La Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión provisional del general del Ejército Juan Miguel Huertas y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, en el marco de una investigación disciplinaria por presuntos vínculos con estructuras disidentes de las Farc y posible entrega de información reservada.

La decisión fue confirmada el 23 de diciembre, luego de la publicación de documentos atribuidos a alias “Calarcá”. Según el Ministerio Público, la medida tiene carácter preventivo y busca evitar la reiteración de las conductas investigadas, así como garantizar el adecuado desarrollo del proceso disciplinario, sin que ello implique un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad de los involucrados.

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El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de 'Calarcá' Redes sociales

Lo que investiga la Procuraduría

De acuerdo con la Sala Disciplinaria de Instrucción, la suspensión se adoptó para esclarecer posibles contactos de los investigados con grupos armados ilegales. La Procuraduría indaga, además, la supuesta entrega de códigos de frecuencias radiales de la Fuerza Pública y un eventual apoyo para la creación de empresas de seguridad privada.

Estas empresas, según las hipótesis de la investigación, habrían servido como fachada para legalizar armamento y preparar escenarios frente a una eventual terminación de los diálogos con el Gobierno. En esta etapa del proceso, el ente de control ordenó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de los hechos denunciados.

Suspensión provisional ratificada

La Procuraduría reiteró que la medida cautelar se mantiene con el fin de proteger la investigación y evitar interferencias en la recolección de pruebas. El Ministerio Público subrayó que la suspensión no constituye una sanción ni un juicio anticipado, sino una decisión preventiva mientras se avanza en el esclarecimiento de los hechos.

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Archivos de ‘Calarcá’

El caso tomó relevancia pública tras un informe periodístico de Noticias Caracol, que reveló documentos atribuidos a alias “Calarcá”, cabecilla de una estructura disidente. En dichos archivos aparece mencionado el general Juan Miguel Huertas, quien se desempeñaba como jefe del Comando de Personal del Ejército.

Huertas había sido retirado del servicio y posteriormente reintegrado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la investigación, un hombre cercano al cabecilla disidente habría asistido a reuniones en Bogotá con el oficial para explorar la creación de una empresa de seguridad.

En una audiencia ante la JEP, dos exmilitares revelaron cómo el general Huertas, en su rol de capitán, habría ordenado ejecuciones extrajudiciales. Redes sociales JEP

General Huertas y los señalamientos

De acuerdo con el material conocido, la presunta empresa de seguridad habría sido utilizada para legalizar armamento y facilitar la movilidad de integrantes de las disidencias en vehículos blindados. En algunas comunicaciones, los disidentes afirmaban que el general Huertas podría brindar apoyo debido a supuestos vínculos cercanos con el presidente de la República.

Estos señalamientos hacen parte del acervo probatorio que ahora evalúa la Procuraduría dentro del proceso disciplinario.

Caso Huertas también llega a la JEP

La situación del general Huertas no se limita a esta investigación. Tras conocerse los archivos de alias Calarcá, dos exoficiales del Ejército que reconocieron su participación en ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo señalaron de haber presuntamente facilitado falsos positivos en Antioquia cuando tenía el grado de capitán.

Por estos hechos, la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento, informó que el general será llamado nuevamente a rendir versión voluntaria ante ese tribunal.

¿Qué papel tendría Wilmar Mejía?

En cuanto a Wilmar Mejía, quien se desempeñaba como alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y es cercano al presidente Petro, la investigación busca establecer si habría actuado como enlace entre organizaciones criminales y miembros de la Fuerza Pública.

Mejía reaccionó con escepticismo ante su suspensión y sostuvo que se le investiga por supuestos hechos ocurridos en su calidad de ciudadano y no como servidor público. Además, cuestionó que se le acuse de filtrar información de inteligencia sin tener acceso directo a ella.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro insistió en que las acusaciones corresponden a una calumnia y pidió a Mejía adelantar acciones legales contra el medio de comunicación que divulgó la información. En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario respaldó al funcionario y sugirió acudir a la justicia penal y civil para defender su buen nombre.

Investigación sigue en curso

Mientras avanzan de manera paralela las actuaciones disciplinarias y las diligencias ante la JEP, la Procuraduría reiteró que la suspensión de Huertas y Mejía se mantiene como una medida preventiva. El Ministerio Público aseguró que continuará con la recolección de pruebas para determinar si existieron irregularidades disciplinarias.