Polémica por decreto del Gobierno: Paloma Valencia advierte riesgos para la propiedad privada
La excandidata Paloma Valencia lanzó una dura advertencia sobre un decreto del Gobierno Petro que, según afirma, podría afectar la propiedad privada.
La discusión sobre la propiedad privada en Colombia volvió a encenderse este jueves 23 de julio luego de que la excandidata presidencial Paloma Valencia denunciara que el Gobierno de Gustavo Petro expidió un decreto que, según ella, excede las facultades legales y podría generar graves consecuencias sobre la seguridad jurídica de los predios destinados a la reforma agraria. La controversia surgió a pocos días de la finalización del mandato presidencial y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el alcance de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.
A través de su cuenta de X, Valencia aseguró que el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, firmado por el Ministerio de Agricultura, representa un riesgo para la propiedad privada, pues, a su juicio, modifica aspectos fundamentales del Estatuto Registral mediante un acto administrativo y no a través del Congreso.
La congresista sostuvo que la norma le permitiría a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) cancelar gravámenes, registrar la denominada "posesión inmediata" de algunos predios y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa, una situación que, según afirmó, deja por fuera a jueces y registradores.
¿Por qué Paloma Valencia cuestiona el decreto?
En su pronunciamiento, la dirigente del Centro Democrático aseguró que el Gobierno "acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia", al considerar que la reglamentación va más allá de lo permitido por la ley.
Valencia explicó que el decreto adiciona disposiciones a varios decretos reglamentarios relacionados con los sectores agropecuario, justicia y hacienda para facilitar el saneamiento jurídico de predios adquiridos por la Agencia Nacional de Tierras, en desarrollo de la Ley 160 de 1994.
Uno de los puntos que más cuestionó tiene que ver con la creación de un código registral especial por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, mecanismo que deberá implementarse antes del 25 de julio de 2026 para identificar predios declarados de utilidad pública con destino a la reforma agraria.
Según Valencia, esta herramienta abriría la puerta para realizar anotaciones registrales con base en promesas de compraventa, situación que calificó como una modificación del Estatuto Registral mediante decreto.
La congresista también criticó la rapidez con la que fue expedida la norma. Recordó que el proyecto permaneció pocos días en consulta pública y aseguró que fue firmado por ministros encargados.
Un decreto ilegal e inconstitucional terminará cayéndose en el Consejo de Estado, pero mientras tanto provocará afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir.
Paloma Valencia, excandidata presidencial
#Atención | El Gobierno acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia.
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 23, 2026
El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 excede de forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar "posesión inmediata" de predios en… pic.twitter.com/dL39tGUGAr
Lo que busca el Gobierno con el Decreto 0765
Aunque las críticas se concentraron en el impacto sobre la propiedad privada, el Gobierno sostiene que el propósito de la reglamentación es agilizar la reforma agraria y reducir los obstáculos jurídicos que históricamente han retrasado la adquisición de tierras de utilidad pública.
El decreto establece mecanismos para que la Agencia Nacional de Tierras pueda acceder con mayor rapidez a la posesión material de los predios adquiridos, evitando que procesos administrativos o problemas de titulación frenen la ejecución de esta política pública.
Asimismo, desarrolla el concepto de saneamiento jurídico de los inmuebles adquiridos por la ANT. Esto significa que los problemas relacionados con la tradición o la titulación de los predios no impedirán que estos sean incorporados al patrimonio público para programas de acceso a la tierra.
No obstante, la reglamentación aclara que los derechos patrimoniales de terceros no desaparecen. Las personas que consideren afectados sus intereses podrán acudir a los mecanismos legales de reclamación e indemnización previstos por la legislación vigente.
El documento también fija procedimientos para informar a quienes aparezcan registrados como titulares de derechos sobre los inmuebles, mediante notificaciones y publicaciones oficiales, con el fin de garantizar el debido proceso.
El debate sobre la reforma agraria sigue abierto
La expedición del Decreto 0765 de 2026 vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles del Gobierno Petro: la implementación de la reforma agraria.
Mientras sectores cercanos al Ejecutivo consideran que las nuevas reglas permitirán acelerar la compra y formalización de tierras destinadas a campesinos, desde la oposición advierten que algunas disposiciones podrían generar inseguridad jurídica y afectar la confianza sobre la propiedad privada.
Valencia incluso anticipó que la norma podría ser demandada ante el Consejo de Estado, al considerar que excede las competencias reglamentarias del Ejecutivo.
Por ahora, el decreto ya se encuentra vigente y contempla nuevas reglas para el saneamiento jurídico de predios, la apertura de matrículas inmobiliarias, la creación de un código registral especial y la asunción por parte de la Nación de algunos costos tributarios asociados a la adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
El debate jurídico y político apenas comienza y, a pocas semanas del cambio de Gobierno, esta decisión promete convertirse en uno de los temas que seguirán marcando la discusión nacional sobre la reforma agraria, la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada.
