Corte Suprema llama a juicio al senador Didier Lobo por irregularidades en contrato
La Corte Suprema llamó a juicio al senador Didier Lobo por presuntas irregularidades en un millonario contrato de alimentación.
La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al senador Didier Lobo Chinchilla por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en un contrato de suministro de alimentos durante su administración como alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar. El proceso está relacionado con recursos destinados a atender a menores de edad en riesgo de desnutrición, madres lactantes y mujeres gestantes.
La Sala Especial de Instrucción acusó formalmente al congresista de Cambio Radical por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por hechos relacionados con el contrato 0340 de 2012. Con la decisión, el expediente pasa a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de continuar el proceso y determinar la responsabilidad penal del senador.
¿Cuál es el contrato por el que Didier Lobo irá a juicio?
Los hechos investigados se remontan a 2012, cuando Didier Lobo se desempeñaba como alcalde de La Jagua de Ibirico. En ese momento, la administración municipal suscribió el contrato 0340 de 2012, cuyo propósito era suministrar paquetes de asistencia alimentaria a población vulnerable.
El contrato tenía un valor aproximado de $ 15.295 millones y contemplaba la entrega de alimentos a niños en condición de desnutrición, madres lactantes y mujeres gestantes. Sin embargo, la investigación de la Corte encontró presuntas irregularidades en la estructuración y ejecución del negocio.
Uno de los principales puntos bajo análisis son los sobrecostos en los productos alimenticios. De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, estos habrían generado un detrimento cercano a $ 1.492 millones, mientras que otro cálculo citado dentro de la investigación señala que al menos $1 .077 millones corresponderían específicamente a sobrecostos relacionados con los alimentos.
La Corte también habría cuestionado la manera como fueron elaborados los requisitos del proceso contractual. Entre los elementos señalados aparece la presunta inclusión de condiciones que habrían limitado la participación de otros posibles oferentes y favorecido a un determinado contratista.
Uno de esos requisitos habría sido la exigencia de contar con un nutricionista con más de diez años de experiencia, condición que fue considerada dentro de los elementos que ahora serán valorados durante la etapa de juzgamiento.
¿Qué encontró la Corte en el proceso de contratación?
La investigación apunta a que las presuntas irregularidades no se habrían limitado al precio de los alimentos. Uno de los aspectos centrales del expediente está relacionado con la estructuración de los pliegos de condiciones y la forma en que se habría adelantado el proceso para seleccionar al contratista.
Según lo conocido del expediente, la Corte cuestionó que los requisitos pudieran haber sido diseñados para favorecer a un proponente específico. A esto se sumaría la ausencia de estudios de mercado suficientes que permitieran establecer si los precios proyectados para los productos correspondían realmente a los valores existentes en ese momento.
Otro de los elementos analizados está relacionado con los llamados costos indirectos, concepto mediante el cual, según la investigación, se habrían incrementado los valores de los alimentos sin una justificación técnica suficiente. Ese componente habría representado una parte importante del presunto sobrecosto que hoy está bajo revisión judicial.
La gravedad del caso está relacionada además con el destino de los recursos. El contrato buscaba atender a una población especialmente vulnerable de La Jagua de Ibirico, por lo que las autoridades investigan si los recursos públicos terminaron siendo utilizados de manera irregular en perjuicio de los beneficiarios del programa.
No obstante, el hecho de que la Corte haya acusado al senador no significa que haya sido declarado culpable. El proceso entra ahora en una nueva etapa, en la que la Sala Especial de Primera Instancia deberá valorar las pruebas y escuchar los argumentos de la defensa antes de adoptar una decisión definitiva.
