69 precandidatos presidenciales
Elecciones 2026: 69 precandidatos presidenciales van por firmas. - Crédito: Colprensa
2 de septiembre de 2025 - 11:46 a. m.
Actualizado - 2 de septiembre de 2025 - 11:46 a. m.

Arranca la carrera presidencial: 69 aspirantes buscan llegar a la Casa de Nariño por firmas

La Registraduría confirmó 69 comités inscritos que deberán superar el reto de 630.000 firmas para llegar al tarjetón presidencial en 2026.
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Este 2 de septiembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se han inscrito 69 comités ciudadanos que impulsarán candidaturas independientes a la Presidencia de la República en las elecciones de primera vuelta del próximo 31 de mayo de 2026.

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Con esta cifra, la contienda electoral empieza a tomar forma y a visibilizar el mecanismo de recolección de firmas como un escenario de participación ciudadana decisivo para definir quiénes llegarán oficialmente al tarjetón presidencial.

Este canal alternativo de inscripción, que evita la intermediación directa de partidos políticos, ya está siendo aprovechado por figuras de alto perfil en la vida nacional. Entre ellas se cuentan la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exsenador y actual líder de Cambio Radical David Luna, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y varios representantes del movimiento “La Fuerza de las Regiones”.

Esto refleja el atractivo de este mecanismo para quienes buscan proyectarse como alternativa frente a las maquinarias tradicionales.

En paralelo, también se mueve el tablero legislativo: hasta la fecha, se han inscrito 36 comités ciudadanos con el objetivo de recolectar firmas para el Congreso, 17 de ellos enfocados en el Senado y 19 en la Cámara de Representantes, lo que muestra que la apuesta por la representación independiente no se limita solo a la Presidencia.

Para garantizar transparencia y acompañamiento en el proceso, la Registraduría ha iniciado una serie de talleres pedagógicos con los comités inscritos, en los que se explican criterios sobre la validez de las firmas, las causales de anulación y los plazos que rigen cada etapa del calendario electoral. Con estas medidas, la entidad busca blindar el proceso de irregularidades y asegurar que los aspirantes que superen este filtro lo hagan con un respaldo ciudadano real y verificable.

El desafío de las firmas: un umbral elevado

Cada comité que aspire a competir por la Presidencia enfrenta un reto mayúsculo: reunir al menos el 3 % del total de votos válidos registrados en las elecciones presidenciales de 2022. De acuerdo con la Resolución 6064 de la Registraduría, esto se traduce en unas 630.000 firmas como mínimo, que deberán entregarse a más tardar el 17 de noviembre de 2025.

Una vez cumplido este plazo, la entidad electoral iniciará un proceso riguroso de verificación que se extenderá hasta el 21 de enero de 2026, fecha límite para definir qué aspirantes logran superar este primer filtro.

El requisito no es menor. En la práctica, supone desplegar equipos de recolección a nivel nacional, contar con logística, financiación y credibilidad para atraer a cientos de miles de ciudadanos. Se trata de un umbral elevado que actúa como una prueba de fuego: quienes no logren alcanzarlo quedarán automáticamente fuera de la contienda, sin importar su trayectoria política o visibilidad mediática.

imagen dada

Elecciones Presidenciales 2022 Colprensa

¿Por qué este mecanismo importa?

Permite que ciudadanos con aspiraciones presidenciales puedan medir su verdadera fuerza en las calles, sin depender exclusivamente de los partidos tradicionales o de estructuras políticas ya consolidadas.

En ese sentido, se convierte en una herramienta de democratización real, pues abre la puerta a que voces independientes y liderazgos regionales logren abrirse camino hacia la Casa de Nariño si consiguen respaldo directo de la ciudadanía.

Además, funciona como un filtro ético y político: al exigir una base sólida de apoyo popular, evita que se llenen las elecciones de candidaturas simbólicas, improvisadas o mediáticas. Los aspirantes que logran superar esta etapa demuestran que su proyecto tiene eco más allá de los titulares de prensa o las tendencias en redes sociales, lo que otorga un primer indicio de viabilidad electoral.

No obstante, el mecanismo también está lejos de ser perfecto. Sus detractores advierten que el costo logístico de movilizar equipos, recorrer el país y verificar la validez de cientos de miles de rúbricas es altísimo, lo que termina favoreciendo a quienes cuentan con respaldo económico, aunque no tengan maquinaria política tradicional.

A esto se suma un debate recurrente en Colombia: la posible manipulación o compra de firmas, prácticas que ya han generado controversia en procesos anteriores y que ponen en entredicho la transparencia del sistema.

En la práctica, este modelo funciona como un doble escenario: por un lado, representa una oportunidad para oxigenar la política y acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones; por el otro, plantea el desafío de garantizar que el proceso sea limpio, equitativo y libre de vicios que lo desvirtúen. Su importancia radica en que actúa como el primer filtro de legitimidad democrática, definiendo quiénes cuentan con un verdadero respaldo ciudadano y quiénes no.

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