Reformas en salud obligan a 2,3 millones de usuarios a cambiar de EPS

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó un análisis técnico sobre los efectos inmediatos del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025, normas que reorganizan el aseguramiento en salud en 10 regiones y 119 subregiones funcionales.

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De acuerdo con el estudio, cerca de 2,3 millones de ciudadanos —equivalentes al 4,4% de la población afiliada— tendrán que cambiar de EPS en los próximos seis meses. El informe advierte que la medida afecta el derecho a la libre elección de los usuarios y podría poner en riesgo la continuidad de tratamientos, la oportunidad en la atención y la suficiencia de las redes de servicios.

Las EPS intermedias serían las más golpeadas por la redistribución: Cajacopi perdería el 30,5% de sus afiliados; Coosalud, el 17,8%; Asmet Salud, el 17,1%; y Famisanar, el 13%. Todo esto ocurre en medio de la crisis financiera del sector y de limitaciones institucionales en varios territorios.

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El centro de pensamiento también alerta sobre la falta de una ruta clara para la implementación de las redes integrales de atención y los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), pilares del nuevo modelo.

En sus conclusiones, Así Vamos en Salud señala que la normativa modifica de manera inmediata la organización territorial del aseguramiento, debilita el rol de las EPS en la gestión del riesgo y no incluye ajustes financieros que garanticen la sostenibilidad del sistema. El informe pide asegurar una transición con criterios de solvencia, capacidad de red y continuidad en los tratamientos, para evitar mayores afectaciones a la población más vulnerable.

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Problemas más acentuados en salud en Colombia.

En los últimos años se ha agudizado uno de los problemas más graves del sistema de salud en Colombia: la falta de acceso oportuno a servicios médicos y la escasez de medicamentos. Esta situación ha generado colapso en la atención, hospitales saturados y una creciente insuficiencia de recursos como camas y personal especializado.

El acceso a citas con especialistas se ha convertido en el mayor obstáculo, especialmente para los adultos mayores, quienes deben esperar meses para recibir atención. Ante estas barreras, cada vez más pacientes se ven obligados a interponer tutelas para exigir el cumplimiento de su derecho fundamental a la salud, reflejando la profundidad de la crisis y la incapacidad del sistema para responder a las necesidades de la población.