Gobierno revisará el negocio de las fotomultas: ¿salvan vidas o solo recaudan dinero?
El Gobierno revisará las fotomultas del país y su modelo de operación, en medio del debate por los millonarios recursos que generan.
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Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Transporte adelantará una revisión integral de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones (fotomultas) que funcionan en Colombia. El proceso involucrará al Ministerio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y otras autoridades competentes.
Sin embargo, la discusión también gira sobre la importancia de los recursos que recaudan los municipios por este tipo de comparendos.
¿Cuánto dinero generan las fotomultas en Colombia?
Bogotá permite entender por qué el componente económico será uno de los puntos importantes de la discusión. Los $ 57.000 millones recaudados entre enero y abril de 2026 no se distribuyeron de manera uniforme por toda la ciudad. Cinco corredores concentraron cerca de $ 43.652 millones: la Autopista Norte, la avenida Boyacá, la NQS, la calle 80 y la avenida de las Américas.
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La Autopista Norte encabezó el recaudo, con $ 13.081 millones, seguida de la avenida Boyacá, con $ 12.212 millones, y la NQS, con $ 9.275 millones. Las cifras muestran que las cámaras pueden representar ingresos de varios miles de millones de pesos en determinados corredores durante apenas unos meses.
El crecimiento también es significativo si se observa el comportamiento de los últimos años, pues en la capital del país el recaudo pasó de $ 6.698 millones en 2020 a $ 282.053 millones en 2024. Para enero-abril de 2026 ya alcanzaba los $ 57.000 millones.
Por instrucciones del presidente @ABDELAESPRIELLA revisaremos a fondo el funcionamiento de las fotomultas en todo el país. Las cámaras deben salvar vidas y prevenir siniestros, no convertirse en un negocio a costa de los ciudadanos. Donde encontremos abusos o irregularidades,… pic.twitter.com/cSoCRDKGH1
— Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) August 23, 2026
Esto no significa que todos esos recursos terminen como una ganancia para empresas privadas y las multas de tránsito tienen una destinación presupuestal definida y la legislación establece reglas específicas para la participación de particulares en la instalación y puesta en funcionamiento de estos sistemas.
De hecho, la Ley 1843 de 2017 establece que la remuneración a la inversión privada para la instalación y puesta en operación de sistemas tecnológicos para detectar infracciones no puede superar el 10 % del recaudo. El Consejo de Estado precisó posteriormente que ese límite se refiere al dinero efectivamente recaudado por las multas originadas en las infracciones detectadas por los sistemas instalados por el contratista.
¿Qué pasará con el dinero de las fotomultas?
La revisión anunciada por el Gobierno puede llevar la discusión más allá de determinar si una cámara está bien instalada o cuenta con autorización.
También será relevante establecer si los sistemas están cumpliendo con el propósito que justifica su existencia y si el dinero obtenido por las sanciones está siendo utilizado de acuerdo con las reglas establecidas.
El Ministerio de Transporte señaló que verificará que las cámaras tengan sustento técnico y legal y que su instalación responda a factores como la siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones particulares de cada corredor.
La discusión económica aparece precisamente cuando se compara el volumen del recaudo con el objetivo de seguridad vial.
En Bogotá, por ejemplo, información entregada por la Secretaría de Movilidad con corte a marzo de 2026 mostró que de más de $151.850 millones en recursos comprometidos provenientes de multas de tránsito, $23.787 millones correspondían a gestión jurídica, $18.371 millones a procesos contravencionales, $6.370 millones al mejoramiento de servicios y $704 millones a infraestructura tecnológica.
Estos datos han alimentado el debate sobre cuánto de los recursos asociados a las multas termina destinado directamente a mejorar las condiciones de seguridad vial y cuánto se utiliza en la operación administrativa del sistema.
¿Las fotomultas deben ser un mecanismo de recaudo?
Ese es uno de los principales interrogantes que tendrá que resolver la revisión nacional anunciada por el Gobierno.
Elsa Noguera aseguró que las cámaras deben cumplir una función de prevención y no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos. “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo”, afirmó la ministra.
Sistema de fotomultas en Colombia.
La discusión no implica que todas las fotomultas sean consideradas ilegales ni que las sanciones existentes queden automáticamente anuladas. El Gobierno anunció una evaluación de los sistemas para determinar si están autorizados, si cumplen las condiciones técnicas y legales y si su funcionamiento está justificado por razones de seguridad vial.
También se revisarán las reglas para autorizar nuevas cámaras, pues la intención es establecer criterios más exigentes para que estos dispositivos respondan a necesidades reales y demostradas, en lugar de convertirse simplemente en herramientas para aumentar el número de comparendos.
El Gobierno también plantea que las cámaras sean solo una parte de una estrategia más amplia que incluya ingeniería vial, señalización, pedagogía y controles.
Para los ciudadanos, el impacto económico de la revisión puede ser importante. Si se modifican las reglas sobre instalación, operación o autorización de las cámaras, también podrían cambiar los modelos mediante los cuales municipios y distritos gestionan estos sistemas y utilizan los recursos provenientes de las multas.
Cabe señalar que esta medida se suma a una reciente decisión del Gobierno de Gustavo Petro de aliviar algunos pagos, pues según una investigación adelantada por la Superintendencia de Transporte contra 37 organismos de tránsito, de los más de 7,5 millones de comparendos revisados, 5.832.906 permanecen sin pagar. Si se confirma que estas sanciones fueron generadas por cámaras que no cumplían los requisitos técnicos y legales exigidos, las autoridades tendrían que revocarlas de oficio, lo que beneficiaría a más de 1,4 millones de ciudadanos con deudas o procesos abiertos por este tipo de multas.
En su momento, Cali registraba 2,7 millones de comparendos en revisión, Medellín más de 717.000, Bogotá cerca de 294.000 y Barranquilla más de 131.000. La eventual revocatoria no significa que todas las fotomultas de estas ciudades queden anuladas automáticamente, sino que deberán revisarse los casos vinculados a los sistemas investigados.
