“Queremos seguir”: exguerrilleros se quedaron en Putumayo tras el fin de diálogos de la Paz Total
Cerca de la mitad de los miembros del grupo Comandos de Frontera decidieron quedarse en Putumayo, pese a que el presidente dio el fin a la Paz Total.
Durante la noche de este 9 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella le dio la estocada final al fin de la política de Paz Total, creada durante el anterior gobierno del expresidente Gustavo Petro.
El Gobierno decidió firmar el acta de defunción de los procesos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) al terminar la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Putumayo. Allí permanecían 99 integrantes de esta estructura, quienes esperaban hacer el tránsito a la vida civil y avanzar en la dejación de armas, como parte de un proceso que buscaba sacar a estas personas de la confrontación armada.
Pese a este anuncio, cerca de la mitad de estos exguerrilleros decidieron quedarse, pese a la incertidumbre sobre las garantías para continuar con el proceso. Desde allí solicitaron al Gobierno darles la oportunidad de seguir en la legalidad, en lugar de abandonar la ruta que habían iniciado después de la dejación de armas.
La Cneb había dado muestras de querer abandonar la confrontación y buscar una salida hacia la vida civil. Sus integrantes ingresaron a la ZUT después de realizar la dejación de armas el pasado 18 de junio, en el marco del proceso que había comenzado con el Gobierno anterior.
Exguerrilleros piden al Gobierno una oportunidad para continuar en la legalidad
La decisión de permanecer en Putumayo tomó fuerza después de que el Gobierno anunciara el cierre de la ZUT. Mientras cerca de la mitad de quienes se encontraban allí optaron por abandonar el lugar, quienes permanecen pidieron garantías para su seguridad y para definir su situación jurídica.
En declaraciones los exguerrilleros manifestaron que su intención es continuar con el camino hacia la vida civil y no regresar a las armas. Uno de ellos expresó: “Lo que más pedimos es que respeten nuestras vidas, porque esta decisión que tomamos, la tomamos fue por todas nuestras familias, porque queremos ir a casa. Y si dejamos un fusil es porque ya no queremos volver a alzar un fusil”.
#Atención | @CaracolRadio conoció este video en donde los hombres y mujeres que decidieron quedarse en la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo, ante la resolución del Gobierno Nacional que da por terminado este espacio, piden respeto por su vida y una… pic.twitter.com/IFDOUdkEVy
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 10, 2026
También solicitaron la presencia de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para conocer cuál será la ruta que tendrán después del cierre de la ZUT y cómo se resolverá su situación jurídica.
El Gobierno estableció que la ZUT del Valle del Guamuez terminará el 30 de septiembre de 2026. La medida hace parte del giro que la administración de De La Espriella ha dado frente a los procesos de diálogo heredados del Gobierno Petro.
La decisión sobre la Cneb había sido anunciada previamente por el presidente, quien aseguró que su Gobierno pondría fin a las mesas que, a su juicio, no mostraran resultados ni una voluntad verificable de paz. Posteriormente, mediante resoluciones, se formalizó el cierre de varios procesos, entre ellos el de esta estructura.
El caso de Nariño y el choque entre De La Espriella y el gobernador
A este caso se suma el de los Comuneros del Sur en Nariño, una estructura que se separó del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en mayo de 2024 para adelantar un proceso de paz independiente con el Gobierno de Gustavo Petro. La ruptura se produjo después de las diferencias entre esta estructura y la dirección nacional del Eln por la decisión de avanzar en diálogos regionales.
Los Comuneros del Sur llegaron a comprometerse con la dejación de armas y avanzaron en diferentes acuerdos dentro de la mesa de diálogo. Incluso, en febrero de 2026, las partes habían alcanzado un acuerdo para garantizar que la estructura no interfiriera en las elecciones y habían avanzado en la definición de una zona de ubicación temporal para sus integrantes.
Sin embargo, el Gobierno de De La Espriella decidió poner fin a este proceso al considerar que no existían suficientes muestras de voluntad de paz. Con ello, la administración nacional desmontó otro de los procesos que habían sido impulsados durante la política de Paz Total.
La decisión provocó además un fuerte choque político con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien ha defendido los resultados de los diálogos territoriales y ha pedido al Gobierno nacional evaluar lo que, según él, se había logrado en materia de seguridad y transformación territorial.
El enfrentamiento escaló durante la Cumbre de Gobernadores en Mompox, cuando De La Espriella advirtió que ningún gobernador o alcalde podía adelantar por su cuenta negociaciones o contactos con estructuras armadas. “Está advertido”, le dijo directamente al mandatario departamental.
Escobar respondió que las negociaciones de paz son competencia del Gobierno Nacional, pero defendió los avances alcanzados en Nariño y sostuvo que el departamento debe seguir apostándole a una paz territorial. También advirtió sobre el riesgo de pasar de la “Paz Total” a la “guerra total”.
Así, mientras el Gobierno de De La Espriella avanza en el desmonte de los procesos de diálogo heredados de Petro, en Putumayo permanece un grupo de personas que insiste en que su decisión de dejar las armas debe tener una salida distinta: seguir en la legalidad y tener una oportunidad para comenzar una nueva vida.
