Entre el mínimo y la informalidad: la deuda del mercado laboral colombiano

El 1 de diciembre de cada año marca el inicio formal de uno de los debates económicos y sociales más recurrentes —y polémicos— en Colombia: la discusión sobre el incremento del salario mínimo. Desde hace décadas, representantes de las centrales obreras, los gremios empresariales y el gobierno se sientan a negociar con la idea de alcanzar una concertación justa y técnica. En teoría, las decisiones deberían fundamentarse en dos variables que establece la ley: los aumentos causados de la productividad y de la inflación. Pero en la práctica, existe una tercera variable, no escrita, que pesa más que las otras dos: la política.

Esta dimensión política ha terminado por dominar casi todas las negociaciones. Las otras dos variables, aunque definidas como las “técnicas”, presentan problemas conceptuales. Por ejemplo, el ajuste salarial se calcula según la inflación pasada, no según la inflación esperada para el año en el que el nuevo salario empezará a regir. Ese desfase significa que se negocia algo para el futuro mirando por el espejo retrovisor. El incremento del salario mínimo tiene vigencia para el año siguiente, pero las partes usan cifras del año que termina. Se compara así un precio futuro con uno del presente, una operación que carece de sentido económico.

En un escenario ideal, el ajuste debería considerar las metas o proyecciones de inflación del Banco de la República para el año en curso, junto con estimaciones de productividad esperada. Aunque estas proyecciones no son exactas, se aproximan mejor al contexto económico en el que los hogares enfrentarán el costo de vida. Aun así, en la práctica colombiana, seguimos recurriendo a cifras de cierre que poco dicen sobre el poder adquisitivo futuro.

Esta dimensión política ha terminado por dominar casi todas las negociaciones.

El profesor Marc Hofstetter, en un artículo publicado en La Silla Vacía, mostró de manera contundente que en los años electorales los aumentos del salario mínimo tienden a ser más altos que los sugeridos por las variables técnicas. En otras palabras, los ciclos políticos se imponen sobre la evidencia económica. La política cuenta más que la productividad o la inflación, porque el salario mínimo se ha convertido en un símbolo: una señal de sensibilidad social con alto costo mediático para quien se oponga a incrementarlo.

El salario mínimo nació como un instrumento de protección laboral: debía garantizar que ningún trabajador percibiera un ingreso inferior al necesario para cubrir una canasta básica de bienes y servicios. Su propósito era evitar que las fuerzas del mercado deprimieran los ingresos de los trabajadores menos calificados, reduciendo con ello la desigualdad y la pobreza laboral. En los hechos, ese ideal se ha distorsionado.

John Maynard Keynes decía que el mercado de trabajo era el que menos se comportaba como un “mercado” en sentido clásico. Allí no hay compradores y vendedores impersonales, sino personas cuyas necesidades, expectativas y posiciones de poder difieren sustancialmente. Los trabajadores buscan salarios más altos; los empresarios, reducir costos para maximizar sus márgenes. Cuando el Estado fija un salario mínimo, establece el piso de esa negociación. Pero si ese piso se aleja demasiado de la realidad productiva o de la capacidad de absorción del mercado, aparecen efectos indeseados: informalidad, exclusión y pérdida de competitividad.

En la historia reciente, la evidencia empírica sobre los efectos del salario mínimo ha sido más diversa de lo que sugiere la teoría económica tradicional. Un ejemplo emblemático fue el estudio que realizaron los economistas David Card y Alan Krueger, publicado en 1994. Ellos compararon dos estados de Estados Unidos: Nueva Jersey, donde se había aumentado el salario mínimo, y Pensilvania, donde no. Contra lo que preveía la teoría estándar, el incremento no redujo el empleo. Años más tarde, esa línea de investigación fue reconocida con el Premio Nobel de Economía de 2021 otorgado a David Card, junto con Joshua Angrist y Guido Imbens, por su aporte al uso de métodos cuasi-experimentales en economía. Krueger había fallecido en 2019, por lo que no pudo ser galardonado.

La evidencia empírica sobre los efectos del salario mínimo ha sido más diversa de lo que sugiere la teoría económica tradicional.

Los hallazgos de Card y Krueger transformaron la manera de evaluar los impactos del salario mínimo. Mostraron que los efectos no eran uniformes, sino dependientes del contexto: del nivel inicial de salarios y de la estructura del mercado. Card subrayó además la importancia del salario mediano como referencia para analizar los impactos distributivos. En Colombia, esa relación es especialmente alta: el salario mínimo equivale a alrededor del 90 % del salario mediano, una proporción que reduce el espacio de negociación y distorsiona el funcionamiento del mercado laboral.

Esa cifra ilustra la raíz del problema: el salario mínimo se ha convertido en el salario de facto de la mayoría de los trabajadores formales, y un límite infranqueable para quienes están en la informalidad. De acuerdo con cifras recientes de ANIF, alrededor del 78 % de los trabajadores colombianos gana el salario mínimo o menos. En otras palabras, una gran parte de la fuerza laboral no se beneficia del instrumento diseñado para protegerla. Y, peor aún, los trabajadores que ganan menos del mínimo —la mayoría en el sector informal— no tienen voz en la mesa de concertación.

Las discusiones anuales sobre el salario mínimo, entonces, reflejan una desconexión preocupante entre la negociación institucional y la realidad del mercado laboral. Muchos de los argumentos que esgrimen los actores sociales en la mesa terminan subordinados a agendas políticas de corto plazo. Durante los últimos gobiernos, incluida la administración de Iván Duque, las decisiones sobre el incremento estuvieron marcadas más por el clima político y las expectativas electorales que por consideraciones técnicas. Una práctica que mina la credibilidad del proceso y posterga las reformas necesarias.

Eso no debería ser un asunto de cálculo político

No se trata de afirmar, como alguna vez lo hizo el exministro Alberto Carrasquilla, que el salario mínimo colombiano es “ridículamente alto”. Esa afirmación desconoce su rol social y el valor simbólico que representa para millones de personas. Pero sí hace falta sincerar el debate. Colombia necesita analizar con más serenidad alternativas como los salarios mínimos regionales, propuestos en varios estudios académicos. Esto permitiría ajustar la política a las enormes disparidades en productividad y costo de vida entre regiones. No tiene sentido que ciudades con estructuras económicas tan distintas —como Bogotá y Quibdó— estén sujetas al mismo piso salarial.

Persistir en el statu quo tiene consecuencias profundas. Nos condena a mantener un mercado dual: un segmento formal cada vez más pequeño, altamente regulado y costoso, frente a una mayoría informal que opera al margen del sistema, sin acceso a seguridad social ni a protección laboral. Con cada negociación política que ignora esta realidad, crece la distancia entre la ley y la vida cotidiana de los trabajadores.

El salario mínimo, concebido como una herramienta de justicia social, corre el riesgo de convertirse en un límite simbólico que excluye a quienes más lo necesitan. Si de verdad queremos que cumpla su propósito original —garantizar un nivel de vida digno y proteger a los trabajadores más vulnerables—, debemos volver a una discusión técnica, informada y diferenciada por regiones. De lo contrario, seguiremos atrapados en el falso dilema entre subir el mínimo y generar informalidad, cuando el verdadero problema es que millones de colombianos ni siquiera logran alcanzar el mínimo.

Y eso no debería ser un asunto de cálculo político, sino de dignidad y de equidad.