La defensa del expresidente Nicolás Maduro atraviesa un nuevo frente judicial en Estados Unidos. Su abogado denunció que las autoridades estadounidenses estarían bloqueando el pago de sus honorarios legales por parte del gobierno venezolano, en medio del proceso penal que se adelanta en Nueva York.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en ese estado, a la espera de enfrentar un juicio por narcotráfico. Mientras se prepara la estrategia jurídica, la financiación de su defensa se ha convertido en un punto de controversia.

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En una carta fechada el 20 de febrero y dirigida al juez Alvin Hellerstein, el abogado Barry Pollack explicó que solicitó una licencia especial al Departamento del Tesoro para poder recibir los pagos, debido a que las autoridades venezolanas siguen bajo sanciones económicas de Washington.

Según la comunicación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó inicialmente la autorización para representar tanto a Maduro como a Flores. Sin embargo, en cuestión de horas, esa licencia fue revocada en el caso del exmandatario.

¿Afectación al derecho de elegir abogado?

Pollack argumenta que impedir que el gobierno venezolano cubra los gastos legales de su cliente podría afectar su derecho constitucional a elegir abogado, amparado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En esta fase, aclara, no solicita una acción inmediata del juez, pero advierte que, si la autorización no es restablecida, presentará una moción formal para pedir la intervención del tribunal.

El MDC Brooklyn es actualmente la única cárcel federal activa en la ciudad de Nueva York, allí permanece Maduro recluído. AFP

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Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados en Caracas a comienzos de enero durante una operación militar estadounidense y trasladados posteriormente a territorio norteamericano. Ambos están formalmente acusados por un tribunal federal de Manhattan y permanecen recluidos en una prisión federal en Brooklyn. Su próxima comparecencia ante la corte está prevista para el 26 de marzo.

En medio del proceso judicial, la disputa ya no solo gira en torno a los cargos penales, sino también al acceso a los recursos necesarios para ejercer la defensa.

*Con información de AFP.