Pulso político por la seguridad: polémica nacional por traslado de jefes criminales a Barranquilla
El anuncio del Gobierno de trasladar a jefes de estructuras criminales a cárceles de Barranquilla desató una fuerte controversia.
La decisión del Gobierno nacional de autorizar el traslado de peligrosos jefes de estructuras criminales a centros penitenciarios de Barranquilla abrió un nuevo frente de confrontación política entre el Ejecutivo y las autoridades del Atlántico. El anuncio, respaldado por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, fue recibido con un rechazo contundente por parte del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y del gobernador del departamento, Eduardo Verano, quienes alertan sobre el impacto que esta medida podría tener en la seguridad de la región.
La polémica estalló luego de que el ministro Idárraga confirmara que dará su aval para el traslado de varios cabecillas de organizaciones criminales, entre ellos alias Digno, Castor, el Negro Ober y al menos otros 40 detenidos considerados de alta peligrosidad. Según el Gobierno, estos traslados hacen parte de una estrategia de reordenamiento carcelario y judicial que busca centralizar procesos penales, facilitar audiencias y evitar el control territorial que algunos criminales ejercen desde cárceles en sus zonas de influencia.
Sin embargo, para las autoridades locales la decisión representa un riesgo innecesario. A través de su cuenta en la red social X, el alcalde Alejandro Char expresó su inconformidad y cuestionó duramente la medida.
¡Increíble el actuar del Gobierno nacional!
— Alejandro Char (@AlejandroChar) January 12, 2026
En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a…
Char advirtió que las cárceles de Barranquilla ya enfrentan problemas de hacinamiento, déficit de personal y limitaciones tecnológicas, lo que las convierte en objetivos vulnerables frente a intentos de fuga, extorsiones y órdenes criminales emitidas desde el interior de los centros de reclusión.
A esta postura se sumó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien pidió al Gobierno nacional reconsiderar la decisión y abrir un espacio de diálogo con las autoridades territoriales. Verano subrayó que el departamento ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la seguridad y reducir los índices de violencia, avances que —según dijo— podrían verse comprometidos con la llegada de cabecillas criminales de alto perfil.
“Barranquilla y el Atlántico no pueden convertirse en el destino de presos peligrosos sin que exista una evaluación seria de los riesgos y sin fortalecer previamente la infraestructura carcelaria y la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública”, señaló el gobernador en declaraciones a medios locales.
Alcalde @AlejandroChar no tergiverse: aquí no hay “premios”, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener. El Gobierno nacional asumió decisiones difíciles para frenar el desangre y logró que, a través de diálogos de paz, 'Los Pepes' y 'Los Costeños'… https://t.co/zUl8vn1TO4 pic.twitter.com/NzSW5k3VOl
— Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) January 12, 2026
La posición del Gobierno
Desde el Ministerio de Justicia, en contraste, se defiende la decisión argumentando que el traslado responde a razones técnicas y judiciales. Fuentes del Gobierno explicaron que varios de los detenidos tienen procesos concentrados en la región Caribe, por lo que su traslado facilitaría audiencias, diligencias judiciales y el acceso de fiscales y jueces, además de reducir costos logísticos y traslados permanentes desde otros puntos del país.
Asimismo, el Ejecutivo sostiene que mover a estos criminales lejos de sus zonas de operación busca debilitar las redes de corrupción y control territorial que mantienen desde cárceles locales, una práctica ampliamente documentada por las autoridades. Según esta lógica, Barranquilla cuenta con establecimientos penitenciarios estratégicamente ubicados y con mayor presencia institucional, lo que permitiría un mayor control del Estado.
No obstante, críticos de la medida advierten que, sin una inversión adicional en seguridad carcelaria, el traslado podría tener el efecto contrario: fortalecer la presencia de organizaciones criminales en la ciudad y aumentar las amenazas contra jueces, fiscales, guardianes del Inpec y ciudadanos.
Dentro de los presos que serían trasladados hay varios jefes de estructuras criminales. Canva
La controversia también ha reavivado el debate sobre la crisis estructural del sistema penitenciario colombiano, marcado por el hacinamiento, la falta de control interno y la influencia de grupos armados y bandas criminales dentro de las cárceles. Para los mandatarios locales, el problema no puede resolverse simplemente trasladando presos de una región a otra sin una estrategia integral.
Mientras tanto, sectores ciudadanos y gremiales de Barranquilla han expresado preocupación y han pedido garantías claras de seguridad. Algunos líderes comunitarios temen un repunte de la violencia urbana, las extorsiones y los ajustes de cuentas asociados a la presencia de estos jefes criminales.
El pulso político entre el Gobierno nacional y las autoridades del Atlántico sigue abierto. Char y Verano insisten en que la ciudad no puede asumir una carga que consideran injusta, mientras el Ministerio de Justicia mantiene su postura de que los traslados son necesarios para el funcionamiento del sistema judicial. La decisión final, y sus consecuencias en materia de seguridad, marcarán un nuevo capítulo en la relación entre la Nación y las regiones.
