Suma Cero

Admitámoslo. Estas elecciones nos dejaron la sensación de una democracia exhausta.

Durante meses vimos candidatos que sustituyeron los argumentos y propuestas por consignas, y convirtieron la contienda electoral en una batalla emocional. Vimos campañas financiadas con recursos descomunales (incluidos recursos públicos), gobiernos interviniendo abierta o veladamente en la competencia política y una creciente normalización de la estigmatización del adversario y de sus votantes, presentados como enemigos a derrotar y a castigar. No es extraño que muchas personas terminemos la campaña con la sensación de que la democracia quedó en cuidados intensivos…y nosotros, ¡también!

Pero tocará renovar los ánimos para comenzar a discutir reformas importantes para próximas contiendas electorales. La obligación de presentar planes de gobierno estructurados bajo formatos comparables, sustentados en diagnósticos y evidencia. Debates obligatorios con reglas definidas por autoridades independientes y no por los propios candidatos. Una financiación pública de las campañas que reduzca la dependencia de intereses privados, limite los riesgos de corrupción asociados a la financiación electoral y garantice que todos los candidatos y propuestas tengan condiciones razonablemente equitativas de visibilidad. Límites mucho más claros y, sobre todo, consecuencias oportunas, a la participación del gobierno de turno en las campañas. Y una protección decidida frente a discursos que promuevan el odio político o la intimidación de quienes piensan distinto.

Pero sospecho que el problema democrático es más profundo.

Cada elección presidencial parece haberse convertido en una disputa existencial. El ganador siente que recibe un mandato para transformar el país a su imagen y semejanza. El perdedor experimenta la derrota como una exclusión casi absoluta del poder. Es la lógica clásica de los juegos de suma cero: lo que uno gana, el otro lo pierde. Quien gana, gana casi todo; quien pierde, pierde casi todo.

Un juego que entraña una lógica peligrosa. No solo porque incrementa la polarización, sino porque convierte cada elección en una batalla donde los incentivos para cooperar desaparecen. Si el poder se concentra casi por completo en quien triunfa, entonces cada campaña se transforma en una lucha desesperada por impedir que el otro llegue al gobierno.

Si el poder se concentra casi por completo en quien triunfa, entonces cada campaña se transforma en una lucha desesperada por impedir que el otro llegue al gobierno.

El problema se agrava cuando los vencedores llegan al poder por márgenes estrechos, algo cada vez más frecuente en sociedades políticamente polarizadas. En estos casos, amplios sectores de la sociedad no se sienten representados por el proyecto vencedor y perciben que han quedado por fuera de las decisiones fundamentales.

Por eso vale la pena volver la mirada hacia una discusión que en Colombia ha recibido poca atención. A partir de la definición de democracia como «el gobierno del y para el pueblo», el politólogo Arend Lijphart plantea una pregunta fundamental: ¿quién gobernará y a los intereses de quién responderá el gobierno cuando el pueblo esté en desacuerdo y tenga preferencias divergentes?

Lijphart distingue dos grandes modelos democráticos que responden de forma diferente a este dilema.

El primero es el modelo mayoritario, según el cual las decisiones las tomará la mayoría. Se caracteriza por gobiernos fuertes, concentración del poder y predominio de la lógica según la cual la mayoría gobierna mientras la minoría espera su turno. Es un modelo excluyente, competitivo y basado en la confrontación política.

El segundo es el modelo consensual, según el cual las decisiones deben involucrar al mayor número posible de actores. Este sistema asume que el gobierno de la mayoría es preferible al gobierno de la minoría, pero considera la regla mayoritaria apenas un requisito mínimo. En lugar de conformarse con mayorías estrechas para la toma de decisiones, busca ampliarlas y construir acuerdos más amplios y duraderos. Sus normas e instituciones pretenden ampliar la participación en el gobierno, extender los acuerdos sobre las políticas públicas y garantizar que distintos sectores intervengan en las decisiones fundamentales. Es un modelo basado en la inclusión, el pacto y el compromiso.

Lijphart desarrolló estas ideas observando sociedades profundamente fragmentadas por razones religiosas, lingüísticas, territoriales o ideológicas.

Su conclusión fue provocadora y sigue siendo pertinente para países como Colombia: en contextos de alta división social, la estabilidad democrática depende menos de producir mayorías aplastantes que de construir mecanismos para que los distintos grupos compartan poder. Quienes hayan visto la serie Borgen reconocerán algunas de estas dinámicas de negociación permanente entre fuerzas políticas distintas.

(...) en contextos de alta división social, la estabilidad democrática depende menos de producir mayorías aplastantes que de construir mecanismos para que los distintos grupos compartan poder.

No se trata de eliminar el conflicto. La política existe precisamente porque existen desacuerdos. Tampoco de fabricar unanimidades artificiales. Se trata de reconocer que en ciertas sociedades las instituciones deben incentivar la cooperación tanto como la competencia.

Países como Suiza, Bélgica o, en distintos momentos históricos, los Países Bajos, la India e Irlanda del Norte han desarrollado fórmulas de esta naturaleza: gobiernos de coalición, representación proporcional robusta, sistemas de veto para asuntos sensibles, autonomías territoriales y mecanismos que obligan a negociar con quienes representan posiciones distintas.

Colombia no puede copiar mecánicamente ninguna de esas experiencias. Nuestra historia es diferente y nuestras fracturas también. Pero sí podría comenzar a hacerse algunas preguntas: ¿Tiene sentido seguir concentrando tanto poder en una sola figura? ¿Son suficientes las garantías actuales para la oposición? ¿Existen mecanismos institucionales que obliguen a construir acuerdos mínimos entre quienes representan proyectos políticos radicalmente distintos? ¿No deberíamos explorar fórmulas de poder compartido que reduzcan los incentivos para la confrontación permanente?

Durante décadas hemos discutido sobre democracia representativa y participativa, presidencialismo y parlamentarismo, democracia liberal y socialdemocracia. Quizás llegó el momento de abrir otra conversación: la de las democracias consensuales.

Durante décadas hemos discutido sobre democracia representativa y participativa, presidencialismo y parlamentarismo, democracia liberal y socialdemocracia.

Una conversación que nos recuerda que, al final, el problema no es únicamente quién gana las elecciones. El problema es que seguimos jugando un juego de suma cero en el que el ganador se lleva casi todo y el perdedor queda condenado a observar desde la barrera en el mejor de los casos. En el peor, a la estigmatización, al exilio o al exterminio moral o físico.

Una democracia no debería obligarnos a vivir cada elección como una batalla por la supervivencia. Un país profundamente dividido necesita instituciones que permitan convivir, negociar y construir acuerdos entre quienes piensan distinto.