¿Qué cambió para los niños con síndrome de Down después de la muerte de Valeria Afanador?
La Gobernación de Cundinamarca le canceló la licencia al Gimnasio Campestre Los Laureles. Asdown advierte que el golpe puede recaer sobre otros niños.
Desde la muerte de Valeria Afanador, varios colegios del país empezaron a exigirles una "sombra" a los niños con síndrome de Down o, sencillamente, a sacarlos del aula. La denuncia la hace Mónica Cortés Ávila, directora de Asdown Colombia, la organización que hace más de dos décadas acompaña a familias de personas con discapacidad intelectual.
El detonante es uno de los casos que más conmocionó al país. El 19 de junio, la Gobernación de Cundinamarca le canceló la licencia de funcionamiento al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, donde estudiaba Valeria, la niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció en pleno horario escolar y apareció muerta 18 días después.
Para Cortés, la sanción no resuelve el fondo del problema. Al contrario, teme que termine cerrando más puertas a los niños que su organización defiende.
Mónica Cortés, directora de Asdown Colombia. Foto: Redes sociales.
"No es más o menos por tener discapacidad"
La llamada "sombra" es un docente de apoyo o acompañante pedagógico. Es una figura que asiste de forma temporal al estudiante dentro del aula para fomentar su autonomía. Según la normativa del sector educativo, es un ajuste razonable que busca eliminar las barreras de aprendizaje cuando existe una condición o discapacidad que dificulta la participación autónoma del niño.
Cortés rechaza que la presencia de un estudiante con síndrome de Down le imponga al colegio cargas extra. "Eso de plantear que asume obligaciones adicionales, no es cierto y es contraproducente decirlo", afirmó a Minuto60.
Su argumento es que el deber de cuidar es el mismo para todos. "Los colegios de todo el sistema educativo tienen la obligación de garantizar la seguridad de todos y cada uno de sus estudiantes", dijo, y agregó: "No es más o menos por tener discapacidad".
La pelea llegó hasta Cali
Cortés contó que Asdown tiene registro de exigencias parecidas en Medellín, Cali y Bogotá, aunque pocas familias se atreven a contarlo. La que sí lo hizo está en Cali: una madre cuya hija cursa séptimo grado.
"Desde el caso de Valeria, ha sostenido una guerra con el colegio para no cumplir con la exigencia de la sombra", relató. Según ella, la madre está cada vez más agobiada y ya piensa en cambiar a la niña de institución.
Esa es, para la directora de Asdown, la otra cara de la tragedia: el miedo de los colegios se traslada a las familias que aún tienen a sus hijos dentro del sistema.
Aula de clases en Bogotá. Foto: Colprensa.
La norma existe; falta cumplirla
A pesar del panorama, Cortés no pide cambiar las reglas. "La regulación colombiana es muy buena, yo no le cambiaría nada, sólo que hay que implementarla y cumplirla", sostuvo.
El marco al que se refiere lleva años vigente. El Decreto 1421 de 2017 obliga a los colegios públicos y privados a recibir a los estudiantes con discapacidad y a construirles un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), una hoja de ruta con los apoyos que cada niño necesita.
En los 26 años que lleva en el tema, dijo, este es el primer caso de este tipo que ve. "Con unos componentes muy particulares en esa situación que se presentó, hay muchas incógnitas", añadió.
Su llamado a los colegios es a no responder con expulsiones. "Los colegios sí deben activar temas de cuidado para todos sus estudiantes, estrategias de trabajo colaborativo, cuidado mutuo, apoyo", planteó, y resumió la meta en una frase: "Tener una real cultura escolar que sea respetuosa de la diversidad humana".
Qué pasó con Valeria Afanador
Valeria entró al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, hacia las 7:15 de la mañana del 12 de agosto de 2025, acompañada de sus papás y sus hermanos. Tomó sus clases con normalidad y salió al recreo.
A las 10:10, las cámaras de seguridad la grabaron por última vez. Según la resolución, la niña cruzó el follaje de la cerca viva (el cerramiento de arbustos que rodea uno de los costados del colegio) y se perdió de vista, en dirección a la ronda del río Frío.
El profesor de música notó su ausencia hacia las 10:35 y mandó a algunos estudiantes a buscarla, sin resultado. El reporte formal por el chat interno del colegio llegó cerca de las 11:14 y la alarma de evacuación se activó a las 11:53.
Solo a las 12:50 del día el colegio le avisó a la mamá de Valeria. Para entonces, la niña llevaba más de dos horas sin aparecer.
El 29 de agosto, un habitante de la zona rural encontró el cuerpo de Valeria en el río Frío. Fotomontaje Minuto60.
18 días de búsqueda
La desaparición desató un operativo enorme. Más de 200 rescatistas de la Policía, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de socorro peinaron la zona con drones y perros, e Interpol emitió una circular amarilla por si la niña había salido del país.
El 29 de agosto, 18 días después, un habitante de la zona rural encontró el cuerpo de Valeria en el río Frío, a unos 300 metros del colegio. El Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento, que ocurrió el mismo día de la desaparición y que no había signos de violencia física ni daños en su ropa.
