Rectores de universidades públicas reaccionan a las declaraciones de Abelardo De La Espriella
Diferentes rectores de universidades públicas se pronunciaron frente a las declaraciones del presidente, sobre ingresar a la Policía a los campus.
Rectores de universidades públicas responden a De La Espriella
Varios rectores de universidades públicas del país se pronunciaron frente a las declaraciones hechas por el presidente Abelardo De La Espriella durante su alocución del domingo 13 de septiembre, en la que se refirió a la posibilidad de intervenir con la Fuerza Pública los campus universitarios en medio de protestas.
El mandatario marcó una línea entre la movilización social y los hechos que puedan constituir delitos y cuestionó que la autonomía universitaria pueda convertirse en un límite para las autoridades cuando se presenten actos de violencia.
“La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable. La protesta pacífica será garantizada y respetada por el Gobierno, pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta”, afirmó De La Espriella.
Las declaraciones abrieron nuevamente el debate sobre los límites de la autonomía universitaria, la actuación de las autoridades frente a hechos delictivos y la manera en que deben responder las instituciones ante episodios de violencia dentro o alrededor de los campus.
¿Qué dijo el rector de la Universidad Nacional sobre la intervención de la Fuerza Pública?
El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, manifestó en Blu Radio que comparte la preocupación del presidente frente a la comisión de delitos dentro de los campus, pero consideró que una intervención de la Fuerza Pública en medio de protestas pacíficas no necesariamente constituye la solución.
Para Peña, las autoridades deben priorizar la inteligencia y la identificación de los responsables, especialmente cuando se trate de personas ajenas a las comunidades universitarias que pretendan utilizar los campus para cometer actos violentos.
“Nuestra propuesta es que el Gobierno se apoye en la inteligencia para que identifique y capture a esas personas que no pertenecen a la universidad pública y que intentan utilizarlas como campos de batalla”, sostuvo el rector.
Peña explicó que, de acuerdo con su experiencia, el ingreso de la Fuerza Pública durante una protesta no necesariamente permite solucionar el problema. Por el contrario, consideró que los responsables pueden terminar ocultándose entre los estudiantes.
“Tradicionalmente el ingreso de la Fuerza Pública al campus no tiene ningún efecto. Los delincuentes se escudan en los estudiantes. La intervención no tiene efecto, la solución es inteligencia”, afirmó.
El rector también planteó medidas para fortalecer el control sobre quienes ingresan a las universidades. Entre ellas mencionó la exigencia del carné universitario y el registro de ciudadanos externos que entren a los campus.
Peña recordó, además, que la Universidad Nacional ha enfrentado episodios graves de violencia. Mencionó el intento de asesinato de dos estudiantes y una explosión ocurrida en un edificio de Sociología, casos en los que sí ingresaron la Policía y la Fiscalía para adelantar las respectivas investigaciones.
Al mismo tiempo, el rector señaló que está de acuerdo con que los campus universitarios no pueden convertirse en espacios para cometer delitos.
“Estoy totalmente de acuerdo con el presidente, los campus no son para el delito y la autonomía no significa estar por encima de la ley. Entonces se necesitan acciones concretas, de inteligencia, más que de fuerza”, sostuvo.
Peña también se mostró dispuesto a dialogar con el Gobierno para construir protocolos de actuación frente a las protestas, de manera que se garantice el derecho a la movilización pacífica y, al mismo tiempo, se pueda actuar frente a hechos delictivos.
“La Universidad Nacional es autónoma, pero no es soberana. En caso de un delito, la Policía puede entrar sin pedir permiso”, puntualizó.
¿Qué plantearon los rectores de la Universidad de Córdoba y del Valle?
Desde la Universidad de Córdoba, su rector, Jairo Torres, señaló que las instituciones educativas han trabajado para enfrentar la violencia mediante herramientas pedagógicas y consideró que cualquier protocolo que se establezca debe construirse conjuntamente con las universidades.
“Hemos trabajado por erradicar la violencia dentro de las universidades de forma pedagógica”, afirmó Torres en declaraciones a Caracol TV.
El rector sostuvo que cuando el presidente plantea la creación de un protocolo, existe una oportunidad para establecer reglas claras frente a este tipo de situaciones, pero insistió en que las universidades deben participar en su elaboración.
“Nuestra autonomía está centrada en la capacidad de pensarnos, en nuestras responsabilidades”, explicó.
Torres también advirtió sobre los antecedentes de intervenciones de la Fuerza Pública que, según dijo, han terminado afectando a estudiantes que no tienen relación con los hechos violentos.
“Cuando la Fuerza Pública interviene, han sido intervenciones desproporcionadas, donde estudiantes que no tienen nada que ver terminan afectados”, señaló.
Por esa razón, consideró que cualquier protocolo debe ser concertado entre el Gobierno y las universidades, teniendo en cuenta la experiencia de las instituciones en el manejo de las protestas y de los conflictos dentro de los campus.
Desde la Universidad del Valle, el rector Guillermo Murillo sostuvo que las comunidades universitarias también son víctimas de los hechos violentos que se presentan en sus entornos y rechazó que las instituciones sean asociadas con quienes cometen actos delictivos.
“En nuestros comunicados y pronunciamientos hemos dicho que nosotros somos víctimas de estos ataques”, afirmó Murillo en Blu Radio.
El rector señaló que la Universidad del Valle ha pedido que estos hechos sean objeto de investigaciones por parte de las autoridades competentes y sostuvo que quienes cometen actos violentos no representan a la comunidad universitaria.
“Siempre hemos señalado que debe haber investigaciones serias y debe ser manejado por los órganos del Estado”, afirmó.
Murillo también aseguró que, al menos en el caso de la Universidad del Valle, algunos de los hechos señalados por el Gobierno no se originan dentro del campus, sino en zonas externas.
“Estos episodios no ocurren dentro de la universidad. Los artefactos los preparan alrededor de los espacios externos. Al interior de la universidad no ocurre, por lo menos en la del Valle”, sostuvo.
El rector agregó que algunos de los responsables provendrían de otras ciudades y enfatizó que la institución no encubriría a ninguna persona involucrada en hechos violentos.
“Nosotros en la Universidad jamás encubriríamos a quien haga estos hechos de violencia”, afirmó.
Para Murillo, el desafío consiste en encontrar a los responsables sin generalizar sobre toda la comunidad universitaria. “No es justo que una comunidad se vea afectada por un par de personas”, concluyó.
Las posiciones de los tres rectores coinciden en un punto: la autonomía universitaria no puede utilizarse para proteger delitos, pero cualquier intervención de la Fuerza Pública debe diferenciar entre quienes participan pacíficamente en una protesta y quienes incurren en hechos violentos. Por eso, mientras el Gobierno plantea establecer protocolos, los rectores piden que esas reglas sean construidas conjuntamente y que la inteligencia y la investigación permitan identificar a los responsables.
