Desalojo en Bosa | "La Alcaldía nos ha mamado gallo", dice parte involucrada y exigen respuestas
Una fuente le dijo a Minuto60 que la Alcaldía de Bogotá no ha actuado correctamente en el caso del desalojo de un barrio en Bosa.
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La denuncia de un desalojo en Bosa, específicamente en el barrio El Remanso 1, ha generado tensión a pocos días de la fecha límite fijada por un juez (6 de mayo) para ejecutar la restitución de un predio ocupado desde hace más de una década. Mientras las autoridades afinan los detalles del operativo, desde Sotrandes, empresa propietaria del terreno, crecen las críticas por lo que consideran un incumplimiento reiterado de las órdenes judiciales.
Una fuente cercana a Sotrandes, que pidió reserva de su identidad, aseguró a Minuto60 que la empresa ha sostenido múltiples reuniones con la Secretaría de Gobierno de Bogotá sin obtener resultados concretos. Según explicó, el proceso ha estado marcado por aplazamientos y falta de decisiones claras, lo que ha obligado a insistir por la vía judicial.
"Nos han mamado gallo", afirmó la fuente, al referirse a la respuesta institucional frente a un caso que, insiste, ya cuenta con fallos en firme. En esa misma línea, cuestionó que, pese a los compromisos adquiridos en mesas técnicas, no se haya logrado ejecutar la restitución del predio.
Al ser consultado sobre el uso que tendría el lote una vez sea recuperado, la respuesta fue evasiva pero muy clara: "Si usted tiene una casa, ¿tiene que decir para qué la va a usar?". La frase, lejos de aclarar el destino del terreno, refuerza la posición de la empresa sobre su derecho a recuperarlo sin necesidad de justificar públicamente sus planes.
La versión oficial de Sotrandes
El abogado representante de esta empresa, Juan de Jesús Rodríguez, entregó detalles más amplios a este medio de comunicación sobre el origen del conflicto. Según explicó, se trata de un predio donde anteriormente funcionaba una terminal de buses urbanos y que fue ocupado de manera violenta desde el año 2011.
"Se trata de la invasión de un predio de propiedad de una empresa de transporte público de Bogotá llamada Sotrandes S.A., donde funcionaba una terminal de buses urbanos", señaló el jurista, al tiempo que recalcó que existen múltiples decisiones judiciales y administrativas que ordenan la restitución del inmueble.
De acuerdo con Rodríguez, pese a que las autoridades han fijado plazos claros para la entrega del terreno, estos no se han cumplido. "Hay numerosos fallos de las autoridades judiciales y de policía que establecen plazos perentorios para la entrega del inmueble", explicó, insistiendo en que el proceso ha sido dilatado de forma sistemática.
Uno de los puntos más críticos del caso es el papel de la Inspección Séptima A de Policía de Bosa. Según el abogado, esta entidad ha evitado ejecutar la restitución del predio mediante diferentes argumentos.
"La Inspección se ha venido negando a restituir el predio, invocando diversas razones para aplazar la diligencia de desalojo de personas, animales, cosas y la demolición de edificaciones construidas sin licencia", afirmó Rodríguez.
El jurista también advirtió que el terreno se encuentra en una zona ambientalmente sensible, debido a su cercanía con el río Tunjuelo, lo que agrava el panorama. En ese sentido, señaló que parte de las construcciones levantadas en el lugar se encuentran en áreas de manejo y preservación ambiental, lo que añade un componente legal adicional al conflicto.
De la tutela al desacato: la presión judicial aumenta
Ante lo que consideran un incumplimiento reiterado por parte de las autoridades, Sotrandes acudió a una acción de tutela que fue resuelta por el Juzgado 60 Penal del Circuito de Bogotá. En esa decisión se ordenó que el predio debía ser restituido en un plazo máximo de cinco meses.
Se ordenó que en el término de cinco meses debía ser restituido el predio libre de personas, animales y cosas a Sotrandes.
Explicó el abogado
Frente a este nuevo incumplimiento, se instauró un incidente de desacato que actualmente es tramitado por el Juzgado 50 Penal Municipal con función de control de garantías. Este despacho fue el que fijó una fecha definitiva para ejecutar el desalojo.
"Nos encontramos a la espera de que tal diligencia se lleve a cabo", indicó Rodríguez, dejando claro que la empresa espera que, esta vez, la orden judicial se materialice sin más dilaciones.
¿Qué dice el Distrito?
Minuto60 consultó con la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, su posición frente a las declaraciones de Sotrandes, sin embargo, únicamente remitieron el pronunciamiento de la Alcaldía local de Bosa frente al tema, sin dar mayores detalles.
En ese pronunciamiento, la Alcaldía Local de Bosa aseguró que la diligencia programada para el 6 de mayo de 2026 responde al cumplimiento de órdenes judiciales vigentes. Según indicó en un comunicado oficial, “se ha dispuesto la materialización de la medida de restitución del referido predio a favor de Sotrandes”, en el marco del fallo de tutela de 2024 y el incidente de desacato en curso.
Frente a las críticas por presuntos retrasos, la administración local marcó distancia sobre su rol en el proceso y aclaró que “no es la entidad competente para la ejecución material de la diligencia, ni tiene injerencia en la toma de decisiones relacionadas con su desarrollo o resultados”. En ese sentido, enfatizó que la responsabilidad directa recae sobre la Inspección de Policía de Bosa, encargada de dirigir y ejecutar el operativo.
La Alcaldía también defendió su actuación durante el proceso y sostuvo que “ha desarrollado de manera oportuna y diligente diversas actuaciones de carácter administrativo y de coordinación interinstitucional”, incluyendo mesas técnicas, censos poblacionales y espacios de articulación.
Además, reiteró que ha cumplido “efectivo y oportuno” con sus obligaciones y que su papel ha sido el de facilitar la coordinación entre entidades para garantizar el desarrollo del desalojo en condiciones adecuadas. Sin embargo, Sotrandes dice lo contrario.
Un choque entre derechos y una decisión ordenada
El desalojo en Bosa no solo enfrenta a una empresa con las autoridades, sino que también pone sobre la mesa una tensión más profunda entre el derecho a la propiedad privada y la realidad de cientos de familias que habitan el predio.
Desde Sotrandes, la posición es que la ocupación del terreno ha generado perjuicios económicos y limita el desarrollo de actividades relacionadas con el transporte. "Hasta la fecha no ha sido restituido el predio, causando enormes perjuicios a la empresa", han reiterado.
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Del otro lado, la comunidad ha insistido en la necesidad de garantías, censos actualizados y acompañamiento institucional antes de cualquier intervención. Con la fecha del 6 de mayo de 2026 cada vez más cerca, el margen de maniobra se reduce. La orden judicial está vigente, el riesgo de sanciones por desacato es real y la presión de las partes involucradas sigue en aumento.