La familia no quedó conforme con esa explicación. El papá de la niña, Manuel Afanador, ha insistido en que se investigue la hipótesis de homicidio y ha denunciado lo que llama negligencia en el manejo del caso.
Cortés también dejó dudas sobre la versión oficial. "Si la niña se cae y directamente se ahoga, no habían tardado 18 días para encontrarla en el mismo sitio donde todos buscaron. Hasta buzos profesionales", planteó.
Dos imputados y una familia inconforme
El 2 de junio de 2026, la Fiscalía imputó cargos por el presunto delito de homicidio culposo a dos personas vinculadas al colegio. Se trata de la docente Emely Viviana Fuentes Hernández, directora del salón de Valeria, y de Danny Javier Ochoa Prada, director de infraestructura, a quien la familia identifica como familiar de la rectora.
La familia calificó el avance de insuficiente. A través de su abogado, Julián Quintana, pidió que también se impute a la rectora, Sonia Ochoa Daza, y a otras personas que considera responsables, y solicitó el cambio de la fiscal del caso.
La Fiscalía también abrió una indagación por un presunto delito ambiental, por la cercanía del colegio al río donde murió la niña.
Por su parte, el abogado del colegio, Francisco Bernate, dijo que la institución estuvo dispuesta a conciliar. Según él, la familia pidió una indemnización de 11.000 millones de pesos que el plantel considera imposible de asumir.
Por qué le cancelaron la licencia al colegio
La sanción de la Gobernación es administrativa y corre por un carril distinto al penal. La Dirección de Buen Gobierno Educativo declaró al colegio responsable por tres omisiones y le impuso la cancelación de la licencia, la más grave de las cinco sanciones que contempla la norma.
El primer cargo es no haber previsto el riesgo del río Frío en su plan de gestión del riesgo. Según la resolución, el colegio sí identificó el río, pero solo como una amenaza de inundación para las zonas recreativas, no como un peligro para un estudiante que pudiera llegar hasta la ronda hídrica.
El segundo es la falla en la custodia y la vigilancia de la menor. El tercero, la falta de un procedimiento claro, que hizo que el aviso a los papás y a las autoridades llegara tarde.
La resolución insistió en que el colegio tenía un "deber reforzado" de cuidado por tratarse de una niña con discapacidad. Para sostenerlo, citó una sentencia reciente de la Corte Constitucional, la T-171 de 2025, según la cual no implementar los ajustes razonables de un estudiante con discapacidad es una forma de discriminación.
Ese argumento jurídico se apoya, justamente, en un deber distinto frente a la discapacidad. Es el punto que Cortés mira con reparo, porque, en su lectura, plantear obligaciones adicionales termina volviéndose en contra de los niños.
Estudiantes con síndrome de Down. Foto: Ilustración de Canva.
Los números del debate
Las cifras ayudan a entender de cuántos niños se está hablando. En 2023 había 200.334 estudiantes con alguna discapacidad en los colegios del país: 2 de cada 100. Así lo calculó el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, con datos de matrícula del Ministerio de Educación.
De ese grupo, la mayoría tiene una discapacidad intelectual: 96.035 estudiantes. En esa misma casilla cabe el síndrome de Down, que las estadísticas oficiales no cuentan aparte. Por eso el país no sabe con exactitud cuántos niños con esa condición hay en las aulas.
La mayoría estudia en colegios públicos. En los privados, como el de Valeria, había 40.124 estudiantes con discapacidad; en los oficiales, 160.210.
La brecha más grande aparece en la asistencia. Entre los 5 y los 16 años, el 72,9% de los niños con discapacidad asistía a clases en 2024, frente al 95,4% de los niños sin discapacidad, una diferencia de 22,5 puntos, según la misma fuente. En ese mismo grupo, el analfabetismo llega al 34,2%, contra el 9,2% de sus pares.
Colombia tampoco tiene una cifra oficial precisa de cuántas personas viven con síndrome de Down. Las estimaciones de incidencia rondan un nacimiento por cada 800 a 1.000, una condición que el sistema educativo agrupa, sin desglosar, dentro de la discapacidad intelectual.
Lo que viene
Gimnasio Campestre Los Laureles. Foto: Redes sociales.
Cortés resume su temor en una frase. "La sanción al colegio (…) hará que cada vez más nos cierre opciones", dijo, y admitió que, aunque "era cierto que hay que mostrar un culpable", no sabe cómo lo tomará la educación privada.
Por ahora, la decisión de la Gobernación no es definitiva. El colegio puede interponer recursos de reposición y apelación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación.
Si queda en firme, la cancelación regirá al cierre del año lectivo 2026, para no dejar a los demás estudiantes sin clases, y la rectora deberá radicar el plan de reubicación de los alumnos antes del 31 de octubre. En el proceso penal, la Fiscalía ya radicó la imputación contra los dos vinculados, mientras la familia insiste en ampliar la lista de responsables.
