Democracia y bancos centrales

Hace unos días, Tomás Molina publicó una columna en El Espectador titulada Necesitamos bancos centrales democráticos. Allí argumenta que la independencia de estas instituciones funciona como una fachada técnica diseñada para proteger los intereses del capital internacional y excluir a los trabajadores de las decisiones macroeconómicas. Sostiene, además, que la verdadera función de esta autonomía no es frenar el populismo inflacionario de los gobiernos, sino mantener el statu quo neoliberal.

Para respaldar su punto, Molina cita un documento de trabajo del Banco Mundial, el cual concluye que, al ignorar las cuestiones redistributivas, los bancos centrales independientes aumentan la desigualdad. No pretendo hacer aquí una evaluación exhaustiva de dicho trabajo, pero el hecho de que aún no haya sido publicado en una revista con revisión de pares es evidencia sugestiva de que su estrategia metodológica para evaluar el impacto sobre la desigualdad aún tiene aspectos por mejorar y, por ahora, continúa siendo un borrador.

Tampoco busco adentrarme en los terrenos puramente filosóficos de la separación de poderes. Sin embargo, si la premisa es que un banco central independiente es una “rueda suelta” y, por tanto, antidemocrático por no ser elegido por voto popular, críticas similares podrían dirigirse a la Corte Constitucional: nueve magistrados no elegidos democráticamente deciden qué se ajusta y qué no a nuestra Carta Política.

Lo que sí pretendo argumentar, desde la economía política, es que un banco central independiente es democrático.

Lo que sí pretendo argumentar, desde la economía política, es que un banco central independiente es democrático. Siguiendo a Salomón Kalmanovitz, la autonomía monetaria mantiene a raya el deseo del Ejecutivo de usar la emisión para financiar el gasto público. Dicha emisión genera una inflación alta y persistente que opera como un impuesto regresivo. Peor aún, es un impuesto que viola el principio democrático básico de “no hay tributación sin representación”, pues se le cobra a la población sin haber sido discutido de manera transparente en el poder legislativo.

En su columna, Molina nunca menciona el “impuesto inflacionario”, ni el hecho comprobado de que las alzas en el costo de vida golpean con mayor severidad a los hogares vulnerables. Cuando se desata la inflación, quienes reciben el impacto más destructivo son los más pobres.

Molina parece olvidar que detrás de una inflación elevada suele esconderse el afán del Ejecutivo por financiar su déficit fiscal mediante emisión monetaria. Curiosamente, el documento del Banco Mundial plantea como algo negativo que la política monetaria no pueda usarse para financiar el gasto, sugiriendo que la independencia restringe el margen de maniobra del gobierno. Pero es que, precisamente, la autonomía busca evitar que la “emisión fiscal” se convierta en la norma. De hecho, nuestra Constitución no la prohíbe de tajo, sino que le impone un límite altísimo: exige el voto unánime de la Junta Directiva para otorgar financiamiento directo al gobierno.

Además, el diseño institucional del Banco de la República está pensado para armonizar con nuestra democracia. El presidente de la República solo puede reemplazar a dos codirectores a la mitad de su mandato. Desde la Constitución del 91, cuando César Gaviria nombró a la Junta fundacional, solo Iván Duque logró nombrar a la totalidad de los miembros, y esto debido a renuncias imprevistas. Ni siquiera Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos, habiendo sido reelectos, reemplazaron a los cinco codirectores.

El diseño institucional del Banco de la República está pensado para armonizar con nuestra democracia. El presidente de la República solo puede reemplazar a dos codirectores a la mitad de su mandato.

El espíritu de esta atadura constitucional es claro: si los codirectores buscan beneficiar las políticas del gobierno que los nominó, su peso en la Junta será minoritario y su influencia durará poco, pues en dos años habrá un nuevo presidente. Frente a esto, Molina se pregunta: “si todos los presidentes tienen intenciones inflacionarias, ¿por qué renunciarían a ellas eligiendo banqueros centrales responsables? [...] Si fuera así, no elegirían como codirectores a sus exministros”.

El único caso reciente de un exministro nombrado codirector es el de Carlos Gustavo Cano, y su trayectoria pública demuestra que fue un funcionario enteramente “responsable”. Lo que sí ha sido habitual es nombrar exviceministros (como Sergio Clavijo, Juan Pablo Zárate, Ana Fernanda Maiguashca o Carolina Soto), quienes tampoco actuaron de forma irresponsable. Aun si alguien llegara a la Junta con la intención de defender los intereses del gobierno de turno, la toma de decisiones colegiada diluye ese impulso. A la larga, el mandato legal de mantener una inflación baja y estable en un entorno macroeconómico sano termina imponiéndose.

Por último, volvamos al tema de la legitimidad. La Junta Directiva del Banco de la República está obligada a presentar un informe semestral al Congreso, el cual puede citar a sus miembros a rendir cuentas cuando lo considere necesario. Esta rendición de cuentas es todo menos antidemocrática. Aunque en Colombia no tenemos el modelo de Estados Unidos, donde la nominación de la Reserva Federal debe ser ratificada por el Legislativo, el llamado constante a rendir testimonio sí funciona en la práctica.

Permitir que una institución opere con un horizonte de tiempo más largo que el del gobierno de turno no la hace antidemocrática. Al contrario, velar por la estabilidad de los precios protege los cimientos mismos de la democracia.

Permitir que una institución opere con un horizonte de tiempo más largo que el del gobierno de turno no la hace antidemocrática. Al contrario, velar por la estabilidad de los precios protege los cimientos mismos de la democracia. Basta recordar que, en América Latina, el populismo que abusó de la máquina de imprimir billetes para financiar despilfarros terminó quebrando la institucionalidad y, en muchos casos, allanando el camino para dictaduras. Mantener a raya esa disfuncionalidad monetaria no es un capricho neoliberal; es una salvaguarda para evitar que el descalabro económico termine costándole a la sociedad su propia libertad.