General del Ejército será condenado ejemplarmente por la JEP

El abogado Sebastián Escobar, del Colectivo José Alvear Restrepo, en diálogo con Minuto60 dijo que es relevante que se tenga una sentencia condenatoria contra 12 militares responsables de ejecuciones extrajudiciales del Batallón La Popa, quienes además habían reconocido estos hechos desde tiempo atrás.

En el proceso, que hace parte del macrocaso número tres, se han judicializado otros militares que se sometieron a la Jurisdicción Especial Para la Paz, con el compromiso de aportar verdad, justicia y reparación; sin embargo, en tres casos particulares no se aceptó la responsabilidad, por línea de mando, en estos hechos del Batallón Mecanizado de la Popa, ocurridos entre 2002 y 2005.

En este caso de ser hallado culpable, podría purgar hasta 20 años de prisión

Sebastián Escobar, abogado de víctimas de falsos positivos

“En el caso de la Popa hay 15 máximos responsables fueron identificados. 12 reconocieron responsabilidad, que son los que están en esta sentencia, tres no lo hicieron. De esos tres ya culminó el juicio adversarial en la jurisdicción del general Plubio Hernán Mejía, comandante del Batallón la Popa entre finales de 2002 y 2004 y pues esa sentencia debe estar por emitirse”, señaló el abogado.

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Añadió que la sentencia se debe proferir por la Sección de No Reconocimiento y que, por no haber aceptado o reconocido responsabilidades, el alto oficial en retiro, está sometido a un régimen de sanciones diferente, e indicó que “en este caso de ser hallado culpable, podría purgar hasta 20 años de prisión”.

“Por supuesto que esta sentencia es un paso importante, pero es limitada en términos de la responsabilidad en un nivel jerárquico, porque solo aborda 12 máximos responsables, pero digamos que el de mayor jerarquía fue el segundo comandante del Batallón La Popa que era un mayor para la época de los hechos”, explicó el representante de víctimas.

Primera condena con elementos novedosos

El abogado Sebastián Escobar señaló que la sentencia es novedosa, más allá de la determinación de responsabilidades, toda vez que hay sanciones que consisten en obras, trabajos y con un contenido restaurador. No obstante, advierte que hay desafíos para su implementación.

Con base en lo anterior, el jurista indicó que en la sentencia hay seis proyectos, pero que solo se iniciará con la implementación de uno, que, hasta la fecha, es el que tiene las condiciones, mientras que los cinco restantes presentan inconvenientes por falta de financiación y mecanismos de implementación claros y concretos.

“Es el componente de moralización, mediante el cual los comparecientes van a trabajar en una serie de actividades de creación y construcción de osarios para víctimas de la región Caribe que fue justamente la región en la que se investigaron estos hechos, quedan muchos desafíos para la implementación de las demás sanciones”, señaló frente al componente a implementar.

De otra parte, sostuvo que en la sanción restaurativa se fijó que la restricción de la libertad de los militares se va a dar en un entorno en el que no saldrán de la ciudad de Valledupar, porque allí es donde se desarrollará la actividad que se les impuso. Es decir, que en ese orden no se podrán mover de la capital de Cesar sin la autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En cuanto a los demás casos de los llamados ‘falsos positivos’ señaló que hay varias decisiones en camino, que muy pronto se tendrán resultados de los casos ocurridos en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde han sido llamados a responder un nutrido número de militares.

“Esta es una sentencia que se llama Caribe Uno en donde se abordan 135 víctimas del periodo comprendido entre finales del 2002 e inicios de 2003 y 2005, sin embargo, hay muchos otros hechos no solo del Batallón La Popa sino de todas las unidades militares que existieron en la zona Caribe y por supuesto todos los hechos ocurridos en el país”, indicó el abogado Escobar.

No se van a investigar los 6402 casos justamente porque se priorizaron en la jurisdicción por ahora seis casos territoriales

¿Se conocerán en detalle los 6.402 casos?

La Jurisdicción Especial para la Paz desde hace un tiempo advirtió que se tiene un registro de 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, no obstante, por el modelo de justicia transicional, explicó el abogado Sebastián Escobar, no será posible conocer en detalle cada uno de los casos.

“No se van a investigar los 6402 casos justamente porque se priorizaron en la jurisdicción por ahora seis casos territoriales, está en marcha una priorización nacional, pero dicha priorización no tiene la capacidad de investigar todo el conjunto de los hechos y no va a llegar al detalle del hecho al hecho, pero esperamos que, si pueda contribuir a una verdad de esos fenómenos”, indicó el abogado.

Dicho de otro modo, este es un modelo judicial que a diferencia de llevar caso a caso como se hace en la justicia ordinaria, se investigan mediante un enfoque macrocriminal y se aplica además el uso de criterios de priorización y de selección.

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Finalmente, consideró que en el caso de los falsos positivos los responsables de dar las ordenen no fueron solo militares, sino también civiles, incluido el máximo jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la República, quien debe ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.