El patrimonio no existe para producir unanimidad

Durante décadas, el patrimonio funcionó como una herramienta de construcción de relatos nacionales homogéneos. El Estado o el experto definían qué merecía ser valorado y conservado, mientras las comunidades ocupaban un lugar pasivo y secundario frente a decisiones tomadas desde arriba. Monumentos, memorias oficiales, héroes nacionales, arquitectura monumental y objetos legitimados por las élites estatales, intelectuales o religiosas organizaban buena parte del inventario patrimonial.

Pero el campo patrimonial en Colombia y en el mundo cambió.

Las reivindicaciones de comunidades locales, pueblos étnicos y memorias históricamente excluidas transformaron profundamente la conversación internacional. El patrimonio dejó de entenderse exclusivamente como un conjunto de objetos protegidos por expertos y comenzó a asumirse como una construcción social: un espacio de disputa democrática sobre aquello que una sociedad considera significativo, valioso o digno de ser preservado y transmitido.

Por eso hoy hablamos de patrimonio inmaterial, apropiación social, pluralidad de memorias, paisajes culturales, patrimonios negativos y gestión patrimonial basada en valores. El patrimonio contemporáneo no existe para producir unanimidad. Existe precisamente para permitir conversaciones complejas sobre identidad, historia, conflicto y diversidad cultural.

Y Colombia no fue ajena a esa transformación. Durante las últimas décadas, el país construyó uno de los desarrollos normativos más interesantes de América Latina en materia patrimonial. Buena parte de ese avance consistió justamente en desplazar la idea de que el patrimonio pertenece exclusivamente al experto o al Estado y reconocer que las comunidades también producen, interpretan y sostienen valor patrimonial.

Durante las últimas décadas, el país construyó uno de los desarrollos normativos más interesantes de América Latina en materia patrimonial.

Por eso resulta tan desconcertante el rumbo que toma buena parte del capítulo de patrimonio aprobado en segundo debate de Cámara dentro del proyecto de reforma a la Ley General de Cultura. Un texto que en sus primeras versiones representaba avances importantes en la materia termina hoy no solo adoptando una orientación conservadora, sino claramente regresiva, al desconocer buena parte de los desarrollos conceptuales, jurídicos e institucionales que el propio país había construido durante más de dos décadas.

El numeral 12 del artículo 5 establece que el reconocimiento patrimonial deberá fundarse en criterios “exclusivamente técnicos, históricos, artísticos o antropológicos” y además introduce la prohibición absoluta de “entender como bien de interés cultural cualquier manifestación, símbolo o espacio que se asocie directa o indirectamente o que promueva la división social, el odio o la apología a cualquier forma de violencia”.

La contradicción es enorme.

Por un lado, el artículo reinstala una visión restrictiva y tecnocrática del patrimonio al reducir su valoración a criterios exclusivamente técnicos, desconociendo dimensiones centrales de la gestión patrimonial contemporánea como el valor social, la apropiación comunitaria, las memorias colectivas o los vínculos territoriales y bioculturales.

Pero además incurre en una paradoja aún más delicada: mientras invoca una supuesta neutralidad técnica, introduce categorías completamente abiertas e inevitablemente políticas. ¿Quién define qué constituye “división social”? ¿Qué memoria puede resultar incómoda? ¿Qué interpretación histórica podría considerarse “ideológica”?

Gran parte del patrimonio contemporáneo existe precisamente porque permite tramitar crítica, pacífica y colectivamente conflictos históricos: sitios de memoria, patrimonios coloniales reinterpretados, lugares asociados a violencia política o símbolos históricamente disputados. Pretender un patrimonio completamente desprovisto de conflicto no solo es conceptualmente ingenuo; resulta profundamente problemático desde una perspectiva democrática. 

Lo mismo ocurre con la insistencia en privilegiar exclusivamente los bienes declarados formalmente por el Estado. La lógica declaratoria funciona en la propuesta como si el valor patrimonial surgiera únicamente de un acto administrativo y no, sobre todo, de procesos sociales y comunitarios de reconocimiento, apropiación y construcción de sentido cultural, que es precisamente uno de los avances más importantes de la legislación patrimonial vigente.

Y esto desconoce una realidad elemental: gran parte del patrimonio colombiano nunca será declarado. No porque carezca de valor, sino porque las capacidades institucionales del Estado son necesariamente limitadas o porque muchas comunidades no están interesadas en entrar en procesos formales de declaratoria debido a los riesgos y tensiones que estos pueden generar.

(...) gran parte del patrimonio colombiano nunca será declarado.

