Confianza en riesgo

Hace dos semanas estalló una crisis en el sector cultural del país derivada de la decisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de cancelar la evaluación y asignación de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. Escribí entonces para aportar elementos que permitieran ampliar el contexto y los antecedentes y evitar mezclar problemas distintos, porque una cosa son las deudas acumuladas; otra, las restricciones de PAC; otra, la trayectoria descendente del presupuesto del Ministerio; y otra, la decisión concreta de interrumpir los premios y reconocimientos de una convocatoria que ya estaba en curso.

En estas dos semanas, han circulado opiniones y reflexiones, y también explicaciones tanto de la ministra Paola Holguín como de la exministra Yannai Kadamani. A partir de los elementos adicionales que han emergido, creo que vale la pena volver sobre una pregunta que sigue sin una respuesta satisfactoria: ¿era realmente necesario cancelar los premios y reconocimientos?

Contrastando versiones, hoy creo que la administración anterior debió haber dejado lista la designación de jurados. La exministra ha sostenido que estos ya habían sido seleccionados y que el 6 de agosto quedó radicado en la Oficina Jurídica el proyecto de resolución para su designación. En cualquier caso, resulta difícil entender por qué un trámite tan importante se dejó para el último día de gobierno, especialmente cuando la publicación de resultados estaba prevista para el 15 de septiembre. Pero ese eventual retraso tampoco hacía inevitable la decisión posterior de cancelar: era posible modificar el cronograma y ponerse manos a la obra.

(...) resulta difícil entender por qué un trámite tan importante se dejó para el último día de gobierno (...).

¿Por qué no continuar la evaluación, reconocer a los ganadores y programar los desembolsos conforme hubiera disponibilidad de PAC? ¿Por qué no modificar nuevamente el cronograma? ¿Qué alternativas se estudiaron antes de decidir que 1.308 propuestas que ya habían superado la verificación de requisitos no serían siquiera evaluadas? ¿Qué se hizo con los recursos aprovisionados para los premios y reconocimientos?

Si había razones presupuestales, jurídicas o administrativas adicionales que hacían inviables estas alternativas, el Ministerio debe explicarlas. Porque, hasta ahora, la falta de PAC ayuda a entender la dificultad o demoras previsibles para pagar, pero no explica por sí sola por qué no era posible continuar el proceso. 

Si, como ha sostenido la administración anterior, existían Certificados de Disponibilidad Presupuestal suficientes para respaldar la contratación de los jurados, así como los premios y reconocimientos, la restricción de caja no necesariamente impedía continuar la evaluación, reconocer a los ganadores y programar los pagos para cuando existiera disponibilidad de PAC. En especial porque, a diferencia de una beca, un premio o reconocimiento no financia la ejecución posterior de un proyecto: no exige contratar equipos, comprar materiales o servicios, reservar espacios ni asumir compromisos con terceros. Reconoce, por regla general, una obra, una trayectoria, un proceso o un aporte ya realizado. Por eso, una demora en su pago, aunque indeseable, no produce los mismos efectos que el retraso en el desembolso de una beca.

En estas condiciones, priorizar el pago pendiente de los ganadores de las becas frente a los premios resulta defendible. Pero cancelar los premios es otra cosa. Las razones expuestas por el Ministerio y la información adicional que ha aportado la administración anterior llevan a pensar que no era necesario hacerlo y que esta decisión tiene un costo enorme: la pérdida de confianza.

(...) priorizar el pago pendiente de los ganadores de las becas frente a los premios resulta defendible. Pero cancelar los premios es otra cosa.

El Programa Nacional de Estímulos no es solamente una bolsa de recursos. Es un instrumento de política pública construido durante décadas, con sustento legal y constitucional, que funciona en gran parte gracias a la expectativa de que las reglas anunciadas por el Estado se cumplen.

Presentarse a una convocatoria pública cuesta tiempo, trabajo y conocimiento. Implica leer términos, preparar documentos, acreditar trayectorias, construir propuestas y cumplir fechas y requisitos. En este caso, 1.308 postulaciones hicieron ese recorrido, superaron la verificación documental y llegaron a una etapa en la que legítimamente esperaban ser evaluadas. 

¿Qué ocurrirá la próxima vez que se abran convocatorias de estímulos y premios?

Probablemente muchas personas volverán a presentarse. Pero otras se preguntarán si vale la pena invertir días de trabajo en una convocatoria cuyas reglas y cronogramas pueden modificarse hasta el punto de que el proceso termine sin evaluación. 

La confianza hace parte de la infraestructura invisible que permite que los mecanismos desarrollados a través de la política pública funcionen. Permite que una persona o una organización prepare un proyecto porque cree que habrá reglas previsibles; que un jurado acepte participar porque confía en un procedimiento; que un artista se presente porque supone que su trabajo será evaluado bajo las condiciones anunciadas.

A esta discusión se suma ahora una segunda decisión. Mediante la Resolución 0607 del 30 de septiembre, el Ministerio aplazó para el primer bimestre de 2027 la apertura del Programa Nacional de Concertación Cultural, prevista inicialmente para agosto y septiembre de este año. Las situaciones no son equivalentes: Concertación aún no había abierto y financiará proyectos con recursos de 2027; en Estímulos, en cambio, había una convocatoria en marcha, al parecer con respaldo presupuestal, y 1.308 propuestas que habían superado la verificación documental. Pero resulta difícil ignorar que, en apenas dos semanas, dos de los instrumentos más consolidados del fomento cultural nacional han sufrido modificaciones sustanciales. 

Esto hace todavía más importante la manera como el Ministerio explica, sustenta y tramita sus decisiones. Las restricciones presupuestales son reales, pero no son nuevas para el sector cultural. Gobernar en esas condiciones consiste, precisamente, en evaluar alternativas y administrar no solo recursos escasos, sino también las consecuencias que cada decisión produce sobre un ecosistema que depende en buena medida de la continuidad y previsibilidad de sus instrumentos de fomento.

Las restricciones presupuestales son reales, pero no son nuevas para el sector cultural.

La ministra Holguín, quien no cuenta con trayectoria previa en el sector cultural, ha reivindicado su experiencia gerencial y su compromiso con hacer bien la tarea. Es precisamente esa capacidad y ese compromiso con la gestión pública los que estas situaciones ponen a prueba. No es la primera ministra de las Culturas que debe administrar restricciones presupuestales. La cuestión no es solamente qué tan firme sea el pulso para tomar decisiones difíciles, sino qué tan buenos sean los análisis que las sustentan, qué alternativas se hayan considerado, qué costos —incluidos los institucionales— se hayan ponderado y qué capacidad exista para comprender las particularidades del sector sobre el que esas decisiones recaen.

Administrar recursos escasos es difícil. Administrarlos erosionando la confianza puede terminar siendo mucho más costoso.