El caso de Nicolás Maduro en EE. UU. podría dar un giro inesperado: ¿quedaría libre?
El expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este miércoles ante un tribunal de Nueva York.
El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este miércoles 22 de julio ante un tribunal federal de Nueva York en una nueva audiencia de revisión del proceso penal que enfrentan por presuntos delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.
Se trata de la tercera audiencia desde que ambos fueron capturados en Caracas el pasado 3 de enero y trasladados a Estados Unidos.
Aunque no se espera que el juez tome decisiones de fondo, la diligencia llega en un momento clave, debido a que surgió un nuevo debate jurídico sobre la legalidad del proceso.
¿Podría quedar libre Nicolás Maduro?
El proceso contra Nicolás Maduro podría enfrentar un giro jurídico luego de que el abogado estadounidense Michael Rips publicara un artículo de opinión en The New York Times en Español, en el que sostiene que la justicia de Estados Unidos podría no tener competencia para seguir juzgándolo mientras no se resuelva un conflicto derivado del Tratado de Extradición firmado entre Estados Unidos y Venezuela en 1922.
Según Rips, el Gobierno de Donald Trump calificó la captura de Maduro en Caracas como una extradición, y no como una operación militar. Si esa fue la figura jurídica utilizada, argumenta el abogado, Estados Unidos quedó obligado a respetar las disposiciones del tratado bilateral vigente entre ambos países.
El punto central de la discusión está en que ese tratado establece que cualquier diferencia sobre su interpretación o aplicación debe resolverse mediante un tribunal arbitral internacional.
Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán este miércoles en una nueva audiencia. Crédito: AFP.
Para el jurista, la captura de Maduro generó precisamente una controversia de ese tipo, pues el Gobierno venezolano sostiene que el procedimiento violó el derecho internacional y las reglas previstas en el tratado.
En consecuencia, Rips considera que el juez federal que lleva el caso debería suspender el proceso penal y remitir primero la controversia a un panel de árbitros internacionales, encargado de determinar si la captura y posterior traslado del exmandatario se ajustaron o no al tratado de 1922.
Si ese eventual tribunal concluyera que Estados Unidos incumplió el acuerdo bilateral, el abogado sostiene que Washington estaría obligado a liberar a Maduro, ya que el juicio no podría continuar bajo esas condiciones.
Para respaldar su tesis, Rips cita varias decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos, entre ellas el caso Estados Unidos vs. Rauscher (1886), en el que el alto tribunal estableció que una persona extraditada no puede ser juzgada en violación de un tratado internacional. También menciona otros precedentes judiciales en 1927 y 1992, en los que la Corte reafirmó que los procesos de extradición deben ajustarse estrictamente a los tratados suscritos por Estados Unidos.
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Nicolás Maduro durante su traslado a Estados Unidos después de su captura. Crédito: Colprensa.
¿Eso significa que Maduro quedaría libre?
No necesariamente. La postura de Michael Rips corresponde a una interpretación jurídica expuesta en una columna de opinión y no representa una decisión de la justicia estadounidense.
Hasta el momento, ningún juez ha ordenado suspender el proceso ni remitir el caso a arbitraje internacional.
Además, será la defensa de Maduro la que deberá decidir si presenta ese argumento ante el tribunal, mientras que la Fiscalía del Departamento de Justicia podrá sostener que la captura y el traslado del exmandatario fueron legales y que la Corte Federal de Nueva York sí tiene jurisdicción para juzgarlo.
En otras palabras, la posibilidad de que Maduro recupere su libertad depende de una cadena de decisiones judiciales que, por ahora, no se han producido.
¿Cuándo comenzaría el juicio?
En la antesala de la audiencia, los abogados de Maduro y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron un cronograma conjunto en el que proponen que el juicio comience en junio de 2027.
El documento contempla varias etapas previas, entre ellas la entrega de pruebas por parte de la Fiscalía, dos rondas de mociones en las que la defensa buscará desestimar los cargos o excluir parte de la evidencia, así como una solicitud del Gobierno para utilizar información clasificada durante el juicio.
Cabe destacar que la audiencia de este miércoles estaba fijada en principio para el pasado 30 de junio, pero la Fiscalía pidió posponerla debido a los retos de seguridad. En cuanto al inicio del proceso, será el juez quien determine si aprueba ese calendario o fija una fecha distinta.
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