FIP advierte que capturar cabecillas no bastará para debilitar a los grupos armados en Colombia
Gerson Arias, investigador de la FIP, explica por qué neutralizar cabecillas no debilita solo por sí mismo a los grupos armados.
Uno de los primeros anuncios del gobierno de Abelardo De La Espriella fue una lista: capturar o dar de baja a 10 cabecillas de grupos armados en sus primeros 90 días como jefe de Estado. Van tres. La Fundación Ideas para la Paz (FIP), el principal centro de estudios sobre paz y seguridad del país, advierte que la caza de cabecillas, por sí sola, no ha bastado en tres décadas para debilitar de forma sostenida a ninguna estructura armada en Colombia.
El Ejecutivo puso la persecución de los llamados objetivos de alto valor, los cabecillas que el Estado prioriza para capturar o neutralizar, en el centro de su plan de choque contra la criminalidad.
Hasta ahora reporta la muerte de alias 'El Ruso', cabecilla del Frente 28 de la disidencia Estado Mayor Central de las antiguas Farc; la captura de alias 'Bonito', segundo cabecilla de los Comandos de la Frontera; y la captura de alias 'Chuzo', comandante del Frente Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo.
De La Espriella ordenó capturar o dar de baja a 10 cabecillas de grupos armados. Foto: Colprensa.
¿Qué dice la FIP sobre la estrategia contra los cabecillas?
"Neutralizar a los cabecillas abre ventanas de oportunidad para debilitar a los grupos criminales, pero esta estrategia por sí sola no es una fórmula mágica", afirmó Gerson Arias, investigador asociado de la FIP.
Sobre el desgaste de esa estrategia en la última década, Arias dijo que "en los últimos 10 años todos los gobiernos la han empleado, y su impacto en la seguridad es cada vez más reducido. Hay que hacerlo, pero necesita otras acciones complementarias".
El plan de choque del Gobierno no ha explicado, hasta ahora, qué pasará con los mandos que reemplazan a los cabecillas capturados o dados de baja.
De la muerte de Pablo Escobar a la cúpula de las Farc
La persecución de objetivos de alto valor tiene antecedentes que se remontan a la muerte de Pablo Escobar, en 1993, aunque empezó a aplicarse de forma más sistemática a comienzos de este siglo.
Para finales de los años 90, la iniciativa militar de las guerrillas había desbordado la capacidad del Estado. Tras el fracaso de las negociaciones del Caguán, el diálogo entre el Gobierno y las Farc que se rompió en 2002, la Fuerza Pública decidió afectar el mando estratégico de la guerrilla, en particular a su Secretariado, la cúpula que dirigía a todo el grupo.
El último Secretariado de las Farc. Foto: Colprensa.
De ahí nació, entre 2002 y 2004, el Plan Cancerbero, que unió la inteligencia militar y policial contra los cabecillas guerrilleros. Golpear a la cúpula de las Farc fue clave para quebrar su cohesión interna y contribuyó a crear el ambiente que llevó a la negociación que terminó en el Acuerdo de Paz de 2016.
¿Por qué golpear a los líderes no siempre debilita a los grupos armados?
Colombia lleva años aplicando lo que se conoce como la kingpin strategy, o estrategia del capo: golpear a los máximos responsables de una organización para afectar su funcionamiento completo. La lógica parte de que los líderes concentran experiencia, contactos y conocimiento operacional que nadie más tiene.
Los grupos armados de hoy resisten la pérdida de sus máximos jefes. El Clan del Golfo es el ejemplo más claro. Sus tres líderes históricos, 'Don Mario', 'Giovanni' y 'Otoniel', cayeron en 2009, 2012 y 2021, respectivamente. A ellos se sumaron otros cabecillas neutralizados entre 2016 y 2026, entre ellos 'Guagua', 'Pablito', 'Gavilán', 'Pirata', 'Zeus' y 'Chirimoya'. El grupo, pese a todo, ha seguido creciendo.
Algo parecido pasó con las disidencias de las Farc. Cabecillas como 'Guacho', 'Rodrigo Cadete', 'Gentil Duarte' y 'El Paisa' fueron neutralizados sin que eso significara la desaparición de sus respectivos grupos. La explicación, según la FIP, está en cómo están armadas estas organizaciones por dentro: ya no funcionan como pirámides con un solo mando. Sus capacidades están repartidas entre varios eslabones, lo que les permite reemplazar piezas y seguir operando.
Integrante del Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país. Foto: Colprensa.
Los riesgos de dejar vacíos de poder
Golpear a un líder también puede salir mal. La salida de un cabecilla puede abrir disputas internas por el poder, fragmentar la estructura del grupo y, en el peor de los casos, aumentar la violencia en el territorio donde operaba.
Ese riesgo es mayor en un país donde hay 14 disputas activas entre grupos armados, según la FIP. Además, el cambio de un jefe puede alterar los acuerdos y órdenes locales que, en algunos territorios, habían ayudado a evitar más muertes de civiles.
Además, la salida de un cabecilla no toca las rentas ilegales que sostienen a la organización. La minería ilegal, el narcotráfico o la extorsión siguen operando aunque cambie el nombre al mando de la estructura.
¿Cuántos objetivos de alto valor siguen libres en Colombia?
De los 19 objetivos de alto valor que la Fuerza Pública se planteó capturar a comienzos de 2022, 15 seguían al mando de sus grupos cuatro años después, de acuerdo con el análisis de la FIP. Entre ellos están 'Iván Mordisco', 'Iván Márquez' y 'Calarcá', de las disidencias de las Farc; 'Antonio García' y 'Pablo Beltrán', del Ejército de Liberación Nacional (ELN); y 'Chiquito Malo', del Clan del Golfo.
La lista de la FIP incluye, además, a 'Richard', 'Allende' y 'Jhon Mechas', de las disidencias, y a 'Martha', o 'La abuela', y 'Carlos El Puerco', del ELN. Todos aparecían ya como objetivos de alto valor hace cuatro años y siguen activos.
El dato, dice la FIP, muestra por qué conviene ampliar la definición de objetivo de alto valor. Lo que sostiene a un grupo armado es la capacidad que concentra cada cabecilla: la logística, las finanzas, los contactos políticos o la innovación criminal. Perseguir el nombre sin afectar esa capacidad deja intacta la estructura que lo sostenía.
¿Qué le falta a la estrategia de seguridad del gobierno De La Espriella?
Para la FIP, el plan del nuevo gobierno es necesario, pero será limitado si no avanza en otros frentes: fortalecer la inteligencia y la movilidad de la Fuerza Pública, articularse mejor con la Fiscalía General de la Nación, golpear las rentas criminales de los grupos armados y recuperar el control territorial en las zonas de mayor presencia armada, con respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, el conjunto de normas que protege a los civiles en medio de un conflicto.
La nueva administración tampoco parte de cero. Entre julio de 2024 y julio de 2025, los combates por iniciativa de la Fuerza Pública aumentaron 111 %, según cifras de la FIP, una tendencia que se sostuvo hasta el final del gobierno de Gustavo Petro. Los bombardeos contra grupos armados se reactivaron en diciembre de 2025 y sumaron 24 operaciones hasta el cierre de esa administración.
La FIP plantea que la política de seguridad del país necesita, además de perseguir cabecillas, proteger a la población civil, contener la expansión territorial de los grupos armados, presionarlos judicialmente hacia un eventual sometimiento a la justicia y atender problemas estructurales como la falta de acceso a bienes y servicios en las zonas más golpeadas por el conflicto, donde la capacidad de reclutamiento de estos grupos sigue siendo alta.
