, los grupos armados continúan cometiendo abusos sistemáticos, profundizando una crisis humanitaria que contradice la promesa de paz en los territorios.
