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24 de agosto de 2025
Actualizado 23 de agosto de 2025 - 7:21 p. m.

Tragedia en La Rioja: joven emberá muere en presuntos hechos de violencia

La comunidad emberá denuncia hacinamiento, abandono institucional y riesgos crecientes para su niñez en Bogotá.

María Fernanda Sierra

Periodista Digital

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Joven emberá muere en La Rioja en hechos de violencia.Crédito: Alcaldía de Bogotá

La Administración Distrital confirmó el fallecimiento de un joven perteneciente a la comunidad Emberá en el asentamiento La Rioja, en el centro de Bogotá.

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El hecho, ocurrido en medio de una celebración, es investigado por la Fiscalía General de la Nación, que busca esclarecer las causas y establecer responsabilidades. De inmediato, el Puesto de Mando Unificado (PMU) activó protocolos de atención y protección para las más de 500 personas que habitan el lugar, entre ellas 289 niñas, niños y adolescentes.

Un albergue temporal convertido en asentamiento permanente

La Rioja funciona como Unidad de Protección Integral (UPI) desde 2022. Aunque fue concebida como albergue temporal, se ha transformado en un asentamiento permanente con condiciones precarias y altos niveles de hacinamiento. En varias ocasiones, el Distrito solicitó a los voceros emberá suspender la celebración prevista para el 20 de agosto, alertando sobre los riesgos que representaba para niñez y mujeres gestantes en entornos de consumo excesivo de alcohol.

La tragedia se suma a otros hechos dolorosos: en febrero de 2025 una niña de siete años falleció en circunstancias aún bajo investigación, y desde 2022 se han registrado al menos quince muertes de menores en este lugar.

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UPI La Rioja Alcaldía de Bogotá

Reubicación forzosa e intentos de retorno

En junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la evacuación inmediata de La Rioja, tras concluir que la permanencia de las familias en condiciones insalubres y de hacinamiento extremo constituye un riesgo radical para su vida e integridad. El fallo señaló que, en algunos espacios, la densidad poblacional supera en un 185 % lo permitido por norma, vulnerando derechos fundamentales, especialmente de la niñez.

En respuesta, la Alcaldía de Bogotá anunció planes de traslado hacia albergues temporales, como los gestionados por el Idpac, y puso en marcha mesas de diálogo con líderes emberá para concertar condiciones de reubicación. Sin embargo, el proceso enfrenta resistencias: mientras un sector rechaza ser trasladado a otros espacios de la capital por temor a divisiones internas y pérdida de autonomía, otro grupo insiste en un retorno digno y voluntario a sus territorios ancestrales en Chocó y Risaralda. Estas solicitudes van acompañadas de exigencias de garantías de seguridad y proyectos productivos que permitan a las familias reconstruir su vida comunitaria sin riesgo de un nuevo desplazamiento.

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UPI La Rioja Alcaldía de Bogotá

Condiciones de vida, riesgos y vulnerabilidad extendida

La niñez emberá en Bogotá enfrenta entornos peligrosos y altamente vulnerables: su día a día transcurre entre hacinamiento, falta de servicios básicos y exposición a dinámicas de microtráfico, violencia y explotación. Sin espacios seguros para estudiar o jugar, muchos menores viven procesos de desarraigo cultural que afectan su desarrollo.

A esto se suma la fragmentación institucional, marcada por disputas burocráticas que retrasan soluciones de fondo y dejan a las familias en un limbo administrativo. En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el riesgo de reclutamiento infantil y utilización de menores por actores armados ilegales y estructuras delictivas urbanas. Al mismo tiempo, ha reconocido la legitimidad de las guardias indígenas como autoridades tradicionales y garantes de protección comunitaria.

Medidas urgentes y llamados al Estado

La comunidad emberá ha sido objeto de acuerdos históricos con el Gobierno Nacional, como los suscritos con el presidente Gustavo Petro para mejorar salud, educación y vivienda en el Chocó. No obstante, problemas estructurales como el suicidio indígena en territorios ancestrales muestran que se requieren políticas culturalmente sensibles y sostenibles.

Lo ocurrido en La Rioja no es un episodio aislado, sino parte de una crisis humanitaria prolongada que refleja la negligencia institucional hacia los pueblos indígenas desplazados. Los recientes fallecimientos y la orden judicial de reubicación obligan a repensar las respuestas estatales y a buscar soluciones de fondo, respetuosas de la cultura emberá y sostenibles en el tiempo.

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