La corrida de toros que abrió debate no solo por maltrato animal
Un bochornoso espectáculo protagonizó el alcalde del municipio de Barbosa, Santander, y dejó abiertos varios interrogantes sobre la tauromaquia.
En Colombia quedaron prohibidas las corridas de toros, gracias a la Ley No Más Ole, la cual fue sancionada el 22 de julio de 2024. Desde ese momento empezó su implementación, que se estableció en un periodo de transición de tres años, en el cual debían jugar un papel importante el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente Sostenible.
De acuerdo con la norma, estas dos carteras debían reglamentar las condiciones en las que se debían llevar a cabo estas actividades mientras se termina el periodo de transición; sin embargo, el abogado y animalista, Luis Domingo Gómez Maldonado, al ser consultado por Minuto60, señaló que aún se está en deuda con esta normatividad.
Aseguró que el problema es mayor porque el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “tenían hasta el 21 de septiembre del año 2024 para reglamentar o desarrollar las condiciones en que estas actividades taurinas se debían desarrollar durante los tres años de transición”, es decir, las condiciones en que se podrían desarrollar las corridas hasta el 21 de julio del año 2027.
Sostuvo que los ministerios “no han hecho nada” y que el parágrafo es claro en señalar cuáles son “esas condiciones en que se permiten las actividades taurinas en lo que restaba del 2024, 2025, 2026 y el primer semestre del 2027 y debería desarrollar ese reglamento con altas condiciones o estándares de protección animal para los toros involucrados en estas actividades”.
¿Por qué se abrió el debate?
El 1 de enero de 2026 se llevó a cabo una corrida de toros en el municipio de Barbosa, departamento de Santander, donde el alcalde fue protagonista, no solo por el desarrollo de la corrida de toro donde aparentemente hubo maltrato animal, sino por cuenta de los insultos y agresiones aparentemente de funcionarios y defensores de la tauromaquia contra animalistas que protestaron a las afueras de la plaza de toros municipal.
Videos que circularon en redes sociales, mostraban al alcalde Marco Alirio Cortés en una actitud pública poco decorosa contra los animalistas y dirigentes políticos defensores de la causa, que se le acercaron para cuestionarle por la realización de la corrida de toros.
Para el abogado, Luis Domingo Gómez Maldonado, más allá de rechazar la actitud del alcalde, dijo que en estos casos la Procuraduría debe investigar algo muy importante, que es de dónde provienen los recursos para la realización de estas prácticas taurinas.
“No podrían involucrarse recursos públicos, es decir, el alcalde no puede poner los dineros de los contribuyentes al servicio de esta actividad, también verificar en Barbosa si la actividad es una tradición, es decir que se realice en una fecha y periodicidad desde tiempo atrás como dice la Corte”, señaló el abogado.
#Colombia | El abogado y animalista Luis Domingo Gómez Maldonado le dijo a Minuto60 que en Colombia hay un vacío en la normatividad para reglamentar las corridas de toros, mientras se cumple con el periodo de transición de tres años, antes de que estas queden prohibidas en su… pic.twitter.com/yWrqAaVBxi
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Procuraduría General abrió una investigación por caso de Barbosa
La Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado de prensa, inició una acción disciplinaria en contra de funcionarios por determinar, para establecer si se cumplió con la totalidad de los requisitos para realizar la corrida de toros del pasado 1 de enero en el municipio de Barbosa, Santander.
La @PGN_COL inició una acción disciplinaria en contra de funcionarios por determinar, para establecer si se cumplieron la totalidad de los requisitos para la realización de una corraleja que se llevó a cabo el 1 de enero del año en curso en el municipio de Barbosa, Santander.… pic.twitter.com/ngcpFoan75
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 2, 2026
“La festividad taurina programada para recibir el año generó controversia y cuestionamientos que llevaron al ente de control a abrir la indagación previa con el fin de constatar si el municipio contaba con todos los permisos y documentos necesarios para su realización”, señaló el Ministerio Público.
Por su parte, la Procuraduría Provincial de Vélez investiga si la administración municipal cumplía “con la póliza todo riesgo de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubriera todo tipo de riesgo generado, así como, establecer si el municipio tiene una tradición continuada e ininterrumpida en tauromaquia, lidia y/o corrida de toros”.
No obstante, el Ministerio Público fue enfático en señalar que, mediante oficio del 29 de diciembre de 2025, se había advertido al alcalde de Barbosa, en el marco de sus acciones preventivas, información en este sentido.
Senadora Andrea Padilla celebró decisión
La senadora animalista Andrea Padilla, destacó la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Barbosa por la realización de la corrida de toros de este 1 de enero. “Como se lo anuncié está usted bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación”, le dijo la congresista al alcalde de Barbosa.
La senadora Andrea Padilla celebró la apertura de la investigación disciplinaria y aseguró que se había denunciado que se trataba de una corrida de toros ilegal y en un espacio público que iría en contravía de la normatividad y lo dispuesto por la Corte. pic.twitter.com/1gNGcWYI98
— Minuto60 (@minuto60com) January 2, 2026
“El 23 de diciembre cuando nos enteramos de que Marco Alirio Cortés, alcalde de Barbosa, Santander, no solo estaba promoviendo una corrida de toros ilegal en su municipio, sino que autorizaría su realización en un establecimiento público del municipio, lo que contraviene disposiciones de la Corte Constitucional, le solicitamos a la Procuraduría abrir investigación disciplinaria contra el funcionario público”, explicó la congresista.
La senadora finalmente señaló que la Procuraduría confirmó que la investigación será adelantada en Bogotá, como consecuencia de la petición que fue elevada previamente y no en la Procuraduría Provincial de Vélez como estaba previsto inicialmente.
