El clima también se juega en las ciudades

Las ciudades se han convertido en uno de los principales frentes de batalla contra el cambio climático. Aunque ocupan apenas el 3 % de la superficie terrestre, generan alrededor del 70 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y también son muy vulnerables a sus impactos debido a las inundaciones, olas de calor y estrés hídrico.

En Colombia, esta discusión es especialmente relevante porque cerca del 77% de la población vive en zonas urbanas, donde muchas personas dan por hecho la provisión de servicios como el agua o la energía. Sin embargo, el cambio climático no es solo un problema ambiental o rural, es un desafío económico y de planificación urbana que afecta aspectos como la prestación de estos servicios (recordemos los racionamientos de agua del año pasado), además de la movilidad, la infraestructura, la salud pública y la competitividad.

El cambio climático no es solo un problema ambiental o rural, es un desafío económico y de planificación urbana...

Hace unos días, conversaba sobre estos temas con Carolina Urrutia, exsecretaria de Ambiente de Bogotá, en un webinar sobre financiamiento climático urbano. Uno de los puntos más interesantes de la discusión fue entender que los planes climáticos de las ciudades no deberían verse únicamente como documentos técnicos que calculan emisiones o identifican riesgos. Bien diseñados, pueden convertirse en plataformas para atraer financiamiento e inversión.

Ese fue precisamente uno de los aprendizajes de Bogotá con su Plan de Acción Climática 2020-2050. Cuando estos instrumentos se articulan con otros planes, como el de ordenamiento territorial, el de movilidad y otras políticas urbanas, generan señales de largo plazo que reducen incertidumbre para inversionistas y bancos de desarrollo. En otras palabras, ayudan a mostrar que la ciudad tiene una hoja de ruta relativamente estable más allá de los cambios de gobierno.

Esto resulta clave porque las necesidades de financiamiento son enormes. A nivel global, el financiamiento climático urbano asciende hoy a unos USD 831.000 millones anuales, pero sigue muy lejos de los cerca de USD 4,5 billones que se estiman necesarios cada año para mitigación y resiliencia. La brecha no refleja únicamente falta de recursos, sino también las dificultades que tienen muchas ciudades para convertir sus necesidades climáticas en proyectos capaces de atraer financiamiento.

La brecha no refleja únicamente falta de recursos, sino también las dificultades que tienen muchas ciudades para convertir sus necesidades climáticas en proyectos capaces de atraer financiamiento.

Bogotá ha logrado avances interesantes. Por ejemplo, la emisión de un bono verde internacional por USD 600 millones para financiar proyectos de movilidad sostenible mostró que una ciudad latinoamericana sí puede acceder a mercados internacionales cuando existe una estrategia climática clara y proyectos bien estructurados. Sin embargo, estos casos siguen siendo más la excepción que la regla.

Ahí aparece una de las principales tensiones del financiamiento climático urbano en América Latina. Instrumentos como los bonos verdes o las finanzas compartidas (blended finance) pueden movilizar recursos importantes, pero suelen beneficiar principalmente a ciudades con mayor capacidad institucional y fiscal.

Bogotá, Medellín o Cali terminan siendo los “sospechosos de siempre” para atraer financiamiento, ya que cuentan con equipos técnicos, acceso a cooperación internacional y experiencia estructurando proyectos, mientras que muchas ciudades intermedias y pequeñas enfrentan mayores retos asociados a la debilidad institucional, falta de estudios climáticos urbanos, dificultades para alinear sus planes climáticos y de ordenamiento territorial, y escasa capacidad para preparar proyectos bancables. Todo esto ocurre en territorios que, además, presentan procesos de urbanización desordenados, presión sobre ecosistemas estratégicos y creciente vulnerabilidad frente al cambio climático.

Además, persiste una lógica institucional basada en la desconfianza. Con frecuencia, desde el nivel central se imponen formatos, certificaciones y procesos excesivamente complejos para acceder a recursos públicos o de cooperación, bajo la lógica de control y supervisión. El resultado es paradójico considerando que territorios que necesitan actuar rápido frente al cambio climático terminan atrapados en trámites que frenan la ejecución.

Por eso, el reto del financiamiento climático urbano no es solo crear nuevos instrumentos financieros. También implica fortalecer capacidades locales, generar mecanismos de acompañamiento técnico y diseñar esquemas de intermediación que permitan que más ciudades puedan acceder a recursos y no únicamente las grandes capitales.

El cambio climático se está jugando en las ciudades. La capacidad que tengan para financiar su transición y adaptación determinará buena parte de la competitividad, resiliencia y calidad de vida del país en las próximas décadas.

El reto del financiamiento climático urbano no es solo crear nuevos instrumentos financieros. También implica fortalecer capacidades locales, generar mecanismos de acompañamiento técnico y diseñar esquemas de intermediación.