La consecuencia es grave: se termina produciendo una jerarquización problemática entre patrimonios oficialmente reconocidos —que por este hecho ya gozan de una mayor protección— y otros patrimonios vivos, comunitarios o emergentes que permanecen en mayores condiciones de vulnerabilidad y que, tal como está quedando en la reforma, quedan excluidos de la posibilidad de ser beneficiarios de estímulos y de ser protegidos a través de la interesante figura de urgencia manifiesta que incorpora la propuesta de ley. 

Algo similar ocurre con el enfoque frente al daño patrimonial. El proyecto sigue concentrando buena parte de la actuación estatal en medidas compensatorias posteriores al daño, cuando el mundo viene avanzando hacia modelos de conservación preventiva orientados a evitar afectaciones antes de que ocurran.

Y ahí resulta inevitable una comparación con el patrimonio natural. Mientras los sistemas ambientales se basan en principios de prevención y precaución y han desarrollado metodologías robustas de evaluación de impactos, el patrimonio cultural continúa subordinado y fragmentado dentro de los estudios ambientales. Y la reforma sigue concentrando la actuación estatal en medidas compensatorias orientadas a resarcir el daño, perdiendo la oportunidad de incorporar, de manera complementaria, herramientas para anticipar riesgos y proteger los valores culturales y sociales a través de medidas preventivas y de mitigación.

La paradoja es extraña: hemos desarrollado mecanismos muy robustos para proteger los vestigios de comunidades que ya desaparecieron, pero seguimos siendo mucho más débiles para proteger los patrimonios que aún están vivos. En otras palabras: es necesaria la legislación que hemos construido para proteger el patrimonio arqueológico, pero cuesta entender por qué no hemos sido capaces de darle la misma fuerza a la protección de centros históricos, bienes muebles e inmuebles, lenguas, prácticas, memorias, oficios y formas de vida que todavía resisten y que podrían desaparecer frente a nosotros en tiempo real.

(...) hemos desarrollado mecanismos muy robustos para proteger los vestigios de comunidades que ya desaparecieron, pero seguimos siendo mucho más débiles para proteger los patrimonios que aún están vivos.

También preocupa el tratamiento excepcional que se introduce para el patrimonio religioso. El problema no es reconocer su enorme valor histórico y cultural —que evidentemente lo tiene— sino establecer mecanismos que terminan blindando doctrinalmente ciertos significados patrimoniales y restringiendo reinterpretaciones históricas o culturales legítimas. El patrimonio contemporáneo no funciona desde significados únicos e intocables. Funciona precisamente desde la coexistencia de múltiples valoraciones sociales.

Y como si este regreso a un paradigma patrimonial excesivamente tecnocrático no fuera suficiente, el proyecto además propone crear una Unidad Tecnológica Curatorial Especializada (UTCE), una nueva estructura administrativa con nombre sospechoso y competencias amplísimas y nada claras.

El problema no es que el sector cultural necesite fortalecerse tecnológicamente. Claro que lo necesita. El problema es que el proyecto crea una nueva y gigante unidad sin que medie ningún diagnóstico o diseño serio, y sin explicar qué vacío institucional concreto pretende resolver, y cómo se articularía con sistemas y entidades que el país ya tiene, como el SIPA, el SINIC, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, el ICANH y el mismo SINA.

Más preocupante aún: el artículo habla de mapeo y sistematización de memorias y saberes culturales sin desarrollar salvaguardas robustas relacionadas con el consentimiento comunitario, la protección de conocimientos tradicionales o la soberanía cultural y digital.

En últimas, la discusión de fondo es sencilla pero decisiva: ¿el patrimonio cultural existe para congelar narrativas oficiales o para abrir conversaciones democráticas sobre quiénes somos?

La respuesta importa muchísimo.

Porque una sociedad democrática no le teme a la pluralidad de memorias. Tampoco intenta producir unanimidad cultural mediante categorías ambiguas o modelos excesivamente tecnocráticos. Por el contrario: entiende que el patrimonio puede ser justamente uno de los espacios más poderosos para tramitar diferencias, reconocer complejidades y ampliar  nuestra conversación colectiva sobre el país.

Porque una sociedad democrática no le teme a la pluralidad de memorias.

Y quizás eso es lo más desconcertante de esta reforma: que precisamente en un momento histórico que exige ampliar las voces que participan en la construcción de memoria y patrimonio, el país termine reinstalando modelos que devuelven el patrimonio al monopolio del experto, del aparato estatal, de las declaratorias y de las narrativas únicas.

Un retroceso particularmente difícil de entender en un gobierno que dice reivindicar la pluralidad, las memorias excluidas y el protagonismo de las comunidades en la construcción cultural del país.

Porque el patrimonio no existe para producir unanimidad. Y justamente por eso una democracia debería temerle mucho a los modelos que intentan producirla.