Videos | Así fue el allanamiento a Lili Pink que dejó más de 400 locales afectados
El golpe de las autoridades a Lili Pink también dejó 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad bajo extinción de dominio.
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Lili Pink, marca comercializadora de ropa femenina, quedó en el centro de un operativo sin precedentes en Colombia. Hoy la Fiscalía confirmó los detalles tras el despliegue un amplio operativo que terminó con la ocupación de más de 400 locales comerciales en distintas regiones del país, en medio de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando.
¿Qué pasó en el allanamiento a Lili Pink?
Las imágenes que comenzaron a circular muestran locales intervenidos, presencia de agentes y cierres simultáneos en diferentes ciudades. Detrás de estas escenas está una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, que destapó un complejo entramado empresarial que, según las autoridades, habría servido para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado contra los Delitos Fiscales dijo que "con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina, habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícitos y de contrabando al país. Habrían estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel".
De acuerdo con la información oficial, la red habría utilizado importadoras, comercializadoras y empresas de papel para ingresar mercancía al país y mezclarla con operaciones legales. Prendas de vestir, juguetes y cosméticos hacían parte del flujo comercial que, en apariencia, funcionaba con normalidad.
En total, fueron afectados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, en diligencias realizadas en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos. Todo esto bajo medidas de extinción de dominio, lo que implica que los bienes quedan bajo control del Estado mientras avanza el proceso judicial.
Las cifras que rodean el caso reflejan la magnitud del entramado. La Fiscalía documentó un presunto lavado de activos superior a los $730.000 millones, además de un posible enriquecimiento ilícito que superaría los $430.000 millones. A esto se suman decomisos de mercancía por más de $54.000 millones, realizados por la DIAN, y un contrabando estimado en más de $75.000 millones.
¿Cómo operaba la red en Lili Pink?
Según las autoridades, el esquema incluía maniobras para evadir controles aduaneros y financieros. Entre ellas, la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y la utilización de empresas fachada. Todo esto habría permitido dificultar la trazabilidad del dinero y facilitar su ingreso al sistema económico formal.
Las investigaciones también apuntan a que la red tenía un alcance transnacional, lo que amplía la complejidad del caso y su impacto en el mercado nacional.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional.
Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio.
Videos revelan el alcance del operativo
Los videos del allanamiento muestran la dimensión real de lo ocurrido. No se trató de una intervención aislada, sino de una acción coordinada en múltiples puntos del país. En varios de los registros se observa el cierre de establecimientos y la presencia de autoridades realizando los procedimientos de ocupación.
#Judicial | Así fue el allanamiento a Lili Pink. Según la Fiscalía, el operativo dejó 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad bajo extinción de dominio, en operativos realizados en todo el país. pic.twitter.com/Vya5pwjYI4
— Minuto60 (@minuto60com) April 28, 2026
Estas imágenes se han convertido en la evidencia más visible de un caso que deja al descubierto cómo estructuras ilegales pueden operar durante años bajo la apariencia de negocios legítimos.
Allanamiento a almacenes de Lili Pink en Colombia. Foto: Fiscalía
Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía ya cuenta con órdenes de captura en proceso de materialización contra los presuntos responsables. El siguiente paso será su judicialización, en medio de un caso que podría convertirse en uno de los más relevantes en la lucha contra el lavado de activos en Colombia.
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Por ahora, los locales y bienes afectados seguirán operando bajo administración estatal, mientras se define su situación jurídica. El caso abre nuevamente el debate sobre los controles al comercio exterior, la supervisión empresarial y la capacidad del Estado para detectar a tiempo este tipo de estructuras.
