Empresa estatal, utilizada para desviar recursos, fue declarada víctima en caso de corrupción
¿De victimaría a víctima?, las razones por las cuales una empresa estatal tendrá derecho a reclamar por los daños que causó un caso de corrupción.
El sonado escándalo de corrupción conocido como ‘las marionetas’ continúa dando de qué hablar. La más reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la empresa Proyecta Quindío será víctima en el proceso penal que se adelanta en contra de varios de los implicados.
La representante de la empresa estatal, perteneciente a la Gobernación de Quindío, solicitó al juzgado de conocimiento que se le reconociera como víctima bajo el argumento que hubo una “presunta utilización dolosa de la estructura de Proyecta para direccionar contratos (que) habría generado un daño institucional que afecta su legitimidad, objeto social y operatividad”
{{EMBED_1}}
Alegó que se presentó un daño reputacional, especialmente, “por la amplia exposición mediática del caso”, y generando un deterioro de la confianza pública hacia la entidad que aparentemente no tuvo más contratos en el país por cuenta del escándalo de corrupción.
Proyecta fue empleada como vehículo para la asignación, ejecución y redistribución de recursos públicos provenientes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Tribunal Superior de Bogotá
“Sostuvo que Proyecta, como empresa industrial y comercial del Estado, fue utilizada como instrumento dentro del entramado delictivo descrito en el escrito de acusación, lo que la coloca de manera clara dentro del concepto de víctima”, señaló el Tribunal de Bogotá frente a los argumentos de la abogada.
La corporación también advirtió que la víctima en sus alegatos rechazó categóricamente la afirmación de algunos de los abogados de los presuntos implicados, “según la cual la postulación constituiría una dilación o un intento de pasar de ‘victimario a víctima’. Señaló que incluso esperó la resolución de un recurso previo antes de presentar nuevamente su solicitud”, indicó e Tribunal.
#Judicial | Proyecta Quindío, empresa estatal que se usó para pagar sobornos en el caso de corrupción ‘las marionetas’, fue reconocida como víctima en el proceso penal que se adelanta contra varios de los implicados. pic.twitter.com/UziOs16ZPY
— Minuto60 (@minuto60com) December 30, 2025
La decisión del Tribunal de Bogotá
De acuerdo con la decisión, en el escrito de acusación se advierte que la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta “fue empleada como vehículo para la asignación, ejecución y redistribución de recursos públicos provenientes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en virtud del contrato interadministrativo No. 670 de 2021 y del contrato 501 del mismo año”
Además, explicó que el exgerente de Proyecta, Pablo César Herrera, “se habría concertado con servidores públicos y particulares, entre ellos Pierre Eugenio García Jacquier, Andrés José Ospina Rosales, Raúl Alfonso Cardozo Nuncira, Raúl Cardozo Ordóñez, entre otros, con el fin asegurar la adjudicación de contratos en el marco de dicho contrato”
Para el Tribunal, los vinculados “utilizaron la estructura administrativa de Proyecta para obtener beneficios de dichos contratos, celebrados por la entidad en los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca. Entonces, según la acusación, dicha entidad fue el instrumento operativo mediante el cual se materializaban los acuerdos ilícitos atribuidos a los acusados en este proceso”.
Se habrían concertado para apropiarse de recursos a través de la contratación estatal entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Proyecta, con la participación de servidores públicos y particulares.
Fiscalía General de la Nación.
El contrato que generó el escándalo
El caso conocido como ‘las marionetas’ ha salpicado al exgerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera, quien además ha entregado valiosa información a la Fiscalía; al fallecido cerebro del caso de corrupción, el senador Mario Castaño; el senador Ciro Ramírez, entre otros congresistas, servidores públicos, alcaldes y contratistas.
De acuerdo con la Fiscalía, este grupo de personas se habría concertado “para apropiarse de recursos a través de la contratación estatal entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Proyecta, con la participación de servidores públicos y particulares, quienes incurrieron en diferentes delitos como el interés indebido en la celebración de contratos”.
Advirtió la Fiscalía que de ese modo lograron la adjudicación irregular de por lo menos 28 contratos de obra y consultoría en diversos municipios, entre estos, el contrato interadministrativo 670 de 2021 por $ 49.460 millones, y múltiples contratos de obras en los municipios de Purificación, Mariquita, Melgar, Saldaña, Circasia, Ansermanuevo, La Unión, Guadalajara de Buga y otros municipios.
