¿Qué pasa con la contratación en Bogotá? Concejal denuncia irregularidades y Alcaldía responde
Julián Espinosa cuestionó el uso de la Bolsa Mercantil para contratar servicios de vigilancia en Bogotá y anunció acciones ante organismos de control.
La contratación de servicios de vigilancia durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán quedó en el centro del debate político en Bogotá. El concejal del Partido Verde Julián Espinosa denunció que el Distrito ha adjudicado cerca de $2,5 billones mediante la Bolsa Mercantil, un mecanismo que, según aseguró, limita la competencia y reduce la transparencia frente a una licitación pública.
En declaraciones entregadas a Minuto60, luego del debate de control político realizado en el Concejo de Bogotá, el cabildante presentó una investigación sobre la forma en que 41 entidades distritales han contratado servicios de vigilancia y seguridad privada.
¿Por qué cuestionan la contratación de Galán?
Espinosa explicó que su principal preocupación radica en que la etapa previa a la adjudicación de los contratos no tiene el mismo nivel de publicidad que una licitación pública.
Según dijo, únicamente un grupo reducido de comisionistas de bolsa conoce las fichas técnicas de los procesos antes de que sean adjudicados.
Toda esa fase precontractual que permite la participación de oferentes y garantiza la transparencia de una licitación pública se la saltan a través de la Bolsa Mercantil. Lo único que se publica en el SECOP es el contrato cuando ya fue adjudicado, afirmó.
El concejal sostuvo que este mecanismo terminó convirtiéndose en una de las principales formas de contratación del Distrito.
"Estamos hablando de montos gigantescos adjudicados mediante un mecanismo que se presta para cuestionamientos sobre cómo y a quién se entregan esos contratos", agregó.
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Los contratos que están bajo la lupa
Durante la entrevista, Espinosa reveló que su equipo revisó 65 procesos contractuales adelantados por 41 entidades distritales.
Entre los contratos más representativos mencionó:
Secretaría de Educación: más de $764.000 millones en vigilancia.
TransMilenio: más de $341.000 millones.
En total, cerca de $1,5 billones corresponden únicamente a contratación de vigilancia y seguridad privada.
Según explicó, en varios procesos encontraron requisitos que, a su juicio, podrían restringir la libre competencia.
Uno de los casos mencionados corresponde a la Caja de Vivienda Popular, donde se exigía experiencia en poligrafía para uno de los coordinadores del contrato, pese a que esa función no hacía parte del objeto contractual.
También cuestionó un proceso adelantado por la Alcaldía Local de Kennedy, en el que se solicitaba experiencia como piloto de drones para supervisar un contrato de vigilancia, aunque, según dijo, el uso de drones no estaba contemplado dentro de las obligaciones del servicio.
"En una licitación pública esos requisitos podrían ser observados por otros oferentes y eventualmente modificados. Aquí esa posibilidad prácticamente desaparece porque toda la etapa precontractual permanece reservada", aseguró.
El concejal Julián Espinosa puso bajo la lupa la contratación estatal en Bogotá. Crédito: Concejo de Bogotá.
Millonarias comisiones por intermediación
Otro de los puntos que llamó la atención durante el debate fueron los pagos realizados por concepto de intermediación bursátil.
Espinosa aseguró que TransMilenio pagó más de $1.161 millones en comisiones para contratar mediante la Bolsa Mercantil. En el caso de la Secretaría de Educación, indicó que esos costos superaron los $5.000 millones.
Según el concejal, dichos recursos podrían ahorrarse utilizando otros mecanismos de contratación contemplados por la ley.
"¿Por qué privilegiar la Bolsa Mercantil, que cobra intermediación, cuando existen modalidades como la subasta inversa que no generan ese costo para el Estado?", cuestionó.
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Pide suspender nuevos contratos
El cabildante hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para revisar el modelo de contratación que actualmente utiliza el Distrito.
Entre sus peticiones están:
Suspender nuevos procesos de vigilancia mediante la Bolsa Mercantil.
Publicar toda la trazabilidad de los procesos.
Revisar los contratos ya adjudicados.
Demostrar técnicamente que este mecanismo ofrece mayor transparencia, competencia y ahorro que una licitación pública.
"Si este modelo realmente garantiza transparencia, competencia y mejores resultados para Bogotá, no debería temer al escrutinio público", afirmó.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, junto a César Restrepo, secretario de Seguridad. Crédito: Colprensa.
Anuncian denuncias ante organismos de control
Espinosa confirmó que durante los próximos días remitirá toda la información recopilada a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría, con el fin de que evalúen la legalidad de estos procesos.
Además, explicó que durante el debate quedaron formuladas varias preguntas que deberán ser respondidas oficialmente por las entidades distritales mediante derecho de petición. "Vamos a radicar copia ante los entes de control para que ellos investiguen", indicó.
El concejal también aseguró que, si la Administración considera necesario ampliar las explicaciones, está dispuesto a promover un nuevo debate de control político.
Alcalde @CarlosFGalan, ¿Está dispuesto a ordenar una revisión independiente de todos los contratos de vigilancia adjudicados por $1,5 billones, por Bolsa Mercantil, publicar la trazabilidad completa de los participantes y suspender nuevos procesos hasta demostrar que este…
— Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) July 16, 2026
El Distrito defiende la legalidad del mecanismo
Consultada por Minuto60, una fuente de la Secretaría de Gobierno aseguró que la Administración considera que la contratación mediante la Bolsa Mercantil cumple con la normatividad vigente. "Si viste el debate, puedes ver que ese mecanismo es legal", señaló.
Además, agregó que el uso de esta modalidad está previsto en la legislación nacional. "La misma normatividad nacional lo tiene", indicó.
Frente a esa respuesta, el equipo del concejal Julián Espinosa reiteró que el debate no busca desconocer la existencia legal del mecanismo, sino establecer si su utilización resulta la más conveniente para contratar un servicio tan sensible como la seguridad de Bogotá y si realmente garantiza la libre competencia y el mejor uso de los recursos públicos.
Desde el despacho del cabildante insistieron en que las entidades distritales tendrán la oportunidad de responder formalmente los cuestionamientos planteados durante el debate y señalaron que, de ser necesario, podrían ser citadas nuevamente al Concejo para ampliar sus explicaciones.
