Drones del ELN atacaron en Tibú, Norte de Santander: un soldado murió y cuatro resultaron heridos
El ataque ocurrió en la vereda Palmeras mientras tropas del Ejército realizaban operaciones; la Procuraduría y la Defensoría condenan el hecho.
Durante la noche del viernes 16 de enero, se registró un ataque contra la fuerza pública en la vereda Palmeras, del municipio de Tibú, Norte de Santander. Integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzaron drones cargados con explosivos contra tropas del Ejército Nacional que realizaban operaciones militares en la región del Catatumbo.
El ataque dejó un saldo lamentable: el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira, Valle del Cauca, murió en el hecho. Además, dos suboficiales y dos soldados profesionales resultaron heridos por esquirlas de los artefactos. Todos recibieron atención inicial en el área y posteriormente fueron evacuados vía aérea a un centro médico en Cúcuta para recibir tratamiento especializado.
Según el Ejército, los uniformados fueron atacados por miembros del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN, que mantiene presencia en varios sectores del Catatumbo y ha sido vinculado a acciones armadas recientes en la región.
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Juan Esteban González Sánchez, militar muerto durante ataque del ELN en Tibú. Ejército
Contexto de violencia en el Catatumbo
El Catatumbo, subregión fronteriza con Venezuela, continúa siendo escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. Estas disputas giran en torno al control de economías ilícitas, especialmente vinculadas con el narcotráfico y las extorsiones.
Las comunidades que habitan en la zona han enfrentado restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y amenazas en medio del conflicto. Tanto el ELN como las disidencias de las Farc han impuesto órdenes sobre la población civil, aumentando los riesgos humanitarios en varios municipios de Norte de Santander.
En los últimos meses, el uso de drones adaptados con explosivos se ha vuelto una táctica recurrente por parte de algunos grupos armados para hostigar a las tropas sin exponerse directamente al combate, como quedó demostrado en el ataque de Tibú.
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Reacciones oficiales y gestiones humanitarias
En paralelo al ataque, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, visitó Tibú y recorrió las inmediaciones de la Estación de Policía del municipio. Según información divulgada por Semana, la funcionaria explicó que su visita tenía como objetivo mostrar solidaridad por los cinco policías retenidos por el ELN desde el pasado 6 de enero.
Tras el recorrido, la Defensoría informó que ha avanzado en gestiones humanitarias para facilitar la liberación de los uniformados que aún permanecen en poder del grupo armado, en medio de la escalada de violencia que afecta la zona. Además, destacó la importancia estratégica de la frontera con Venezuela, señalando que esta ubicación permite el tránsito de armas, drogas y otros recursos que facilitan las operaciones de los grupos armados ilegales en el Catatumbo.
Iris Marín, defensora del Pueblo. Colprensa
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) rechazó de manera contundente el ataque. El Procurador General, Gregorio Eljach, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias y solicitó reforzar de inmediato las medidas de seguridad para proteger a la población civil y preservar el orden público.
El Ejército Nacional confirmó que mantiene el despliegue de sus unidades en la región y continúa desarrollando operaciones para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales, mientras el ELN sigue consolidando influencia territorial y logística en corredores estratégicos del Catatumbo.
Desafíos de seguridad en la región
El ataque evidencia la persistente vulnerabilidad del Catatumbo, donde los grupos armados continúan utilizando tácticas modernas como drones con explosivos para hostigar a las fuerzas de seguridad. La combinación de fronteras porosas, economías ilícitas y presencia armada hace que la vigilancia y los operativos sean esenciales para garantizar la seguridad de los habitantes y mantener el control territorial.
Las autoridades continúan monitoreando la situación y han reiterado su compromiso con la protección de la población civil, la defensa del orden público y el fortalecimiento de la capacidad operativa en la región. La Defensoría y la Procuraduría mantienen gestiones activas para atender la crisis humanitaria y garantizar la seguridad de los uniformados retenidos por el ELN.
