¿Qué facultades extraordinarias busca darle el Centro Democrático al presidente De La Espriella?
El proyecto busca que el presidente pueda fusionar, eliminar o transformar ministerios y entidades durante seis meses, con una meta de ahorro.
En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley por parte de la bancada del Centro Democrático, con la que se busca otorgarle facultades extraordinarias al presidente Abelardo De La Espriella durante seis meses, para reorganizar la estructura de la Administración Pública Nacional.
La iniciativa permitiría al mandatario tomar decisiones sobre ministerios y otras entidades mediante normas con fuerza de ley, en caso de que el Congreso apruebe la propuesta.
El proyecto de ley fue radicado por los senadores Julia Correa y Juan Caicedo, ambos del partido uribista. Plantea crear una herramienta para que el Gobierno pueda avanzar en su propuesta de reducir el Estado.
Esta es una iniciativa que planteaba el presidente Abelardo De La Espriella desde su campaña, buscando disminuir la cantidad de ministerios y fusionar entidades para bajar los gastos de funcionamiento del Estado.
Justamente, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez ha señalado que se plantean tomar estas acciones, aunque todavía no existe un listado oficial de las carteras que serían modificadas. La propuesta de campaña plantea pasar de 18 ministerios a 13.
¿Qué podría hacer el presidente De La Espriella con estas facultades extraordinarias?
El proyecto plantea que, durante un periodo de seis meses, el presidente pueda expedir normas con fuerza de ley dirigidas a reorganizar y racionalizar la estructura de la Administración Pública Nacional.
Entre las facultades incluidas aparece la posibilidad de crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir, disolver y ordenar la liquidación de entidades y organismos nacionales. También se contempla la modificación de su naturaleza jurídica y de sus objetivos, así como la reorganización de las capacidades de los sectores que sean intervenidos.
Otra de las herramientas previstas es la posibilidad de trasladar, distribuir o reasignar funciones y competencias entre entidades. Esto permitiría que, en caso de una fusión o eliminación, las responsabilidades que actualmente están concentradas en una entidad puedan pasar a otra dentro de la estructura estatal.
La iniciativa también contempla modificaciones sobre las plantas de personal. El Ejecutivo podría determinar las plantas de empleados de las entidades y organismos que sean objeto de la reorganización, además de realizar los traslados y ajustes presupuestales necesarios para implementar los cambios.
Uno de los límites planteados es que esos ajustes presupuestales no impliquen un aumento del monto total asignado a cada cartera. Es decir, la propuesta está planteada bajo la lógica de reorganizar los recursos existentes y reducir los costos de funcionamiento, más que ampliar el presupuesto de las entidades intervenidas.
Los autores del proyecto justifican la iniciativa en la necesidad de eliminar duplicidades funcionales, corregir la dispersión institucional, mejorar la coordinación entre entidades y racionalizar el gasto de funcionamiento. En esa línea, la propuesta busca entregar al Gobierno una herramienta para ejecutar rápidamente una reorganización administrativa que, bajo el trámite ordinario, requeriría diferentes actuaciones legislativas y administrativas.
¿Cuánto busca ahorrar el proyecto?
El senador Juan Caicedo aseguró que el objetivo sería alcanzar un ahorro permanente equivalente al 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que calculó en aproximadamente $ 42 billones. Según explicó, esos recursos podrían utilizarse para reducir impuestos y aumentar la inversión en áreas consideradas prioritarias.
La senadora Julia Correa, por su parte, defendió la propuesta bajo el argumento de que una reducción del gasto de funcionamiento permitiría avanzar hacia un Estado con una estructura más pequeña.
Honrando la austeridad del Estado que defendemos en el Centro Democrático, radicamos, con compañeros de la bancada, un Proyecto de Ley para unir fuerzas con el Presidente Abelardo de La Espriella y darle facultades de eliminar, fusionar o modificar ministerios y entidades, con el… pic.twitter.com/orqTgFvgSL
— Juan Caicedo (@juancaicedocal) September 16, 2026
La iniciativa está relacionada directamente con una de las principales propuestas de reorganización administrativa que ha planteado De La Espriella desde la campaña presidencial. El mandatario ha hablado de reducir el número de ministerios de 18 a 13, mientras que desde el Gobierno también se ha mencionado la posibilidad de fusionar entidades.
¿Qué entidades quedarían por fuera?
Las facultades propuestas no serían ilimitadas. El proyecto establece expresamente que no podrían utilizarse para intervenir determinadas entidades que cuentan con autonomía constitucional o un régimen especial.
Entre ellas aparecen el Banco de la República, los entes universitarios autónomos y las corporaciones autónomas regionales. También se contemplan restricciones para otros organismos y entidades sometidos a regímenes especiales.
La propuesta sí menciona de manera expresa a los 18 ministerios, además de sectores relacionados con Función Pública, Inclusión Social y Reconciliación, Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, Planeación y la Presidencia de la República.
Esto significa que el alcance del proyecto no se limitaría exclusivamente a decidir qué ministerios permanecen o desaparecen. También permitiría modificar la estructura de diferentes entidades y redistribuir funciones dentro de la Administración Pública Nacional.
¿De La Espriella podría eliminar ministerios sin pasar por el Congreso?
Este es uno de los principales puntos y el interés de la propuesta. De acuerdo con el proyecto, las facultades extraordinarias permitirían que el presidente expida decretos con fuerza de ley para ejecutar las modificaciones autorizadas durante el periodo establecido, por lo que sí podría eliminar ministerios sin necesidad de pasar por el Congreso de la República.
La iniciativa busca, de esta manera, darle al Ejecutivo una herramienta temporal para realizar la reorganización administrativa sin que cada modificación tenga que regresar al Congreso para surtir un nuevo trámite.
El proyecto todavía no es una ley. Fue radicado el 17 de septiembre y debe continuar su trámite legislativo, por lo que su contenido puede ser modificado durante la discusión parlamentaria.
Además, el alcance definitivo de las facultades dependerá de lo que finalmente apruebe el Congreso. Por ahora, la propuesta establece seis meses como periodo para que el Gobierno ejerza las facultades extraordinarias.
Por ahora, no existe un listado definitivo de los ministerios que desaparecerían o serían fusionados. Lo que sí está definido en la iniciativa radicada es el conjunto de facultades que el Centro Democrático propone otorgar: reorganizar entidades, fusionarlas, suprimirlas o transformar sus funciones, modificar plantas de personal y hacer los ajustes presupuestales necesarios, todo dentro de un plazo de seis meses y con el objetivo declarado de reducir el gasto de funcionamiento.
