Víctimas de acoso sexual en el poder no denuncian, ¿por qué?
Según la Defensoría del Pueblo, en contextos de poder las víctimas prefieren no denunciar a sus agresores por miedo a posibles represalias.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó que la mayoría de los casos de acoso sexual en contextos de poder en Colombia enfrenta serias dificultades para avanzar en la justicia. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el 59 % de las víctimas encuentra barreras para acceder a mecanismos judiciales, mientras que el 41 % opta por no denunciar.
Los datos salen del seguimiento que realiza la entidad a través del ‘Mecanismo de Denuncia de Acoso Sexual en Contextos de Poder’, una estrategia creada para documentar, acompañar y analizar estos casos desde un enfoque psicojurídico.
De acuerdo con la Defensoría, además de las dificultades para denunciar, muchas víctimas enfrentan consecuencias adicionales, como que el 40 % sufre represalias laborales y el 55 % presenta afectaciones en su salud mental.
Casos acompañados revelan patrones de abuso
El mecanismo ha acompañado 24 casos desde su implementación y ha permitido identificar patrones que ponen en alerta a las autoridades.
Esto nos ha permitido dimensionar la magnitud de la vulneración de derechos e identificar prácticas reiteradas de abuso de poder, represalias, afectaciones a la salud mental y desconfianza frente a la respuesta institucional.
Iris Marín, defensora del Pueblo
La defensora fue enfática al señalar que las cifras evidencian fallas estructurales en la atención institucional, lo que según ella es todavía más preocupante.
Las violencias no están siendo contenidas por las instituciones y encuentran en ellas condiciones que permiten su persistencia. En muchos casos, las entidades se limitan a describir rutas o competencias, sin evidenciar su activación efectiva ni el impacto real de las medidas adoptadas.
Agresores suelen estar en posiciones de poder
Los presuntos agresores suelen ocupar posiciones de poder o superioridad frente a las víctimas. Esto incluye ámbitos jerárquicos, laborales, académicos, políticos, económicos, mediáticos o incluso simbólicos y espirituales.
Ese poder les permite incidir en la estabilidad laboral o académica de las víctimas, condicionar oportunidades, controlar entornos y, en algunos casos, influir directa o indirectamente en la respuesta que recibirán si denuncian.
Sumado a mecanismos de presión, intimidación, manipulación o coacción, que dificultan que las víctimas denuncien o continúen con los procesos.
Acompañamiento a víctimas y medidas de protección
Cuando una persona decide denunciar, la Defensoría activa automáticamente un proceso de acompañamiento que incluye atención psicosocial, orientación jurídica, gestión ante autoridades competentes y seguimiento continuo del caso.
Además, cuando se presentan represalias legales contra las víctimas como denuncias por injuria o calumnia, la entidad puede asignar representación judicial o defensa técnica.
“Las instituciones están permitiendo la persistencia de estas violencias basadas en género”, concluyó Marín. Asegurando que el gobierno y todas las entidades que lo conforman intensificarán los esfuerzos para que la cifra se reduzca y los abusos no se sigan normalizando.
*Con información de Colprensa
