El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0858 de 2025, con el que pone en marcha  de manera inmediata, el modelo de prestación de servicios de salud en Colombia.

La norma que fue firmada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, implica en la práctica una implementación anticipada de la reforma a la salud 2.0, aún en trámite en el Congreso de la República. ¿Qué busca el ejecutivo con esa movida? ¿Qué pasará con la reforma que avanza en el Congreso? ¿Es constitucional el decreto?

Incoherencia Total: mientras el gobierno impulsa una #ReformaALaSalud en el Congreso @MinsaludCol expide un decreto que no solo desconoce al legislativo sino que excede su potestad reglamentaria.

Modificar de esta manera el sistema de salud no solo es una falta de respeto a la… pic.twitter.com/ljlzil169N

— Nadia Blel Scaff (@nadiablel) July 31, 2025

Aunque el proyecto de ley que modifica estructuralmente el sistema de salud aún no ha sido aprobado por el legislativo, el nuevo decreto adopta muchos de sus aspectos centrales.

En el decreto se plantea un giro en la gestión de los recursos y la atención en salud, con enfoque en la atención primaria, la prevención y el control público.

¿Qué implica el Decreto 0858 de 2025?

El decreto reorganiza el sistema de salud desde el nivel territorial, priorizando la conformación de Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS), lideradas por equipos médicos del nivel primario de atención.

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Entre sus principales medidas se incluyen:

La creación o fortalecimiento de Centros de Atención Primaria (CAP) en todo el país.

El envío de equipos médicos interdisciplinarios a comunidades urbanas y rurales para realizar vigilancia epidemiológica, promoción y prevención.

El seguimiento directo del Estado al flujo de los recursos, eliminando intermediaciones financieras consideradas ineficientes o poco transparentes.

La reorganización de las funciones de las EPS, muchas de las cuales ya enfrentan procesos de intervención o liquidación.

El Ministerio de Salud afirma que:

La norma permitirá garantizar el derecho a la salud con equidad, territorialidad y calidad", y que su ejecución será progresiva, pero inmediata en cuanto a la reorganización operativa.

Coincidencias con el proyecto de ley de reforma a la salud

El Decreto 0858 tiene una estrecha correspondencia con el articulado de la reforma a la salud 2.0, actualmente en discusión en el Congreso. Este proyecto, una versión modificada del texto original archivado en 2023, plantea una transformación del sistema desde un modelo asegurador hacia uno preventivo, territorial y público.

Entre los puntos compartidos entre el decreto y la reforma legislativa se destacan:

El fortalecimiento de la atención primaria como base del sistema.
El rol del Estado como garante y coordinador directo de los servicios.
La descentralización operativa para responder mejor a las necesidades de cada región.

La reducción o eliminación del papel de intermediarios financieros en la administración del recurso público en salud. Aunque el proyecto aún no ha sido aprobado en su totalidad, su avance en el Congreso ha sido lento y ha generado una fuerte controversia política. Con el decreto, el Ejecutivo parece haber optado por acelerar su implementación.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido crítico del servicio que prestan las EPS. Colprensa

¿Y las EPS?

El Gobierno ha anunciado que esta reorganización será gradual y monitoreada, con acompañamiento técnico del Ministerio de Salud, y espera que el Congreso apruebe próximamente la reforma definitiva. 

El decreto llega en medio de una crisis financiera sin precedentes  de varias EPS, incluidas varias que han sido intervenidas por el Gobierno Nacional. 

En la reforma a la salud que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, el papel de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) cambia de manera significativa. La propuesta no elimina de inmediato a las EPS, pero transforma radicalmente sus funciones dentro del sistema. 

Lo cierto es que si las EPS se transforman en gestoras adninistradoras de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados, se salvan; pero si se mantienen como aseguradoras financieras se quiebran, porque sus deudas son superiores a sus activos, incluidas las reservas técnicas… https://t.co/GsVtYMOe0E

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2025

Ya no manejan recursos públicos

Las EPS dejarían de ser las administradoras del dinero del sistema de salud. Actualmente, estas entidades reciben recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los distribuyen a las clínicas, hospitales y proveedores. Con la reforma, el Estado asumiría directamente esa función, a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Se convertirían en gestoras de salud

En lugar de ser aseguradoras, las EPS pasarían a ser "gestoras de salud y vida", con funciones limitadas como coordinar la atención de sus afiliados, organizar redes de servicios en los territorios y realizar tareas de auditoría y acompañamiento clínico; Es decir, seguirían existiendo, pero sin rol financiero directo.

Tendrán que cumplir nuevos requisitos

Las actuales EPS que quieran convertirse en gestoras tendrán que demostrar saneamiento de deudas, capacidad operativa y técnica y transparencia financiera.

Transición progresiva

El gobierno ha propuesto una transición ordenada para no afectar la atención de los usuarios. Algunas EPS ya han sido intervenidas o liquidación (como EPS Sanitas, Sura y Compensar), mientras otras están en evaluación.