Actualizado 31 de julio de 2025 - 8:54 a. m.
Denuncian presiones en caso Álvaro Uribe Vélez
Ante organismos internacionales denuncian presiones a la justicia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
Periodista Digital
Imagen de la audiencia en contra de Álvaro Uribe. Crédito: Archivo particular
Organizaciones de derechos humanos y víctimas vinculadas al caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez alertaron a instancias internacionales sobre presuntas presiones externas al poder judicial colombiano, luego de conocerse el sentido del fallo condenatorio en primera instancia contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Mediante una comunicación oficial, las organizaciones se dirigieron a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a la comisionada Roberta Clarke, relatora sobre personas defensoras y operadoras de justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA - Iván Cepeda Castro https://t.co/8llXornh6i
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 31, 2025
Denuncian presiones nacionales e internacionales
En la carta, los firmantes advierten sobre lo que consideran "graves presiones nacionales" y también presiones de autoridades de Estados Unidos que, según afirman, estarían afectando la independencia del poder judicial en Colombia.
Estas acciones, sostienen, se habrían intensificado tras la decisión de una jueza de conocimiento que halló culpable a Uribe Vélez, convirtiéndolo en el primer expresidente colombiano condenado penalmente.
Según el comunicado, estos intentos de interferencia representan una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano. Las organizaciones recalcan que cualquier forma de presión sobre jueces, fiscales o testigos no solo debilita la confianza ciudadana en la justicia, sino que también vulnera compromisos internacionales en materia de derechos humanos y separación de poderes.
¿Qué piden a la ONU y la CIDH?
Las organizaciones solicitan a las relatorías que realicen seguimiento cercano al caso, que emitan pronunciamientos públicos sobre la necesidad de proteger la independencia judicial en Colombia y que intervengan diplomáticamente ante el Gobierno colombiano para garantizar que no haya injerencias indebidas en el proceso.
Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional a estar atenta ante eventuales represalias o campañas de desprestigio contra operadores judiciales involucrados en este caso.
En las próximas horas se dictará la condena que tendrá que pagar el expresidente Álvaro Uribe. Colprensa
El juicio contra Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un proceso penal por presuntamente haber influido en testigos a través de terceros, con el fin de beneficiar su defensa en un proceso previo por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
El pasado lunes, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, emitió sentido de fallo condenatorio, lo que podría significar una pena de al menos nueve años de prisión, aunque la sentencia definitiva será determinada mañana.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un comunicado, en el que se rechaza las supuestas presiones en el proceso y las injerencias que ponen en duda la independencia de la rama judicial.
La Corte Suprema de Justicia sería una de las instancias a la que podría acudir el exmandatario. Corte Suprema
¿Por qué es importante?
Este episodio marca un punto crítico en la historia judicial y política del país. La reacción nacional e internacional frente al caso Uribe —ya sea de apoyo o crítica— podría tener efectos duraderos sobre la percepción de independencia de la justicia colombiana, especialmente en casos que involucran figuras de alto perfil.
Las organizaciones firmantes han insistido en que la justicia debe operar libre de presiones políticas, mediáticas o diplomáticas, y que proteger ese principio es esencial para el Estado de derecho.