Ola de ataques con drones golpea a Colombia y estas son las regiones afectadas
Ataques con drones y explosivos golpean varias regiones de Colombia, con hechos recientes en Cauca, Tolima, Cesar y otras zonas del país.
El uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de seguridad en varias regiones de Colombia. En agosto, distintos municipios han registrado ataques contra estaciones de Policía, unidades militares e incluso edificios públicos, en medio de la ofensiva de grupos armados que buscan mantener o ampliar su control territorial.
Los hechos no se han concentrado en un solo departamento. Cauca, Tolima y Cesar aparecen entre los territorios con episodios recientes, mientras que también se han conocido acciones en Huila, Antioquia y Arauca.
La situación ocurre durante las primeras semanas del gobierno de Abelardo De La Espriella, que ha anunciado un cambio de estrategia frente a las estructuras armadas y una ofensiva para recuperar territorios bajo presión de organizaciones ilegales.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre una escalada de ataques, hostigamientos y hechos relacionados con explosivos en al menos 11 departamentos, en un escenario en el que el uso de drones representa un desafío adicional para la Fuerza Pública.
El uso de drones explosivos marca una nueva fase de la violencia en Colombia. Tomada de redes sociales
¿Dónde se concentran los ataques?
El Cauca es uno de los principales focos de preocupación. En este departamento se han registrado múltiples ataques con drones contra instalaciones policiales y militares, especialmente en municipios donde existe presencia de estructuras armadas.
Entre los municipios que han aparecido en los reportes se encuentran Suárez, El Tambo, Cajibío, Jambaló, Almaguer, Caloto y Caldono, entre otros.
En Suárez, un ataque reciente con un explosivo lanzado desde un dron dejó varias personas heridas. La utilización de estos dispositivos ha generado preocupación por la capacidad de los grupos armados para atacar objetivos desde distancia y dificultar la reacción de las autoridades.
La situación también ha llevado a las autoridades departamentales a pedir mayores capacidades de detección y neutralización de drones. La preocupación en el Cauca se suma a un escenario de violencia más amplio. La Defensoría ha señalado riesgos relacionados con la presencia y confrontación de diferentes grupos armados, además de ataques con explosivos y drones.
Un escuadrón de la Unidad de Carabineros de la Policía que se movilizaba en un camino y la Estación de Policía en Ataco en Tolima fueron atacados con drones cargados con explosivos. Hasta ahora se sabe que dos policías resultaron lesionados. pic.twitter.com/giNfDqRym8
— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 30, 2026
¿Qué está pasando en el Tolima?
El Tolima también ha entrado en el mapa de los ataques con drones. Uno de los casos más recientes ocurrió en Ataco, donde el 25 de agosto un ataque con drones cargados con explosivos dejó un soldado herido. El hecho fue atribuido preliminarmente a estructuras disidentes que tienen presencia en el sur del departamento.
Pero Ataco no ha sido el único municipio afectado. En Rioblanco, el 9 de agosto, grupos armados atacaron con drones cargados con explosivos la Alcaldía municipal, mientras también se registraron disparos en los alrededores de la estación de Policía.
El ataque ocurrió durante una jornada no laboral, por lo que no se reportaron personas heridas. Sin embargo, el hecho generó alarma entre los habitantes y llevó a las autoridades a pedir el refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública.
En el sur del departamento también se han presentado hechos en Planadas y San Antonio, en medio de la presión de grupos armados sobre esta zona del Tolima.
El panorama resulta todavía más complejo porque el Tolima atraviesa simultáneamente una emergencia por incendios forestales y las autoridades han advertido sobre posibles vínculos entre algunos hechos de violencia, economías ilegales y la crisis ambiental.
¿Qué pasó en el Cesar?
El Cesar es otro de los departamentos donde los drones han sido utilizados en ataques contra la Fuerza Pública. Uno de los episodios más graves ocurrió en San Roque, zona rural de Curumaní, donde un ataque con explosivos lanzados desde drones contra una instalación policial terminó con la muerte del subintendente Argemiro Rodelo Canchila.
