Contraloría alerta por supuesto detrimento en Urrá; la hidroeléctrica le responde al organismo de control
El organismo de control cuestionó la gestión comercial de Urrá durante una sequía, mientras la empresa dijo que actuó correctamente.
La Contraloría General de la República encendió alarmas por un presunto detrimento patrimonial superior a 241.000 millones de pesos en la hidroeléctrica Urrá, propiedad de la Nación.
Según el organismo, la empresa habría tenido una deficiente gestión comercial durante el fenómeno de El Niño, principalmente por no implementar una estrategia adecuada para aplicar el Estatuto de Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento (ESRD).
El ente de control señaló que la Gerencia de Comercialización no realizó un análisis de precios y costos que permitiera estimar correctamente el valor del agua ni optimizar la estrategia de ofertas de energía, lo que, en su criterio, pudo aumentar el impacto financiero negativo para la empresa.
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Frente a este pronunciamiento, Urrá rechazó las afirmaciones y presentó una serie de aclaraciones técnicas sobre lo ocurrido en 2024.
La postura de Urrá frente a la Contraloría
La empresa aseguró que no tuvo detrimento patrimonial en 2024, y que esta conclusión fue respaldada por una auditoría fiscal realizada por la misma Contraloría durante esa vigencia, la cual concluyó la cuenta sin registrar hallazgos de responsabilidad fiscal.
Según Urrá, esta revisión incluyó sus procedimientos comerciales, rendimientos y operación.
Un embalse con exceso de agua en plena sequía
Mientras gran parte del país enfrentaba una fuerte disminución en los niveles hídricos por el fenómeno de El Niño, Urrá afirmó que su embalse vivía la situación opuesta, niveles por encima de lo permitido y riesgo de rebosamiento.
En esas condiciones, señaló, era necesario ofertar precios acordes con su hidrología local, y no con la del resto del país, cuyo nivel agregado se encontraba alrededor del 50 %.
Urrá argumentó que ofrecer valores altos en medio de un exceso hídrico habría constituido especulación, lo que podría haber derivado en sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y en contradicciones con la política del Gobierno de evitar presiones tarifarias sobre los usuarios.
Sobre el hallazgo preliminar: “ya había sido desvirtuado”
La empresa reconoció que la Contraloría notificó un posible hallazgo de detrimento, pero insistió en que la misma entidad, al auditar la vigencia 2024, no encontró anomalías en la aplicación del ESRD.
Además, la compañía aseguró que solicitó internamente los informes técnicos de rigor y que estos concluyeron que no hubo actuaciones indebidas respecto a la regulación del mercado eléctrico.
Urrá también señaló que tanto la Junta Directiva como los ministerios de Hacienda y Minas conocieron las liquidaciones del mercado durante el periodo analizado. Según la empresa, la mayoría de los agentes hidráulicos del país presentó saldos negativos por la aplicación del Estatuto, no solo Urrá.
Los organismos de control, Revisoría Fiscal, Superintendencia de Servicios Públicos y la propia Contraloría, recibieron información detallada sobre 2024, afirma la compañía, sin identificar hallazgos específicos relacionados con su operación.
Urrá cerró su pronunciamiento reafirmando su compromiso con la transparencia y la responsabilidad social. La administración actual sostuvo que cada decisión técnica, administrativa y financiera busca garantizar la operación segura del embalse, la estabilidad del sistema eléctrico y el uso responsable de los recursos públicos.
