¿Negocio o seguridad vial? Fotomultas en Bogotá desatan polémica por recaudo y sobrecostos
Concejales de Bogotá y un congresista hicieron duros cuestionamientos a las cámaras de fotomultas anunciadas por el Distrito.
Las fotomultas en Bogotá quedaron en el centro de una nueva controversia luego de que el Gobierno Nacional anunciara una revisión al funcionamiento de los sistemas de fotodetección en todo el país. La decisión se suma a los cuestionamientos planteados desde el Concejo de Bogotá sobre el manejo de estos dispositivos, el millonario recaudo y algunos contratos de la Secretaría Distrital de Movilidad.
El presidente Abelardo de la Espriella pidió al Ministerio de Transporte revisar el funcionamiento de las fotomultas en Colombia ante posibles abusos en la utilización de estos sistemas. La cartera anunció que evaluará los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones y las condiciones bajo las cuales operan.
En Bogotá, la discusión tomó una nueva dimensión tras las denuncias de la concejal Rocío Dussán, quien aseguró que la Secretaría de Movilidad acumula más de $8.000 millones en hallazgos fiscales y posibles irregularidades relacionadas con fotomultas, tecnología, semáforos y consultas al RUNT.
Es importante precisar que varios de los señalamientos corresponden a denuncias de la cabildante y a hallazgos de organismos de control que deberán continuar los trámites correspondientes. Un hallazgo fiscal o un presunto detrimento patrimonial no implica, por sí mismo, una responsabilidad definitiva.
Denuncian aumento del 813 % en el recaudo de fotomultas
Uno de los principales cuestionamientos de Dussán está relacionado con el crecimiento del recaudo por fotomultas en Bogotá.
Según las cifras divulgadas por la concejal, entre 2020 y 2025 el recaudo aumentó 813 %. La denuncia señala además que actualmente la Secretaría Distrital de Movilidad recauda alrededor de $1.146 millones diarios por concepto de fotomultas.
La cabildante cuestiona que este incremento no habría estado acompañado de un crecimiento equivalente en la inversión destinada a modernizar el sistema.
De acuerdo con los datos presentados por Dussán, la inversión en modernización tecnológica cayó 40 %, al pasar de $11.342 millones en 2022 a $6.763 millones en 2025. En contraste, la contratación de personal financiada con recursos provenientes de infracciones aumentó 54,36 % durante el mismo periodo.
1/5 ASÍ ES COMO LA @SectorMovilidad DESANGRA A LOS BOGOTANOS CON LAS FOTOMULTAS
— Concejal Rocío Dussán Pérez (@RocioDussanPer) August 24, 2026
🚨HOY el país despertó hablando de fotomultas porque hasta el propio @ABDELAESPRIELLA ordenó revisar el negocio del recaudo. Pues bien, le hice el trabajo, en Bogotá la @SectorMovilidad tiene más de… pic.twitter.com/515Un4FRkb
35 cámaras de fotomultas estarían suspendidas
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con el funcionamiento de la red de cámaras de fotodetección en Bogotá.
Según la información divulgada por la concejal, la ciudad cuenta con 81 cámaras de fotomultas, de las cuales 35 estarían suspendidas. De ese grupo, ocho corresponderían a puntos en los que, según su denuncia, ni siquiera habría una cámara instalada.
A esto se suma el aumento de los costos asociados al mantenimiento y calibración de los dispositivos.
La denuncia señala que entre 2021 y 2025 el costo anual de mantenimiento pasó de aproximadamente $211 millones a $1.664 millones, un incremento del 687 %. Asimismo, el costo de calibración habría aumentado 981 % entre 2022 y 2025, al pasar de $96,6 millones a más de $1.044 millones.
La Alcaldía de Bogotá espera instalar 41 nuevas cámaras de fotodetenciones en varios puntos de la capital. Crédito: Secretaría de Movilidad.
Cuestionan contrato por 25 cámaras de fotodetección
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia está relacionado con la compra de 25 cámaras de fotodetección.
De acuerdo con la información presentada por Dussán, la Secretaría de Movilidad habría pagado a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) $8.489 millones por estos equipos.
La concejal sostiene que la Contraloría de Bogotá identificó una diferencia de $1.535 millones frente a los precios de los fabricantes Hikvision y Neural Labs, incluso teniendo en cuenta el IVA y los costos operativos reportados.
Según la denuncia, el organismo de control calificó esta diferencia como un presunto detrimento patrimonial. El caso deberá continuar el trámite correspondiente para establecer si existieron responsabilidades fiscales.
Semáforos "inteligentes", también bajo la lupa
Las denuncias también alcanzan al sistema de semaforización de Bogotá. Según la información divulgada por Dussán, la Secretaría de Movilidad destinó $3.799 millones en 2025 para adquirir repuestos destinados a equipos de control de semaforización C900.
El cuestionamiento surge porque, de acuerdo con la denuncia, una consultoría contratada previamente por la propia Secretaría habría señalado que reutilizar y actualizar los equipos existentes era una alternativa más económica.
La concejal también cuestionó que estos dispositivos fueran presentados como sistemas con inteligencia artificial.
