Las advertencias de la Contraloría por rezagos en programa bandera de Petro con comunidades
El resultado de una actuación de Control Fiscal evidenció que hay riesgo de pérdida en más de $ 1.500 millones.
A comienzos de su gobierno, Gustavo Petro había anunciado que una de sus prioridades era fomentar la participación de las comunidades organizadas en programas de desarrollo o en la construcción de vías veredales en todo el país.
Para este programa se designó al Invias como la entidad encargada de alcanzar las metas. Un programa llamado Caminos Comunitarios para la Paz Total que contaba con un presupuesto inicial de $ 8 billones, que fue ajustado a solo $ billones pero que, al término de 2024, tan solo había recibido menos de $ 700.000 millones.
¿Qué son los Caminos Comunitarios?
Justificado en la necesidad de fomentar la participación de las Juntas de Acción Comunal, el gobierno Petro llegó prometiendo un programa que ayudara a las comunidades económicamente y que les permitiera superar el rezago en las condiciones de infraestructura de vías terciarias o comunales.
A través del Instituto Nacional de Vías se iban a entregar contratos entre $ 200 y $ 220 millones con cada Junta identificada para que estas se encargaran de adelantar las adecuaciones las vías de acuerdo a la prioridad. En este punto, la Contraloría advirtió que el Invías estaría perdiendo autonomía en la decisión de intervención de los puntos, ya que la última palabra la tenían las JAC y la Interventoría.
El programa de Caminos Comunitarios pretendía, en el lapso de 4 años de Gobierno, alcanzar la intervención de 33.000 kilómetros de vías rurales, pero el estudio presentado por la Contraloría, al avance de estos proyectos, revelaría un cumplimiento menor al 1 % de las pretensiones en su desarrollo.
¿Cómo avanza el proyecto?
De 33.000 kilómetros propuestos para intervenir en 4 años, el Gobierno habría alcanzado, de acuerdo con la Contraloría, solo 117,2 km que equivalen al 0,36 % de la meta acordada por el Invias y el Ministerio de Transporte. Una realidad que estaría afectada por la baja capacidad del Gobierno en hacer la entrega de recursos para financiar la totalidad del proyecto.
En temas presupuestales para los años 2023 – 2024 se había estimado en $ 4 billones la totalidad del proyecto, sin embargo y de acuerdo con las cifras de la Contraloría solo se asignó el 16,4 % de los recursos totales, es decir $ 660.000 millones de esos $ 4 billones.
Debemos decir que lo primero es que esas Juntas de Acción Comunal no tenían la preparación, la capacidad, la experticia para manejar obras civiles, eso es lo primero. Lo segundo es que tampoco la tenían para organizar proyectos de infraestructura.
Luis Fernando Mejía, contralor delegado para Infraestructura.
El informe señala que en el 2023 se suscribieron 1.035 convenios de los cuales, un año después, 141 no se habían terminado, 7 se liquidaron sin ejecución y 856 presentaban cumplimientos. Con respecto al 2024, se suscribieron 1.125 convenios de los cuales se encontraban en ejecución, el 31 de diciembre de ese año, 242, y los otros 883 estaban suspendidos por falta de recursos.
