Holocausto en el Palcio de Justicia: 40 años de impunidad, desapariciones y pocas condenas por la tragedia

Han pasado 40 años, pero las sombras del Palacio de Justicia siguen vivas. Pocas verdades han salido a la luz y muchas dudas aún persisten sobre aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando cerca de 35 guerrilleros del M-19 tomaron el edificio en pleno corazón de Bogotá y luego el Ejército lo retomó a sangre y fuego.

El saldo fue devastador: más de un centenar de personas, incluidos once magistrados, murieron, y un grupo de más de una decena, la mayoría empleados de la cafetería y visitantes, desapareció a pesar de que algunos de ellos salieron con vida.

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En la noche de la toma, el Palacio de Justicia ardió en llamas. El fuego a su paso dejó decenas de cuerpos carbonizados. Colprensa

Esa falta de respuestas tiene una explicación: durante años, la justicia caminó con lentitud y aunque ha habido muchos ires y venires en las investigaciones, han sido pocas las condenas: ninguna para los miembros del M-19 que planearon el ataque porque murieron o fueron indultados; y unas pocas para los militares que lideraron la retoma, la mayoría aún no definitivas.

Investigaciones sin condenas

Eduardo Carreño, cofundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y representante de víctimas en el caso, denuncia que la justicia nunca se tomó la tarea de investigar las señales previas del ataque.

Se refiere, por ejemplo, a la decisión del Gobierno y de la Policía de retirar, tres días antes del asalto, la vigilancia de 24 hombres que custodiaban el edificio, dejando apenas seis celadores privados, o al acuartelamiento en primer grado que existía para esos días.

Estas señales, según Carreño, mostraban que tanto el Gobierno de Belisario Betancur como los organismos militares conocían lo que podía suceder.

“Recordemos que él reconoció la responsabilidad total por los hechos y admitió en su locución presidencial que había tomado todas las decisiones. Sin embargo, no se ha hecho nada por investigar su responsabilidad”, insiste el abogado.

Familiares de personas fallecidas y desaparecidas en la toma del edificio del Palacio de Justicia, por un comando de la guerrilla del M-19. Archivo particular

Tampoco se ha indagado la posible participación de Estados Unidos durante la retoma liderada por el coronel Alfonso Plazas Vega. Según Carreño, la embajada norteamericana habría proporcionado equipos de radiocomunicación y enviado expertos en explosivos desde Carolina del Norte.

“Los expertos llegaron, ejecutaron la operación y se marcharon sin que ningún miembro de la fuerza pública colombiana lo informara oficialmente. Solo se supo cuando se desclasificaron documentos estadounidenses 30 años después”, afirma.

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El general Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado a 35 años; el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, a 40; y el general Iván Ramírez Quintero, a 31, por desaparición forzada. En contraste, la Corte Suprema absolvió al coronel Alfonso Plazas Vega en 2015 por “dudas razonables”.

Desaparecidos y justicia pendiente

La impunidad también se refleja en los desaparecidos. Decenas de sobrevivientes fueron detenidos y conducidos a la Casa del Florero, donde fueron interrogados, torturados y trasladados a instalaciones militares, de donde muchos nunca regresaron.

La mayoría de las víctimas eran empleados de la cafetería o visitantes ocasionales. Los restos fueron entregados mezclados, impidiendo su identificación.

En 2015 se identificaron los cuerpos de Lucy Amparo Oviedo, Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Portela; en 2017 los de Héctor Jaime Beltrán y Bernardo Beltrán Hernández; y en 2019 el de Gloria Anzola de Lanao. Aún hay víctimas sin identificar, entre ellas magistrados auxiliares desaparecidos.

Un hombre herido es evacuado del Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985. AFP

El indulto del M-19 y la deuda con la verdad

El indulto otorgado al M-19 mediante la Ley 77 de 1989 también alimentó la impunidad. La norma benefició a los responsables de delitos políticos, incluyendo los hechos del 6 y 7 de noviembre, eliminando las responsabilidades judiciales. En febrero de 1990, los líderes del grupo fueron indultados, dejaron las armas y asumieron roles políticos.

Un informe para la Comisión de la Verdad fue contundente: “La prisa por la paz anuló de un plumazo la discusión de fondo sobre la toma armada del M-19”. Aunque los acuerdos se cumplieron y el grupo se desmovilizó, la verdad plena sobre el holocausto del Palacio de Justicia sigue siendo una deuda con la historia nacional.

*Con información de Colprensa.