Crisis humanitaria sin freno: más de 100.000 personas desplazadas forzosamente en Colombia en 2025
La Defensoría del Pueblo alertó que, además del desplazamiento, más de 110.000 personas permanecen confinadas en sus territorios.
La crisis humanitaria en Colombia se sigue profundizando. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año, al menos 101.474 personas se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada en distintas regiones del país, como consecuencia directa del conflicto armado y la presencia de grupos armados ilegales.
A esta cifra se suman 110.375 personas que han tenido que permanecer confinadas en sus territorios, sin posibilidad de movilizarse libremente ni acceder a bienes y servicios básicos.
Así lo revela el más reciente boletín de la Defensoría del Pueblo sobre las dinámicas de desplazamiento forzado en Colombia, que documenta un panorama de persistente vulneración de derechos fundamentales para miles de familias, especialmente en zonas rurales y comunidades históricamente marginadas.
Los grupos armados ilegales son los principales generadores de los desplazamientos. Colprensa
De acuerdo con el informe, durante el periodo analizado se registraron 116 eventos de desplazamiento forzado y 93 eventos de confinamiento, afectando de manera desproporcionada a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría advirtió que estas situaciones generan impactos profundos en la vida, la salud, la alimentación, la educación y la estabilidad económica de las comunidades afectadas.
Los departamentos con mayor número de personas desplazadas son Norte de Santander, Nariño y Cauca, territorios donde confluyen disputas armadas, economías ilícitas y una limitada presencia institucional. En cuanto al confinamiento, las cifras más críticas se concentran en Chocó, Cauca y Huila, donde comunidades enteras permanecen atrapadas por amenazas, restricciones a la movilidad y enfrentamientos armados.
Para la Defensoría del Pueblo, el aumento de estos indicadores en lo corrido del año confirma que la crisis humanitaria sigue vigente y requiere respuestas urgentes y sostenidas. En ese sentido, el organismo reiteró su llamado al Estado para que implemente políticas específicas de prevención, protección y atención, con un enfoque territorial que garantice una presencia efectiva de las instituciones en las zonas más afectadas.
¿Alguna vez ha pensado qué se siente dejar todo de un momento a otro? o ¿cómo sería vivir encerrado en su casa sin poder salir por el miedo de perder la vida por una violencia que no es suya? Esta es la realidad en muchos territorios de Colombia.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 26, 2025
Entre enero y noviembre de este… pic.twitter.com/hVnV3UcYcW
Movilidad humana y migración irregular
El informe también da cuenta de los movimientos migratorios mixtos que atraviesan el país. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas transitaron de forma irregular por territorio colombiano. Del total, el 40,41 % son mujeres, el 38,27 % hombres y el 21,32 % niños, niñas y adolescentes, lo que evidencia la alta participación de población vulnerable en estos flujos.
La mayoría de estas personas provienen de Venezuela, con 136.950 casos registrados, seguida por ciudadanos de Ecuador (1.053), Perú (333), República Dominicana (300) y otros países. Estas cifras confirman que Colombia continúa siendo un país de tránsito clave en la región, en medio de dinámicas migratorias complejas y cambiantes.
Adicionalmente, la Defensoría reportó un flujo significativo de migración inversa. En el mismo periodo, 19.134 migrantes ingresaron al país por la ruta de La Miel, desde Panamá, hacia el corregimiento de Capurganá, en el municipio de Acandí (Chocó). De ellos, el 55,8 % son hombres, el 25,3 % mujeres y el 19 % niños, niñas y adolescentes. Venezuela encabeza nuevamente la lista de nacionalidades en este flujo inverso, con 18.787 personas.
La Defensoría del Pueblo atiende a los grupos de desplazados en el país. Colprensa
La entidad alertó que tanto el desplazamiento forzado como el confinamiento y la migración irregular vulneran derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, el acceso al agua potable, el saneamiento básico, la vivienda digna y el medio ambiente sano, entre otros.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insistió en que atender esta realidad debe ser una prioridad nacional, con acciones coordinadas entre el Gobierno central, las autoridades territoriales y la comunidad internacional, para evitar que la crisis humanitaria siga agravándose en los territorios más vulnerables del país.
