Periodista Digital

En el Congreso de la República se volvió a radicar el proyecto que busca que el Estado tenga el control de la compra y venta del cannabis. No es la primera vez que se radica y siendo la última legislatura de cara a las elecciones de 2026, puede que sea un nuevo intento fallido.
El representante Juan Carlos Losada radicó la iniciativa en el inicio de esta última legislatura, señalando que debe ser un tema que maneje el Estado y no las organizaciones criminales. La propuesta plantea que el Ministerio de Salud debería formular, divulgar e implementar una política pública estricta sobre la prevención, la atención y efectos nocivos del consumo del cannabis. Para lo cual, tendría el plazo de seis meses.
#Política | En el Congreso de la República se volvió a radicar la iniciativa que busca que el Estado controle la compra y venta del cannabis para uso adulto. El representante Juan Carlos Losada insiste en que dejar el control de este negocio en manos de las mafias es una… pic.twitter.com/xx2SJTGeRm
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto busca que se modifique el artículo 49 de la Constitución Política, por lo que se trata de un acto legislativo. En él, se busca regularizar el cannabis de uso adulto. Lo que se plantea, es que a la prohibición del porte y consumo de sustancias psicoactivas se agregue la excepción para el cannabis y los derivados.
“Tampoco aplicará para la producción, distribución, venta y comercialización de esta sustancia con fines de uso adulto siempre y cuando se cuente con las licencias y/o autorizaciones otorgadas por la autoridad competente, sin perjuicio del autocultivo autorizado por la ley”, se lee.
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En la iniciativa se plantea que solo se podría hacer publicidad y promoción, siempre y cuando, sean dirigidas a campañas a la prevención del consumo y de carácter informativo para mayores de edad.
¿Se controlará su consumo?
La iniciativa plantea medidas de control para proteger a los niños, niñas y adolescentes, madres gestantes y lactantes y población en general. ¿Cómo lo hará? Según señala se debe adelantar actividades con fines preventivos y rehabilitadores.
“Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para toda la población y en especial para las personas que consuman sustancias psicoactivas, su familia y/o redes de apoyo”, se lee.
Lo anterior debería tener el consentimiento informado del consumidor. Y, se indica que el Estado debe adelantar varias acciones de manera intersectorial y con enfoque de derechos humanos:
Medidas de promoción de la salud;
Estrategias de prevención de consumo;
Apoyar el abandono del consumo;
Estrategias de reducción de riesgos, vulnerabilidades y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
Deberán ser, si se aprueba, todas las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social y sus prestadores quienes deben adelantar las acciones de forma obligatoria.
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¿En qué lugares no se podría consumir?
La iniciativa plantea que no se podría consumir el cannabis en entornos de las instituciones educativas, en espacios deportivos, en parques, en centros de atención a primera infancia y, en los demás ambientes en los que se encuentra prohibido el consumo de tabaco y en los espacios que establezca la ley.
Impuestos sería para educación y salud
La iniciativa plantea que se podrían administrar los tributos que generen la distribución, consumo o venta de cannabis para uso de adultos y podrán como destino la educación y la salud.
“La ley regulará los elementos básicos de los impuestos que podrán decretar los distritos y municipios a su favor, previa aprobación de los concejos distritales y municipales, por el uso de inmuebles en actividades relativas al cannabis de uso para adultos”, dice.
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