Daniel Ortega busca gobernar más tiempo: propone ampliar el mandato presidencial en Nicaragua
El proyecto será debatido en el Congreso y ya provocó fuertes críticas de opositores y organizaciones internacionales.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó una nueva propuesta de reforma constitucional que plantea ampliar el mandato presidencial de seis a siete años, con la posibilidad de que sea renovable, además de establecer nuevas restricciones para impedir la participación de sectores de la oposición en las elecciones.
La iniciativa fue enviada a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que prevé discutir y aprobar el paquete de reformas a comienzos de septiembre. Según el Gobierno, el objetivo es evitar que participen en los comicios personas calificadas como "vendepatrias" o "golpistas", términos que Ortega suele utilizar para referirse a sus opositores.
¿Qué propone la reforma de Daniel Ortega?
Aunque el texto completo aún no ha sido divulgado, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó que uno de los cambios centrales consiste en extender el periodo presidencial.
"Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables", afirmó Porras al presentar la iniciativa ante el Congreso.
El dirigente oficialista sostuvo que la medida busca garantizar "estabilidad", "continuidad" y una mayor capacidad de respuesta frente a los desafíos del país.
Por su parte, la copresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, aseguró que la propuesta ya fue compartida con el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua y que antes de su aprobación será sometida a consultas con diferentes sectores de la sociedad.
Le puede interesar: ¿Nicaragua en la mira de los Estados Unidos?
Daniel Ortega junto a su esposa, Risario Murillo. Crédito: AFP.
Oposición denuncia intento de perpetuarse en el poder
La reforma generó un inmediato rechazo entre dirigentes opositores que permanecen en el exilio, quienes consideran que las modificaciones eliminan la posibilidad de celebrar elecciones competitivas.
La excomandante guerrillera Dora María Téllez afirmó que la iniciativa busca "perpetuar la tiranía" y sostuvo que, al establecer periodos renovables sin garantías democráticas, "no habrá elección".
En la misma línea, el abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial nicaragüense, aseguró que la reforma permitiría a Ortega y Murillo mantenerse en el poder "sin límite real, sin alternancia y sin elecciones competitivas".
La jurista María Asunción Moreno también advirtió que los cambios podrían extender el actual periodo presidencial hasta 2028 y abrir la puerta a nuevas renovaciones de siete años.
La Asamblea de Nicaragua estudiará la propuesta de ampliar el mandato presidencial a siete años. Crédito: AFP.
Un nuevo cambio constitucional
No es la primera vez que el Gobierno impulsa modificaciones a la Constitución para reorganizar el poder político.
En 2024, una reforma amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, creó la figura de la copresidencia, que actualmente ocupa Rosario Murillo, y aplazó para noviembre de 2027 las elecciones que inicialmente estaban previstas para finales de este año.
Le puede interesar: Caso Ungrd: Nicaragua concede asilo a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre
Reacciones internacionales
La propuesta también ha despertado preocupación fuera de Nicaragua. Estados Unidos advirtió que no permanecerá de "brazos cruzados" frente a lo que considera una profundización de la dictadura nicaragüense, mientras que la Unión Europea pidió al Gobierno convocar elecciones libres y ajustadas a los estándares internacionales.
En Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua cuando asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto.
Con 80 años, Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde 2007, tras haber presidido el país durante la década de 1980. En los últimos años ha consolidado un amplio control sobre las instituciones del Estado, especialmente después de las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según cifras de la ONU.
