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Procesos de paz: Gobierno Nacional tomó decisión sobre la continuidad de los diálogos

El Gobierno Nacional anunció el futuro de los diálogos de paz que se venían llevando a cabo en el territorio nacional.

Esta decisión hace parte de las promesas de campañas de Abelardo De La Espriella - Crédito: Foto: Colprensa
Diego ChaparroPeriodista
11 SEP 2026 - 17:06Actualizado: 11 SEP 2026 - 17:06

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El presidente Abelardo De La Espriella sigue tomando decisiones frente a los diálogos y procesos de paz que quedaron abiertos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Esta vez, el mandatario ordenó poner punto final a los escenarios de negociación, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación que fueron heredados de la administración anterior y que, según el Ejecutivo, no dejaron resultados concretos en paz, desarme o sometimiento a la justicia.

La determinación se produce luego de que el nuevo Gobierno revisara los procesos que permanecían vigentes con distintas organizaciones armadas. Desde el Ejecutivo sostienen que estos espacios no pueden convertirse en una herramienta para prolongar actividades criminales mientras sus integrantes permanecen bajo mecanismos de interlocución con el Estado.

El propio presidente defendió la decisión y aseguró que con ella está cumpliendo una de las promesas que hizo al asumir el cargo. En un mensaje publicado en sus redes sociales, De La Espriella afirmó: “En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas”.

El mandatario también cuestionó los recursos que, según las cifras entregadas por el Ejecutivo, fueron destinados durante el gobierno anterior a estos procesos. “Durante cuatro años se gastaron más de $7.000 millones en honorarios de voceros, representantes y negociadores, mientras las organizaciones criminales se fortalecían, desafiaban al Estado y seguían golpeando a los colombianos y a nuestra Fuerza Pública”, señaló.

Y fue más allá al establecer cuál será la posición de su administración frente a quienes continúen en actividades ilegales: “Eso se acabó. En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad”.

¿Qué procesos de paz quedaron cerrados por decisión del Gobierno?

La determinación cobija las mesas de negociación que se habían instalado con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. También quedan fuera de la estrategia estatal la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A la lista se suman los espacios de conversación de carácter sociojurídico que se mantenían con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.

El Gobierno también anunció el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, con lo que desaparece otro de los mecanismos utilizados para facilitar el acercamiento entre el Estado y organizaciones armadas.

En su pronunciamiento, De La Espriella dejó claro que su Gobierno no contempla mantener un tratamiento político para las organizaciones criminales y resumió su posición en una frase: “El mensaje es inequívoco: sometimiento a la justicia o enfrentar toda la fuerza legítima de la República”.

¿Cuál será la nueva estrategia frente a los grupos armados?

Con el cierre de estos escenarios, el Gobierno busca establecer una diferencia entre quienes manifiesten una voluntad real de abandonar las actividades ilegales y quienes persistan en la violencia. Para los primeros, la ruta será el sometimiento a la justicia; para los segundos, el Ejecutivo advierte que utilizará las capacidades de la Fuerza Pública dentro del marco constitucional y legal.

La administración de De La Espriella cuestiona que los mecanismos heredados hayan producido los resultados esperados mientras algunas organizaciones armadas continuaron fortaleciendo su presencia territorial y capacidad criminal. Por eso, la nueva política pone el énfasis en seguridad, autoridad y justicia, en lugar de mantener abiertas mesas sin resultados concretos.

El presidente cerró su mensaje defendiendo precisamente ese enfoque: “La paz verdadera se construye con seguridad, autoridad y justicia, no arrodillando al Estado ante los criminales”.

Así, el Gobierno de Abelardo De La Espriella pone punto final a los principales escenarios de diálogo y acercamiento heredados de la administración Petro y establece una nueva condición para cualquier organización que pretenda abandonar la violencia: dejar las armas y someterse a la justicia.

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