Según la información atribuida a la Contraloría, la documentación técnica del fabricante no demostraría que los controladores funcionen con inteligencia artificial ni que tengan autonomía real, sino que corresponderían a controladores programables.
El proceso de adquisición por $3.799 millones aparece además registrado en la información pública de contratación de la Secretaría de Movilidad.
Este es uno de los documentos que soporta la denuncia hecha por la concejal Rocío Dussán. Crédito: imagen sumninistrada.
¿Por qué la Secretaría de Movilidad pagó por consultar el RUNT?
Otro de los cuestionamientos está relacionado con los pagos realizados para consultar información del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Según Dussán, la Secretaría de Movilidad habría pagado $3.552 millones por acceder a esta información.
El argumento de la concejal es que se trataría de información pública y que el Estado estaría pagando a un privado por consultar datos que son generados y administrados por entidades estatales.
La denuncia cita además un hallazgo de la Contraloría de Bogotá, que habría cuestionado estos pagos al considerar que podría existir una doble retribución sin sustento legal.
El tema resulta relevante dentro del funcionamiento de las fotomultas, pues el RUNT hace parte del proceso de validación de los comparendos electrónicos. Una vez una cámara registra una posible infracción, la evidencia debe ser revisada y validada antes de iniciar el proceso correspondiente.
#Bogotá | La concejal Rocío Dussán lanzó fuertes cuestionamientos sobre las fotomultas en la capital y denunció supuestos sobrecostos, fallas y más de $ 8.000 millones en hallazgos fiscales. pic.twitter.com/byGvL2ORai
— Minuto60 (@minuto60com) August 25, 2026
Otros concelajes piden suspender las 18 nuevas cámaras
La polémica también alcanza los 18 nuevos puntos de fotodetección que comenzaron a instalarse de manera gradual en Bogotá.
El concejal Julián Forero pidió el 24 de agosto suspender estos nuevos puntos mientras se revisan aspectos técnicos, jurídicos y relacionados con la seguridad vial.
El cabildante cuestionó que las cámaras puedan terminar funcionando principalmente como mecanismos de recaudo y planteó revisar la efectividad de las medidas que está implementando la administración distrital.
Entre tanto, el concejal Julián Espinosa también arremetió contra la decisión de instalar 18 nuevos puntos de fotodetección en Bogotá. El cabildante cuestionó que la administración de Carlos Fernando Galán esté priorizando medidas que, según su lectura, terminan aumentando los cobros a los ciudadanos.
"La Alcaldía de Carlos Fernando Galán se acostumbró a que sus acciones de gobierno saquen más plata del bolsillo a los bogotanos", afirmó Forero, quien calificó como “un despropósito” la instalación de las nuevas cámaras. El concejal sostuvo que, mientras se amplía el sistema de fotomultas, persisten problemas en otros frentes de la movilidad y el transporte público.
Espinosa también cuestionó el aumento del pasaje de TransMilenio y el incremento de las tarifas de los parqueaderos durante la actual administración. En ese contexto, aseguró que el Distrito debe explicar cuáles son las acciones de gobierno que, además de generar ingresos, están orientadas a resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos.
18 nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá. ¿Hay algo que Galán haga que no sea buscar cómo sacarle más plata a los bogotanos? pic.twitter.com/1PrSdPByIi
— Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) August 25, 2026
También piden frenar las nuevas fotomultas
A las críticas de los concejales se sumó el representante a la Cámara Daniel Briceño, quien hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
Briceño pidió al Gobierno Nacional tomar medidas frente a las nuevas cámaras de fotomultas instaladas en Bogotá y cuestionó que el Distrito pueda aumentar su recaudo mediante sanciones automáticas derivadas de infracciones que, según su apreciación, serían leves.
Estos pronunciamientos se producen en medio de la revisión anunciada por el Gobierno Nacional sobre los sistemas de fotodetección que funcionan en diferentes ciudades del país.
Le pedimos al presidente @ABDELAESPRIELLA y la ministra @elsanoguerabaq intervenir en la instalación de las nuevas cámaras de fotomultas que pretende instalar la alcaldía de Galán en la NQS, la Calle 26 y la Avenida de las Américas. Son un abuso pic.twitter.com/KjV7Dn5wcs
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 24, 2026
¿Qué dice la Secretaría de Movilidad?
En Bogotá, la discusión ocurre al mismo tiempo que la administración distrital avanza con la instalación gradual de nuevos puntos de fotodetección en corredores como Las Américas, NQS y El Dorado.
La Secretaría de Movilidad sostiene que las Cámaras Salvavidas tienen como objetivo reducir conductas de riesgo, prevenir siniestros viales y proteger la vida de los usuarios de las vías, y no simplemente aumentar el número de comparendos.
Así, mientras el Distrito defiende la ampliación de la red de fotodetección como una herramienta de seguridad vial, concejales y congresistas cuestionan el modelo por el volumen del recaudo, los contratos y los costos asociados al funcionamiento de estos sistemas.
La revisión anunciada por el Gobierno Nacional podría determinar ahora si las fotomultas en Bogotá y en el resto del país cumplen realmente con el objetivo para el que fueron implementadas o si requieren cambios en su funcionamiento.
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