Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
Periodista Digital

Dicson Alfonso Cabrera Villalobos
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La crisis política que vive Bangladés alcanzó este lunes uno de sus puntos más tensos después de que la justicia condenara a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, de 78 años, por su presunta responsabilidad en la represión de los disturbios que derivaron en su caída en 2024. Los hechos, considerados por el tribunal como "crímenes contra la humanidad", dejaron al menos 1.400 muertos según cifras de la ONU.
El juez Golam Mortuza Mozumder, del tribunal de Daca, aseguró que “todos los elementos constitutivos del crimen están reunidos”, razón por la cual se impuso la pena capital como única condena posible. Hasina, quien gobernó Bangladés durante 15 años, fue juzgada en ausencia luego de huir en helicóptero a India en el verano de 2024.
Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladés exigió al gobierno indio la extradición inmediata de Hasina y de su exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a muerte y refugiado en territorio indio. Nueva Delhi se limitó a decir que “toma nota del veredicto”, sin compromisos adicionales.
El veredicto generó reacciones de diversos sectores. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó la sentencia como un “momento importante para las víctimas”, pero lamentó la imposición de la pena de muerte. Ravina Shamdasani, portavoz del organismo, recordó la oposición del sistema de Naciones Unidas a esta práctica “en todas las circunstancias”.
El gobierno interino de Bangladés, encabezado por el Nobel de paz Muhammad Yunus, celebró la decisión como “un veredicto histórico” y un paso hacia la justicia en un país sacudido por profundas divisiones políticas.

La líder política huyó del país antes de conocerse el fallo en su contra. Redes sociales
En un comunicado divulgado tras la sentencia, Sheikh Hasina sostuvo que el proceso judicial estuvo completamente manipulado y motivado políticamente. “Las sentencias pronunciadas contra mí fueron dictadas por un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático”, afirmó la exmandataria desde su exilio.
Hasina ha negado en repetidas ocasiones haber ordenado violencia contra manifestantes, incluso durante los momentos más críticos de su administración.
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La expectativa por el veredicto era enorme en Bangladés, una nación de más de 170 millones de habitantes que se prepara para elecciones legislativas en tres meses. La Policía desplegó un estricto operativo de seguridad alrededor del tribunal y en los principales puntos de Daca para prevenir protestas o disturbios.
La condena a Hasina profundiza un clima ya tenso, en un país marcado por rivalidades políticas históricas, ciclos de violencia y acusaciones cruzadas de persecución judicial entre las principales fuerzas.

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