El hecho ocurrió durante los primeros días del nuevo gobierno y fue uno de los episodios que evidenció la capacidad de los grupos armados para utilizar drones como herramienta ofensiva.
La situación volvió a escalar en Pailitas, donde un ataque con drones y explosivos contra la estación de Policía dejó tres personas heridas el 29 de agosto. Las autoridades desplegaron operativos en la zona y reforzaron las medidas de seguridad.
También se han registrado acciones contra tropas del Ejército en zona rural de Pelaya. El Gobierno anunció después un plan de choque para el departamento y ordenó fortalecer la defensa antidrones. De esta manera, el Cesar se convirtió en otro de los territorios donde la Fuerza Pública comenzó a reforzar sus capacidades frente a esta modalidad.
🔴 Adivinen quién NO tiene que levantarse mañana a ponerle explosivos a la Fuerza Pública.
— Josué 𝕏 (@josueartex) August 30, 2026
Alias “Felipe” o “Arcadio”, cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco”, fue dado de baja esta madrugada por nuestro glorioso Ejército Nacional en el Valle del Cauca.
El angelito… pic.twitter.com/WrL01rkWsv
¿Qué otras regiones aparecen en el mapa?
El fenómeno no se limita al Cauca, Tolima y Cesar. En Huila, las autoridades han reportado ataques con explosivos mediante drones en municipios donde las estructuras armadas mantienen presencia.
En Antioquia, también se han conocido hechos relacionados con el uso de aeronaves no tripuladas para lanzar explosivos, especialmente en zonas donde operan grupos armados. En Arauca, la utilización de drones también ha sido identificada como una amenaza para las unidades militares y policiales.
Y en Norte de Santander, especialmente en la región del Catatumbo, el uso de drones aparece dentro de un contexto más amplio de confrontación entre grupos armados.
La expansión de esta modalidad preocupa porque permite a las organizaciones ilegales atacar objetivos sin exponer directamente a sus integrantes. Los dispositivos pueden ser utilizados para transportar explosivos y lanzarlos sobre instalaciones o vehículos desde una distancia considerable. El desafío para las autoridades es detectar los aparatos antes de que lleguen a sus objetivos y determinar quién los opera.
¿Y qué ocurre en Guaviare?
Guaviare merece un capítulo aparte, porque allí también se ha producido uno de los hechos de seguridad más importantes de los últimos días, pero no debe confundirse con los ataques con drones registrados en otros departamentos.
El 27 de agosto, la Fuerza Pública realizó la Operación Amón contra un campamento de una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, vinculada a la facción de alias ‘Calarcá’, en zona rural de El Retorno, Guaviare.
El Gobierno confirmó inicialmente ocho integrantes muertos. Posteriormente, el balance llegó a diez personas fallecidas y Medicina Legal estableció que tres eran menores de edad, de 15, 15 y 16 años. El Ministerio de Defensa defendió la legalidad de la operación y señaló que se realizó bajo los estándares establecidos para este tipo de acciones.
Por eso, aunque Guaviare forma parte del mapa de la violencia reciente, el bombardeo de El Retorno corresponde a una operación aérea de la Fuerza Pública y no debe presentarse como otro ataque con drones de los grupos armados.
Los hechos registrados durante agosto dejan así un mapa cada vez más amplio. Cauca, Tolima y Cesar concentran algunos de los episodios más recientes, pero el desafío se extiende a otras regiones donde las estructuras ilegales han encontrado en los drones una nueva herramienta para atacar y generar presión.
La respuesta del Gobierno apunta ahora a fortalecer la capacidad antidrones y recuperar el control territorial. El reto será evitar que esta tecnología siga ganando espacio dentro de las acciones armadas y termine convirtiéndose en una amenaza permanente para policías, militares y comunidades.
